ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)
El accidente que dejó seis muertos en la mina de La Vasco espera aún juicio
Un escape de gas motivó el siniestro, el 28 de octubre 2013, por el que hay 16 encausados
Han pasado casi cuatro años y medio desde que el 28 de octubre de 2013 una «invasión masiva de metano» en un taller de explotación de la planta 7 del macizo del mismo número del Pozo Emilio del Valle, propiedad de la Hullera Vasco Leonesa (HVL), provocara la muerte de seis mineros y lesiones a varios de sus compañeros que estaban en ese momento en el tajo en el tajo de Llombera de Gordón. Un tiempo en el que las familias de las víctimas han pedido que se depuren responsabilidades sobre lo ocurrido y que han considerado como «agónico» a la espera de un juicio que ahora ya sí que parece estar más cerca.
Una vez cumplidos todos los trámites pertinentes previos, la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de León ha emitido en los últimos días el auto –fechado el 20 de marzo– por el que se decreta la apertura de juicio oral y por el que se exige, además, a los 16 acusados –entre los que se encuentran el presidente y consejero delegado de la Sociedad, el vicepresidente y consejero delegado o el director general de la empresa–; a la aseguradora
HDI Hannover International España (como responsable civil directo y solidario); y a la empresa Hullera Vasco Leonesa (como responsable civil subsidiaria y/o persona jurídica) el pago de una fianza de 3.420.000 euros. Deberán abonarla de forma conjunta y solidariamente, procediendo en caso de que esto no ocurra a embargárseles bienes de su propiedad hasta alcanzar esta cantidad, o a acreditarse en forma legal su insolvencia, abriéndose las correspondientes piezas.
Así, el proceso está ahora únicamente a la espera de que se fije una fecha para ser juzgado. Meses antes, en julio de 2017, la juez instaba al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares a presentar sus calificaciones. En este documento advertía también de que «la dirección de la empresa, la dirección facultativa, y todo el personal dependiente de la misma, responsable en materia de seguridad y prevención de riesgos, estaban obligados a facilitar a los trabajadores las medidas de seguridad que hubieran evitado el accidente».
«Condiciones muy peligrosas»
Sin embargo, prosigue el texto, no hicieron «nada para variar la forma de explotación, paralizar el tajo e impedir que nuevamente los trabajadores accedieran a diario a su puesto, pese a que se estaba trabajando en condiciones muy peligrosas, sin las adecuadas medidas de seguridad, poniendo en grave peligro la vida, salud e integridad
física de los trabajadores», incidió la juez.
A las calificaciones de las acusaciones particulares les siguió la del Ministerio
Peticiones del fiscal
El fiscal pidió que se desvinculara del procedimiento a uno de los investigados, Alberto Fernández Díez, y a los otros 15 les atribuyó delitos contra los derechos de los trabajadores, seis delitos de homicidio por imprudencia grave, un delito de lesiones por imprudencia grave (por las sufridas por Juan Manuel Menéndez Montero, afectado de una «grave enfermedad somática y psíquica») y siete delitos de lesiones por imprudencia grave, requiriendo para cada uno de ellos una pena de «tres años y seis meses de prisión».
El fiscal explicó que el accidente fue «previsible y evitable» y que tuvo su origen en «el incumplimiento por parte de los acusados de las normas de seguridad en la forma de explotación de ese taller, en el que los trabajos se estaban realizando en unas condiciones muy peligrosas y sin las adecuadas medidas de seguridad». Valoró también que lo que procedía era «paralizar el tajo e impedir que los trabajadores accedieran a diario a su puesto y, después, variar la forma de explotación», dados los «numerosos factores y avisos de riesgo que existían casi desde el inicio de la explotación».
Una vez recibido documento del Ministerio Público, se requirió a las defensas que presentaran los suyos para, de esa forma, poder cerrar el procedimiento, que queda ahora únicamente a la espera de fecha para ser juzgado.