El Poder Judicial reforzará los juzgados colapsados por el narco
▸Anuncia una nueva jueza en Barbate, donde se instruye la causa de los dos guardias civiles asesinados en febrero ▸Propone unificar los partidos judiciales del Campo de Gibraltar y crear otra sección de la Audiencia en Algeciras
Tras el fatídico episodio sucedido ahora hace dos meses en el puerto de Barbate, en Cádiz, en el que dos guardias civiles fueron asesinados tras ser arrollados por una narcolancha, han sido muchas las medidas que se han solicitado para poder hacer frente a la lacra del narcotráfico en todos sus frentes. Policiales, judiciales y sociales.
Ayer, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se trasladó a la capital gaditana para analizar, junto a los presidentes de las Audiencias de Cádiz y Huelva —las provincias andaluzas más golpeadas en la actualidad por el narcotráfico—, y los jueces decanos, la situación que tienen sus partidos judiciales.
El presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, que ya el pasado domingo a su llegada a esta provincia salió en defensa de los jueces de las localidades de Cádiz más azotadas por esta lacra elogiando su cualificación y reconociendo la sobrecarga de trabajo que soportan, por lo que reivindicó más medios, anunció ayer que el órgano que preside va a aprobar algunas medidas de refuerzo para dichos juzgados.
Una de ellas es la adscripción de la jueza sustituta María Eulalia Chanfreut, a los juzgados de Instancia e Instrucción número 1 y 2 de Barbate. La medida, según explicó, tiene como objetivo «reforzar la jurisdicción penal en esos órganos», donde se instruye la muerte de estos dos agentes, y «agilizar así el trámite de las macrocausas que en ellos se investigan, conforme al plan de actuación que establezca la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Cuenta ya con la autorización económica del Ministerio de Justicia y se acordará en el plazo de seis meses, renovables, desde la incorporación de la comisionada. Este refuerzo, propuesto por el TSJA en febrero, ha recibido el informe favorable del Servicio de Inspección del CGPJ, que ha elaborado un estudio sobre la carga de los partidos judiciales de Cádiz y Huelva, donde más está golpeando el narcotráfico.
Embudo judicial
Según los datos recabados por la Inspección, la carga de trabajo global —civil y penal— supera en todos estos partidos los indicadores establecidos por el CGPJ, con la única excepción puntual de Barbate en 2023, donde fue del 96,4%, mientras que la carga media global ha sido de un 139% en 2022 y de un 134,2% en 2023. Además, el rendimiento general de estos juzgados supera el indicador de dedicación en todos los partidos judiciales, siendo el rendimiento medio de un 174% en 2022 y de un 172,6% en 2023.
Por otra parte, la pendencia en todos los órganos es elevada, ya que en materia civil, la media es de 945,5 asuntos — superior a la nacional, que es de 765,4— , y en materia penal es de 774,4, duplicando la media nacional, de 374,2. Esto, ha señalado el CGPJ, «no es consecuencia de la falta de dedicación o escaso rendimiento, que vistas las cifras anteriores es elevado». También los tiempos de respuesta de los procedimientos penales son superiores a las medias de la Comunidad autónoma de Andalucía y nacional.
Para dar respuesta a estos problemas, propone unificar los partidos judiciales de Algeciras, La Línea de la Concepción y San Roque, crear un nuevo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Sanlúcar de Barrameda y Moguer, en Huelva, y adoptar medidas de refuerzo extraordinarias, como la aprobada ayer para los juzgados de Barbate, en los órganos judiciales de este partido y de los de La Línea de la Concepción, Sanlúcar de Barrameda, Ayamonte y Moguer, estas dos últimas, en la provincia de Huelva.
En cuanto a la situación de las secciones de la Audiencia Provincial a las que corresponde el enjuiciamiento de los delitos contra la salud pública y de blanqueo de capitales, la Inspección advierte de «la elevada carga de trabajo» que soporta la Sección Séptima, con sede en Algeciras, que fue del 133% en 2022 y del 120% en 2023, y añade que, pese al elevando rendimiento de sus magistrados (116% en 2022 y 100% en 2023), no se logra absorber la entrada de asuntos, acumulando pendencia e incrementando el tiempo de respuesta. Se propone por ello crear una nueva sección en la Audiencia Provincial de Cádiz, la número nueve, con sede en Algeciras y especializada en el orden penal.
Blanqueo
El informe hace hincapié además en que la complejidad de las causas por delitos de narcotráfico y de blanqueo de capitales se deriva tanto de las dificultades para su investigación como del elevado número de investigados y/o testigos. Las primeras se refieren esencialmente al contenido de las diligencias acordadas judicialmente y su control posterior, como intervenciones telefónicas, registros, incautación de efectos, medidas cautelares de carácter patrimonial o pruebas periciales contables. El elevado número de investigados es consecuencia de la presencia de organizaciones criminales con estructuras propias y la toma de declaración a estos ocupa un tiempo muy considerable en la práctica judicial diaria.
Para afrontar con celeridad estos procedimientos, concluye el Servicio de Inspección, «se precisa de medios personales y materiales superiores a los actuales, pero también sería necesario un aumento de la coordinación
Un informe constata que los niveles de carga de trabajo en Barbate, Sanlúcar y La Línea superan todos los indicadores establecidos
El CGPJ sostiene que la complejidad de estas macrocausas hacen necesarios más medios y una mejor coordinación
de los titulares de los juzgados con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como poner solución a algunas de las deficiencias detectadas, como la necesidad de desplazamiento físico a Cádiz para realizar pruebas preconstituidas con menores (por falta de sala Gesell en algunos partidos judiciales), problemas para la designación de abogados de oficio, demoras en la emisión de informes psicosociales y del Instituto de Medicina Legal o de informes periciales sobre embarcaciones neumáticas dedicadas al narcotráfico y retrasos en el volcado de teléfonos móviles».