ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)
Crespo y el Bigotes acusarán mañana al PP de Valencia de financiación ilegal
Los líderes de la Gürtel reconocen por primera vez la acusación contra la trama de corrupción
«Todo lo que pasó». Eso es lo que quieren explicar, levantando las alfombras del pasado, los dirigentes de la trama Gürtel de corrupción Pablo Crespo y Álvaro Pérez, alias el «Bigotes». Ambos acusados, miembros de la red que dirigió Francisco Correa, avanzaron ayer que reconocerán las acusaciones que pesan contra ellos en el juicio oral por la financiación ilegal del Partido Popular de la Comunidad Valenciana.
Este paso adelante supone que, diez años después de que estallara el caso, los tres principales responsables de la Gürtel habrán admitido en una vista oral –el momento de la verdad– las actividades irregulares de la trama. La Gürtel formó una red de empresarios y políticos, corruptores y corruptos, que colonizó numerosas administraciones del PP en la era de la bonanza.
La cita será mañana, en la sede de la Audiencia Nacional en la localidad madrileña de San Fernando de Henares, ubicada entre las fábricas de un polígono industrial. El juez José Manuel Vázquez Honrubia aceptó ayer suspender la tercera sesión del juicio y retomarlo mañana, a petición de los letrados de Crespo y el Bigotes, que siempre se habían autoproclamado inocentes. Su objetivo ahora es que la Fiscalía Anticorrupción, que pide para ellos 22 y 27 años de prisión, respectivamente, suavice su petición de pena.
Ricardo Costa, acorralado
En esta pieza concreta, la confesión de Crespo y Pérez supondrá admitir que la Gürtel sufragó 3,4 millones de euros a través de facturas falsas por servicios prestados al PP de Valencia en las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007, y de las generales de 2008. Nueve empresarios contratistas de la administración pública ya han reconocido que ellos cargaron con 1,2 millones de euros de esos gastos, camuflados en servicios supuestamente prestados por la empresa Orange Market, de la Gürtel, unos trabajos que no existieron.
Si no hay marcha atrás, Crespo y Pérez se unirán al cabecilla de la trama, Correa, que el pasado martes aceptó los hechos, y atribuyó la iniciativa del método fraudulento al PP de Valencia. Apuntó al exsecretario general de la formación regional, Ricardo Costa, también acusado, que podría revolverse y señalar a otros altos cargos. Costa se enfrenta a siete años y nueve meses de prisión por delitos electorales, fiscales y falsedad continuada.
Tanto Correa como Crespo y el Bigotes se encuentran en prisión preventiva, condenados por amañar contratos de la Generalitat Valenciana para Fitur, a la espera de que el Tribunal Supremo confirme o revoque sus penas.
Los antiguos dirigentes de la Gürtel buscarán amortiguar el eco de su confesión y acotarla a esta pieza. El letrado de Crespo, Miguel Durán, lo explicó a los medios. «El reconocimiento que se haga el viernes no puede suponer el reconocimiento de forma oblicua o indirecta de lo que se acusa en otras piezas», señaló, con miedo a que este paso se interprete como una aceptación de todas las acusaciones contra la trama. La sentencia por la corrupción que la red generó en su primera época, en regiones como Madrid o Castilla y León se conocerá en 2018.
Con Crespo y el Bigotes, serían doce de diecinueve los acusados de este proceso que habrían reconocido los hechos. Los abogados de Crespo y el Bigotes tomaron esta decisión tras la con-
fesión de Correa, que provocó el decisivo giro. Para poder negociar las condiciones del deseado acuerdo con la fiscal, los letrados solicitaron el aplazamiento, aceptado por el magistrado. «¿Debo entender que su cliente va a aportar datos relevantes?», cuestionó
La declaración del Bigotes, el encargado de la filial de la red en Valencia y caracterizado por su verborrea, será decisiva para arrojar luz sobre lo sucedido en el seno del PP de Francisco Camps. Sus palabras pueden retumbar entre las paredes del partido que gobernó como un rodillo en la Comunidad Valenciana, entre 2003 y 2011. Hay mucha expectación.
En otra pieza, Anticorrupción ha apoyado que se aparte al juez Juan Pablo González del tribunal que enjuiciará las actividades de la trama en la visita del Papa a Valencia en 2006. La Fiscalía coincide con la acusación popular de Adade y considera que González –también miembro del tribunal del juicio a la caja B del PP– ha perdido «la apariencia de imparcialidad», porque el PP le aupó para ser vocal del CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces.