ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)
POR UNA EDUCACIÓN VERTEBRADORA
«Habrá que dar al Estado un peso y unas competencias en la Educación superiores a las actuales, sobre todo en materia de ordenación educativa y reforzando la Alta Inspección»
SE extiende en España, de forma creciente, la opinión de que el Estado debe tener más peso y competencias en Educación. Ha contribuido a esta exigencia la dolorosa percepción de que en algunas comunidades autónomas el sistema educativo ha fomentado en las nuevas generaciones, directa o indirectamente, el desapego, la desconfianza y la deslealtad hacia España y hacia los demás españoles. Y que existe una actitud discriminatoria hacia aquellos padres que desean que sus hijos reciban enseñanza en su lengua materna castellana.
También se ha verificado desde hace años una desvertebración educativa en España, con diferencias inadmisibles entre comunidades autónomas en lo referente a la calidad de la Educación y a las oportunidades que el sistema educativo debe ofrecer a los jóvenes. Así se ha puesto de manifiesto, una vez más, en la evaluación internacional PISA del año 2015, en cuyas pruebas de matemáticas, lectura y ciencias se registran diferencias entre comunidades autónomas de 66, 47 y 46 puntos, respectivamente, equivalentes a más de un curso escolar.
Por otra parte, la participación de las comunidades autónomas en la elaboración de los planes de estudio, y en los correspondientes libros de texto, ha dado lugar a tres efectos negativos:
1) En las comunidades gobernadas por el nacionalismo los libros de texto han contribuido a resaltar entre los alumnos las diferencias con otras partes de España, minimizando una Historia común de más de 2.000 años, desde la Hispania romana.
2) La necesidad de elaborar distintas versiones de los libros de texto para cada comunidad ha encarecido –de forma inaceptable en general y muy lesiva para las familias más desfavorecidas– el coste de los libros de texto.
3) La diversidad en los planes de estudio dentro de los mismos cursos –a pesar de las asignaturas troncales definidas en la Lomce– es hoy un obstáculo a la movilidad de los ciudadanos, una realidad en la España de hoy.
Nada refleja mejor el limitado papel que el Estado representa en la Educación que su participación del 5,1 por ciento en el gasto público educativo en España, frente a un 87,5 por ciento de las comunidades autónomas y un 7,4 por ciento de los Ayuntamientos.
Ha llegado el momento de iniciar el no fácil camino de revertir esta situación. Y es posible hacerlo en tres fases:
1) En los próximos Presupuestos Generales del Estado todos los partidos que los apoyasen deberían comprometerse a reforzar la inversión en educación mediante la creación de un Fondo de Cohesión Educativa con el fin de impulsar programas de calidad y equidad, que deberían ser acordados en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación. De esta forma, se avanzaría en la vertebración y homogeneidad de nuestro sistema educativo, que hoy sufre diferencias inaceptables entre dichas comunidades.
2) Casi todos los partidos y la mayoría de la opinión pública coinciden en la necesidad de un Pacto Educativo en España. Ese Pacto –además de promover la libertad, la equidad y la calidad en la Educación– no debiera, si se modifican las leyes educativas, dejar pasar la ocasión de dar al Estado un peso y unas competencias en la Educación superiores a las actuales, sobre todo en materia de ordenación educativa y reforzando la Alta Inspección. No gustará a los partidos nacionalistas, ni tal vez al populismo de extrema izquierda que les baila el agua, pero los partidos constitucionalistas deben escuchar ahora la voz de tantos españoles alarmados ante el desafío separatista y ante esas diferencias regionales en la calidad educativa, que a su vez dañan gravemente la equidad en las oportunidades de futuro de nuestros jóvenes.
3) Finalmente, si un día se aborda la reforma constitucional, habrá que replantearse la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas para garantizar la vertebración educativa de España en un marco europeo que se compadece mal de una concepción tan localista de la Educación como la que hoy soportan los españoles.