ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)
Iglesias reabre con el precio de los alquileres un nuevo pulso con Sánchez
Podemos se niega a ofrecer ayudas fiscales a los propietarios que bajen la renta como propone el PSOE: «No logra el objetivo de limitar los precios»
nidas Podemos ( UP) mantiene la presión en el Gobierno para obligar a los socialistas a cumplir íntegro el acuerdo suscrito por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Quieren evitar que el PSOE les deje sin espacio ahora que los Presupuestos ya están aprobados. Iglesias plantea reabrir un nuevo pulso con Sánchez por la ley para limitar el precio de los alquileres. Un compromiso del PSOE con UP que sigue sin cumplirse porque –apuntan– los socialistas están poniendo «problemas».
Desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales explican que la mayoría de los enfrentamientos con el PSOE surgen de su «falta de voluntad» para cumplir con determinados puntos del pacto de coalición y otros compromisos. Lo que en Podemos consideran inconcebible: «Pacta sunt servanda».
Lejos de ser un choque aislado, la cuestión de los alquileres vuelve a desatar las hostilidades después de la tregua navideña. En la parte del PSOE en La Moncloa saben que seguirá siendo así. «Iglesias necesita su espacio», defienden los más conciliadores. Sin embargo, la paciencia de algunos ministros con el vicepresidente segundo, que nunca fue excesiva, se va agotando conforme replica la misma estrategia: aísla un conflicto, publicita su discrepancia, acusa públicamente al ministro de turno de no tener voluntad de cumplir lo pactado y con ello, o deja clara su postura contraria, como con el alza del Salario Mínimo, o se presenta como el artífice de la decisión.
UMantener los equilibrios
Muchos ministros socialistas anhelan que Sánchez tenga ahora «más autonomía» para no tener que conceder más victorias parciales a Iglesias. Pero también son conscientes de que la voluntad del presidente del Gobierno es «mantener» la estabilidad de la coalición. Igualmente saben que los equilibrios de la legislatura dependen de lo que suceda en las urnas catalanas.
En La Moncloa insisten en que la intención es que la coalición funcione y se mantenga en el tiempo. Y que eso pasa por que Podemos pueda también «tener sus logros». Pero a la vez no hay quien no comparta el análisis de que la legislatura entra en otra dimensión con las cuentas públicas aprobadas. Ambas partes asumen que es en lo económico donde seguirán los conflictos. «En el resto de asuntos las decisiones son del presidente y hay poco margen para sus planteamientos», se explica.
Algo que ratifican en Podemos: «Nos tragamos muchos sapos para poder dar estas batallas». En lo relativo a los alquileres, Iglesias ya amagó en octubre con no apoyar el acuerdo presupuestario y supeditó su apoyo a aprobar una ley para intervenir el mercado. Fue así como se lo arrancó al PSOE, necesitado del apoyo de los morados. Lo dejan claro en una declaración enviada el 27 de octubre a la prensa, con los sellos de PSOE y Podemos, donde se comprometen a que la regulación de los precios irá recogida en la ley de Vivienda en la que trabaja el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de José Luis Ábalos.
«La ley se llevará al Consejo de Ministros en un plazo máximo de tres meses y se presentará en el Congreso de los Diputados en un máximo de cuatro meses», aseguran. Y también señalan que el texto se elaborará con la «cooperación» de las comunidades autónomas y ayuntamientos, y con el «consenso» de los agentes sociales del sector y sindicatos. Los coproponentes de la norma serán el ministerio de Ábalos y la vicepresidencia de Iglesias. «Una de las claves es que el PSOE dijo
“sí” porque necesitaban aprobar el pacto», advierten en el entorno de Iglesias. Sin embargo, denuncian que casi tres meses después no hay avances. «Ponen peros», critican, y añaden que el PSOE propone aprobar ayudas fiscales –desgravar– a los propietarios que bajen los precios.
Una fórmula similar a la del Gobierno de Portugal. Pero que, según defienden fuentes de la Vicepresidencia Segunda, «no es eficaz y no logra el objetivo político de regular las rentas».
Contra la vía portuguesa
Para rechazar esta última propuesta del PSOE, la Vicepresidencia de Derechos Sociales esgrime en un análisis económico que el programa de Arrendamiento Accesible (PAA) de Portugal es un «fracaso». Resuelven que los beneficios ofrecidos «no resultan atractivos» para los propietarios y que la medida no limita el precio del alquiler, «sino que es una iniciativa de ca
rácter voluntario que tiene como objetivo promover la oferta de vivienda en alquiler por debajo de los valores».
Portugal ofrece ayudas fiscales a los propietarios que decidan alquilar a un precio reducido en un 20 por ciento del valor de referencia (una cantidad que se calcula en base a diferentes factores, como la ubicación, metros cuadrados o el precio de la zona). Podemos justifica que las asociaciones de propietarios e inquilinos rechazan el PAA porque «poco hace para cumplir con el objetivo de dinamizar los alquileres».
Y también aportan datos del Ministerio de Infraestructura y Vivienda luso para demostrar que «el programa es un fracaso»; citan que de junio de 2019 a junio de 2020, solo cubrió «al 2,3% de las personas que demandan un alquiler asequible».
Por otro lado, UP también da por hecho que la negociación de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), las mejoras del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la derogación de la reforma laboral del PP –todo compromisos por escrito– seguirán generando fricciones. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya protagonizó a finales de año un encontronazo en diferido con varios ministerios socialistas al asegurar que el SMI se iba a subir sí o sí cuanto antes. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, lo negó en rueda de prensa y aseguró que no es el plan del Gobierno para este primer semestre. Lo mismo transmite el PSOE sobre la derogación de la reforma laboral.
«Ocurrencias»
Al margen de lo firmado, en Podemos también insisten en que por estar en minoría no van a aceptar determinadas «ocurrencias del PSOE», en referencia a la reforma de las pensiones propuesta por el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, para elevar de 25 a 35 los años de cotización. Algo que, por un lado, consideran que quedará «en nada»; y que califican como una idea «incomprensible».
Desde un primer momento, Iglesias y su equipo trabajaron para blindar por escrito las políticas que consideraban prioritarias antes de formar un Gobierno con el PSOE estando en minoría. Un aval para mantener el foco.
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