ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)
Luz verde al decreto para aprobar el nuevo reglamento del sector del taxi
Castilla-La Mancha era la única comunidad que carecía de un reglamento
Por fin, dirán algunos al conocer que Castilla-La Mancha dispondrá a partir de ahora con un reglamento del sector del taxi, ya que era además la única comunidad autónoma que carecía de uno. Todo ello, depués de que el Consejo de Gobierno de esta semana diera luz verde al decreto que aprueba esta normativa que regirá esta actividad en la región.
Ha costado lo suyo, ya que desde que el 15 de noviembre de 2016 el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha tomara en consideración el texto consensuado con el sector y una vez que el Consejo Consultivo diera su visto bueno, el lunes fue aprobado finalmente. Un decreto, cuyo contenido fue detallado pormenorizadamente ayer por el portavoz de la Junta de Comunidades, Nacho Hernando, quien se mostró «orgulloso» de que se haya aprobado con «un alto grado de consenso» por parte de todos los colectivos afectados, tanto de la Federación Regional del Taxi como de los ayuntamientos y las asociaciones de consumidores y usuarios. Algo, señaló, que se ha hecho a través del Consejo Regional de Transportes y el Consejo Regional de Municipios.
Novedades del decreto
«Era un decreto necesario, porque resulta que desde la pasada legislatura el Gobierno de Cospedal no fue capaz siquiera de iniciar el trámite administrativo, a pesar de las reiteradas peticiones por parte del sector y de los profesionales. Y más, teniendo en cuenta de que hasta ahora Castilla-La Mancha era la única comunidad autónoma que no disponía de un reglamento que garantizara una seguridad jurídica tanto para los taxistas como para los usuarios», manifestó Nacho Hernando.
Entre las novedades que incluye este decreto, el portavoz del Gobierno regional citó una larga lista de ventajas para el sector del taxi. Así, destacó que este reglamento no sólo da una mayor seguridad jurídica a los profesionales, sino también soluciones a la calidad del servicio «a la medida de CastillaLa Mancha, es decir, a la gran dispersión geográfica de la comunidad autónoma». Para ello, explicó, plantea áreas territoriales de prestación conjunta y una doble autorización, para transportes urbanos, que conceden los ayuntamientos, e interurbanos, que otorga la Administración regional.
También incorpora las modificaciones pertinentes a la ley original para incrementar el número de plazas a siete con carácter general y a 9 para casos excepcionales en aquellas zonas rurales que no disponen de una adecuada oferta de transporte público colectivo. Además, permite la recogida de viajeros en cualquier municipio, independientemente de donde radique la licencia, así como la recogida de víctimas de violencia de género y sus hijos. De igual modo, el reglamento regula el procedimiento para la adjudicación de las licencias, los requisitos para dedicarse a la actividad, las características de los vehículos y el régimen tarifario.
«Es un texto consensuado donde hemos incorporado muchas sugerencias recogidas durante un largo proceso para mejorar la prestación del servicio para todos los usuarios, pero
gracias al Cermi —Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad— sobre todo a las personas con algún tipo de discapacidad», concluyó Nacho Hernando.
Servicios sociales
Por otra parte, el Consejo de Gobierno, según dio a conocer el portavoz de la Junta, ha autorizado un gasto de 29,7 millones de euros para la suscripción de 98 convenios de colaboración entre la Consejería de Bienestar Social y las entidades locales para la puesta en marcha de prestaciones sociales de atención primaria en municipios de más de 3.500 habitantes.
Según Hernando, esta cuantía supone un incremento de 1,5 millones de euros respecto a 2017 y un 23 por ciento más que en 2014.
El portavoz del Gobierno regional indicó que se está desarrollando una forma de pago anticipado, de manera que la Junta adelantará el 19 por ciento a la firma del convenio y el resto, en nueve pagas.
Ese incremento del presupuesto va a permitir, además, la incorporación de 15 nuevos equipos técnicos de inclusión social en todas las provincias de la región, lo que va a suponer la contratación de 22 profesionales nuevos que, sumados a los del pasado año, hacen un total de 49 equipos y 81 profesionales.