NI INDEPENDENCIA NI IMPUNIDAD

El plan de Mas ha fracasado, no por el coraje de los políticos, sino por la firmeza de la Justicia

ARTUR Mas se arrojó al abismo independentista en un intento desesperado de tapar la corrupción que empezaba a rebosar las cloacas de su partido, incapaces de seguir tragando. Lanzó al catalanismo a una carrera suicida contra la legalidad, la Constitución y el Estado de Derecho, pensando que envolverse en la bandera estrellada libraría a Convergència de responder por el saqueo sistemático de dinero público perpetrado desde el Gobierno de la Generalidad. Si la nueva república se hacía cargo de los tribunales, ¿quién le impediría imponer el borrón y cuenta nueva? Ese era el plan. Un plan que, afortunadamente, ha fallado, no por el coraje de los políticos, sino por la firmeza de la Justicia.

Artur Mas, Carles Puigdemont, los Pujol y el resto de esa «banda» del tres por ciento mintieron con descaro sobre el pasado y el futuro. Recurrieron a la más baja demagogia para enardecer a sus masas, achacando todos los problemas derivados de su pésima gestión a la pérfida «Madrit». Acusaron al resto de España de robar a Cataluña, cuando quien robaba a manos llenas era su gente; sus correligionarios comisionistas con sede central en el Palau de la Música. Dividieron a la sociedad, redoblaron la dosis de adoctrinamiento suministrado desde las escuelas y los medios de comunicación subsidiados, provocaron una fuga de empresas sin precedentes, jugaron a romper una nación secular agitando al monstruo del nacionalismo supremacista con el fin último de evitar que salieran al aire sus vergüenzas. Merecían fracasar, y fracasar es lo que han hecho, dejando en herencia, eso sí, un yermo de tierra abrasada que tardará en reverdecer.

La Audiencia de Barcelona ha dictado una sentencia demoledora. Le ha costado mucho más de lo aceptable pronunciarse, facilitando con ello la prescripción del delito por parte de quienes entregaron sobornos a cambio de obtener obras, pero al menos ha puesto el dedo en la llaga del chantaje mafioso mediante el cual estuvieron financiándose los convergentes durante décadas. Seis millones y medio de euros tendrá que devolver al erario la formación hoy disuelta, o mejor dicho rebautizada PDECat, llamada a seguir gobernando Cataluña. ¡Qué paradoja!

La táctica de ocultar toda esa podredumbre bajo un espeso manto de propaganda separatista ha dado los resultados políticos apetecidos, máxime porque las prisas absurdas del Gobierno y sus aliados en convocar elecciones han impedido que los ciudadanos votaran conociendo ese fallo. Tampoco se habían depurado las responsabilidades inherentes al golpe sedicioso perpetrado el uno de octubre. Los jueces no han tenido tiempo de llevar a cabo su trabajo, lo que dejó ayer al Parlamento renovado en una situación grotesca de votos delegados a terceros por presuntos golpistas presos. Y es que la prisa nunca es buena consejera, salvo para quien quiere quitarse un muerto de encima. Un muerto que, en este caso, se resiste a ser enterrado y provoca un conflicto abierto entre los poderes del Estado.

El legislativo autonómico persiste mayoritariamente en su voluntad de avanzar hacia la independencia y se siente respaldado en ese empeño ilegal por la voluntad del electorado. El ejecutivo nacional ostenta temporalmente el poder merced al artículo 155; una herramienta constitucional de último recurso prematuramente quemada, ya que Mariano Rajoy podría verse abocado a devolver el control de la Generalidad a un prófugo investido «president» a través del plasma. Y los jueces tienen en sus manos la decisión final sobre todo este despropósito, sabiéndose garantes últimos de una Ley sin la cual no hay democracia posible.

Cataluña no será independiente y Convergència no tendrá impunidad, pero a qué precio...