Fondos y exenciones que Sánchez ya ha aprobado otras veces

La declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil –en la que se incluye la catástrofe– está sobre la mesa. El paso de Filomena, seguido por una ola de frío que llevará las zonas afectadas a temperaturas extremas, ha provocado la irrupción del debate.

La Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, desde luego, sí da pie a su declaración. En su artículo 2, define «catástrofe» como «una situación o acontecimiento que altera o interrumpe sustancialmente el funcionamiento de una comunidad o sociedad por ocasionar una gran cantidad de víctimas, daños e impactos materiales, cuya atención supera los medios disponibles de la propia comunidad». El escenario anterior de esa ley, la emergencia de protección civil, habla de una situación de «peligro inminente» que requiere una actuación para evitar la «catástrofe». La movilización de la Unidad Militar de Emergencias, la existencia de grandes cantidades de nieve congelada en el suelo y en los tejados, que muchos comercios permanezcan cerrados, los destrozos causados por la caída de árboles... son argumentos a favor de declarar Madrid zona catastrófica.

Sí, y no solo hay precedentes lejanos. El primer Gobierno de Pedro Sánchez ya declaró zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil. El primer ejemplo, en octubre del año 2018, se produjo por las inundaciones que azotaron el levante balear. El presidente del Gobierno anunció la declaración de zona catastrófica en su visita a Sant Llorenç, uno de los municipios más castigados. Recibieron igual trato Artá, Capdepera y Son Servera.

La declaración de zona catastrófica más reciente, múltiple, y todavía con Podemos fuera del Ejecutivo, se efectuó el 20 de septiembre de 2019 por los siniestros acumulados desde abril de ese año. Se beneficiaron de este estatus los incendios de junio en sierras de Madrid, Tarragona y Toledo; las inundaciones de Orense y Navarra en julio; los fuegos en Gran Canaria en agosto; y las zonas más afectadas por la DANA, entre agosto y septiembre del año 2019.

La declaración de zona catastrófica la solicita el ayuntamiento o la comunidad autónoma afectados en un plazo de quince días desde el inicio del siniestro. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, estudia pedirlo y, aunque el Gobierno abre la puerta, de momento contemporiza a la espera de conocer los daños. Después, los ministros de Hacienda, Interior y demás ramos implicados deberían elevar la propuesta al Consejo de Ministros para su declaración.

La declaración de zona catastrófica establece ayudas a distinto nivel, desde personales por daños en viviendas, hasta extinciones o suspensiones temporales de contratos por causas de fuerza mayor. Las empresas y los trabajadores por cuenta propia, previa justificación de los daños, podrán solicitar una moratoria de un año en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. También hay ayudas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, y exenciones de impuestos como el IBI o el IRPF.