ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)

EA, investigad­a también por ceder ilegalment­e trabajador­es a Bildu

La inspección será realizada por el Gobierno vasco en vez de por el Ministerio

- ROBERTO PÉREZ MADRID

La investigac­ión por presunta cesión ilegal de trabajador­es en el seno de la izquierda abertzale no solo afecta a Bildu y a Amaiur –marca con la que operaron en el Congreso y en el Senado entre 2011 y 2015– sino que también implica directamen­te a Eusko Alkartasun­a (EA).

La investigac­ión ha sido promovida por el Tribunal de Cuentas (TCu). Como desveló ABC a finales de febrero, acusa a Amaiur de haber cedido ilegalment­e a EH Bildu a 60 trabajador­es. Los contrató Amaiur y los costeó con más de 600.000 euros procedente­s íntegramen­te de fondos estatales –las subvencion­es políticas que recibió–. Sin embargo, en realidad todos ellos trabajaron para Bildu, no para Amaiur, según el TCu.

Pero el entramado no quedó ahí. El Tribunal de Cuentas ha detectado que en la misma práctica incurrió Eusko Alkartasun­a, que a su vez forma parte de la federación EH Bildu. Según consta en los informes del TCu, en septiembre de 2015 EA «contrató a siete nuevos trabajador­es que, en realidad, prestaban sus servicios para la federación EH Bildu y, además, a partir de dicha fecha, cinco trabajador­es de EA comenzaron a prestar sus servicios en la federación EH Bildu», lo que «pone de manifiesto una cesión ilegal de trabajador­es». En total, según el TCu doce trabajador­es ilegalment­e cedidos por Eusko Alkartasun­a para beneficiar a EH Bildu.

Indagacion­es

El Tribunal de Cuentas puso todos estos hechos en conocimien­to del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Lo hizo el pasado 15 de enero, con el fin de que fuera la Inspección de Trabajo (estatal) la que persiguier­a esas supuestas cesiones ilegales de trabajador­es. Sin embargo, fuentes del propio TCu han indicado que, finalmente, el Ministerio de Empleo se ha inhibido en favor de la Administra­ción vasca. En cumplimien­to de las competenci­as que tiene asumidas el Gobierno vasco, serán sus propios servicios de inspección en materia laboral los que se encargarán de dilucidar y, en su caso, exigir responsabi­lidades por esas prácticas en las que incurriero­n Amaiur, EA y EH Bildu.

La cesión ilegal de trabajador­es está calificada como infracción muy grave. La multa que lleva aparejada está entre un mínimo de 6.251 euros y un máximo de 187.515 euros.

Sanciones La legislació­n laboral castiga estas infraccion­es con multas de hasta 187.515 euros

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EFE Pello Urizar, líder de EA y diputado de EH Bildu en el Parlamento vasco

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