LA GÜRTEL DE LOS SOCIALISTAS VALENCIANOS

LA financiación irregular de los partidos políticos no es un problema que se pueda achacar a unas u otras siglas para, de este modo, servir de arma arrojadiza en la pugna electoral, sino que ha de abordarse en profundidad y de forma conjunta por todas las instituciones del Estado, empezando por las propias formaciones bajo sospecha, para erradicar su existencia y depurar las responsabilidades pertinentes. Las diligencias abiertas en varios juzgados apuntan a una nueva trama corrupta por parte del PSPV-PSOE y los nacionalistas del Bloc, el partido mayoritario dentro de Compromís, para financiar sus campañas durante las elecciones municipales y autonómicas de 2007 mediante facturas falsas. En concreto, tal y como muestra la documentación publicada por ABC, socialistas y nacionalistas valencianos habrían camuflado como gastos electorales las donaciones o pagos realizados por diversas empresas adjudicatarias a través de la agencia de comunicación Crespo Gomar.

Esta sociedad, vinculada a personas de confianza del exalcalde de Gandía José Manuel Orengo, que actualmente es asesor del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, operaba de forma similar a la trama Gürtel, falseando facturas para que ciertas empresas costearan gastos que, en realidad, correspondían a ambos partidos. Además, dicha agencia también recibió contratos del Gobierno de Zapatero por más de un millón de euros para, entre otras cosas, publicitar las bondades de las desaladoras cuando Cristina Narbona, actual presidenta del PSOE, era ministra de Medio Ambiente. La gravedad de los presuntos delitos cometidos, desde prevaricación y falsedad documental hasta malversación de caudales públicos, exige que la Justicia actúe hasta las últimas consecuencias, pero también que la dirección del PSOE y de Compromís tomen cartas en el asunto para dirimir responsabilidades a nivel interno. No se pueden dar lecciones sobre corrupción ajena si no se limpia la propia.