Sánchez abre la veda para tomar la Justicia y sus socios le piden actuar
▸El presidente no dimite, agradece las muestras de apoyo y vuelve a denunciar una campaña contra su mujer ▸Yolanda Díaz apunta ya a una reforma para rebajar las mayorías en la elección de los vocales del CGPJ
Al quinto día, Pedro Sánchez no dimitió, no anunció una convocatoria electoral próxima y ni siquiera una moción de confianza, tres de los escenarios con los que se especulaba con fuerza hasta ayer por la mañana. El cuarto, el de que simplemente siguiera, sin más, estaba casi descartado por una mayoría de espectadores, incluidos los dirigentes del PSOE. Pero sucedió.
Después de jornadas de gran mutismo, el presidente del Gobierno acudió a ver al Rey en Zarzuela para poco después, en una comparecencia sin informadores –en su carta de la semana pasada dijo que iba a hablar «ante los medios» y tanto la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) como la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) criticaron ayer que no fuese así– en las escalinatas de La Moncloa, y en casi diez minutos de discurso escrito, confirmar que se mantiene donde estaba. «He decidido seguir, con más fuerza si cabe», zanjó, tras explicar que las movilizaciones del fin de semana, que agradeció «de corazón», habían «influido» en su decisión. Se refería a las 12.500 personas que, según su propia Delegación del Gobierno en Madrid, respaldaron el sábado en Ferraz la concentración organizada por el PSOE, con autobuses fletados desde toda España, a las cerca de 5.000 que se manifestaron el domingo en Madrid y al acto en el que los líderes sindicales y personas del mundo de la cultura como Luis García Montero o Miguel Ríos le pidieron que siguiera. Ninguna quedará como una movilización masiva.
«Esta decisión no supone un punto y seguido. Es un punto y aparte. Se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y libertades», explicó, abriendo así la veda, aunque sin dar mayores concreciones, para actuar sobre la Justicia, señalada por él mismo tras la admisión de la demanda del polémico sindicato Manos Limpias contra su mujer, Begoña Gómez, quien ayer de nuevo fue la protagonista de las palabras del presidente. «Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Llevamos diez años sufriéndola. Es grave, pero no es lo más relevante. Podemos con ella», afirmó. En línea con su carta de la semana pasada, extendió sospechas sobre el proceder de determinados jueces: «Si consentimos que los bulos deliberados dirijan el debate político, si obligamos a las víctimas de esas mentiras a tener que demostrar su inocencia en contra de la regla más elemental de nuestro Estado de derecho», afirmó al iniciar su discurso. En su misiva del pasado miércoles reprochó al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid su actuación al abrir diligencias sobre «unos hechos inexistentes».
Los socios del presidente no tardaron en recoger el guante de ese punto y aparte. El primero el de coalición, Sumar, cuya líder, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, compareció en el Ministerio de Trabajo, la cartera que ostenta, y le instó a «democratizar» el Poder Judicial. No dio más detalles, pero la propuesta de rebajar las mayorías para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva tiempo sobre la mesa y Podemos no ha dudado en volver a reclamarla. Los independentistas de ERC y Bildu, por su parte, le reclamaron «levantar la hipoteca del régimen del 78». Ayer, una asociación afín a Sumar, La Plaza Madrid, que está cobrando protagonismo, llamó incluso a concentrarse frente a la sede del CGPJ contra «el golpismo» de los jueces.
Aunque Díaz no aclaró a qué se refería exactamente con eso de «democratizar» la Justicia, ya el viernes Enrique
Pedro Sánchez «Esta decisión no supone un punto y seguido. Es un punto y aparte. Se lo garantizo» «Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Podemos con ella»
Santiago, diputado de Sumar, habló de la necesidad de cambiar el sistema de elección de los vocales del CGPJ para sortear el actual bloqueo, del que la izquierda culpa al PP tras haber cumplido los miembros del órgano más de cinco años con el mandato caducado. Populares y socialistas llevan tres meses reuniéndose con mediación de la Comisión Europea para alcanzar un acuerdo que permita nombrar a los nuevos integrantes de este órgano.
La actual ley exige una mayoría cualificada de tres quintos en el Congreso y en el Senado para elegir a doce vocales procedentes de la carrera judicial y a otros ocho que sean juristas de reconocido prestigio. Estos segundos requieren esos tres quintos porque así lo mandata la Constitución. Los otros doce inicialmente los elegían directamente los jueces –escenario al que quieren regresar el PP y Vox y que bendice Bruselas–, pero desde 1985 son también designados por las Cortes.
El PSOE y Unidas Podemos, la legislatura pasada, llegaron a registrar una reforma para que esos doce vocales fuesen nombrados por mayoría absoluta –la mitad más uno– y no por cualificada. Ese cambio entregaba de facto a la mayoría que sustenta al Gobierno la capacidad de nombrar a todos los vocales judiciales y fue detenido por la presión de la Comisión Europea, que reclama avanzar en la dirección contraria para dotar de mayor independencia al Poder Judicial.
Ahora, en un contexto donde el independentismo ha conseguido que, además de Podemos, el PSOE y Sumar abracen el concepto de ‘ lawfare’ –la supuesta guerra judicial contra adversarios políticos–, Díaz deslizó ayer esa necesidad de «democratizar» la Justicia. También abogó por «transformar» la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus adversarios como ‘ley mordaza’, en lo que será un segundo intento para derogarla tras el fracaso de la anterior legislatura. La exministra y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, fue más explícita y exigió recuperar la reforma para rebajar las mayorías necesarias para renovar el CGPJ «sin el PP». Díaz también pidió que termine la imagen de negociaciones con los populares. El muro 2.0.
La líder de Podemos, no conforme con eso, pidió la derogación completa de la ‘ley mordaza’ y una ley de medios para combatir «el dominio de la derecha mediática». En las redes se pronunciaron también Gabriel Rufián (ERC) y Mertxe Aizpurua (Bildu). Y es que el alivio inicial que causó en sus socios la no dimisión evolucionó hacia una ventana de oportunidad para legitimar sus reivindicaciones. Rufián le instó a hacer algo para que su gesto no se quede en «un acto de frivolidad». Más allá fue la dirigente aberzale, que aplaudió la decisión y reclamó que se ponga «pie en pared» ante la «derecha reaccionaria» con una agenda «democratizadora valiente» y medidas que «permitan levantar la hipoteca del régimen del 78», que, según ella, no les permite ejercer sus «derechos nacionales». «El momento es ahora», remató.