Joan Baldoví

«Estos procesos de identidad hemos de tomarlos con prudencia. Hemos de ir poco a poco, dando pequeños pasos»

El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana del 15 de diciembre corregía un error sin aparente importancia: la subvención para librerías que una resolución anterior había concedido a doña Nuria Cadenes Alabèrnia y que ascendía a 17.171,40 euros, era en realidad para la empresa «Les dues llibreteres, SL». Un lapsus revelador. El nombre tras la razón social evocaba algunas cosas. Cadenes es una escritora catalana que estuvo en la cárcel por intervenir en un atentado frustrado de Terra Lliure en 1990 (aunque no formaba parte de la banda) y vive en la actualidad en Valencia, donde ha recibido varios premios literarios. Cadenes formó parte del PSAN, el Partit Socialista de Alliberament Nacional, un partido marxista e independentista que está en el origen intelectual del gobierno valenciano. De él se desgajó Josep Lluís Blasco, fundador de UPV, que luego dio lugar al Bloc, el partido nacionalista que integra Compromís. Blasco da nombre a la fundación que el Bloc creó en 2010 como laboratorio de ideas.

El Bloc es el núcleo nacionalista de Compromís, y disfrazados de verdes dirigen la política lingüística del gobierno de coalición de Ximo Puig. El consejero de Educación, Vicent Marzà, reclamaba en 2015 que «los catalanes del norte puedan ejercer su derecho a la soberanía». Para añadir: «Ya llegaremos nosotros», «la soberanía es del pueblo y tanto si es legal como si es ilegal se tiene que hacer».

Protegido por un nombre amable, Compromís, y un mensaje verde y social que aprovechó bien la crisis y la corrupción del PP, se desarrolla un proyecto nacionalista que en palabras de Mikel Arteta, doctor en filosofía política, «está ya construyendo la nación valenciana en un sentido catalanista» («Construcción Nacional en Valencia». Editorial Astrolabio, 2017). Es un proceso que tiene paralelismos con el Plan 2000 de Pujol y que pasa por controlar la educación, la administración, fomentar el sentimiento nacional en la juventud o revisar los mecanismos de acceso de los funcionarios.

La característica del caso valenciano es el sigilo. Se desarrolla pero no se proclama. Para empezar, no se habla de catalán, sino de valenciano o de «la nostra llengua» por no excitar el sentimiento regional. En realidad, ese obstáculo quedó salvado cuando Zaplana, por orden de Pujol tras pacto con Aznar, mandó crear la Asociación Valenciana de la Llengua, que con la excusa filológica de la unidad del idioma relegaba políticamente al valencianismo, dique tradicional a las pretensiones pancatalanistas. La cautela estratégica de Compromís está confesada en varias entrevistas. Lo hizo Mónica Oltra: «Sólo usamos el término países catalanes entre amigos»; lo explicó Joan Baldoví: «Estos procesos de identidad hemos de tomarlos con prudencia. Hemos de ir poco a poco, dando pequeñitos pasos».

Al formarse el gobierno, el reparto de carteras le dio a Compromís la Conselleria de Cultura y Educación. Allí están cumpliendo su programa: un nuevo marco normativo hacia la inmersión lingüística en la escuela y la administración. Un proyecto de ingeniería social que el PSOE ha puesto en sus manos.

La educación, base del plan

Los nacionalistas ya controlan la educación casi en su totalidad. La clave de la política lingüística y del adoctrinamiento está en las aulas. Antes de llegar, había un modelo de dos líneas, una en valenciano y otra en español, aunque ésta última ya era progresivamente valencianizada y gozaba de menor prestigio académico. El PP había intentado instaurar un modelo trilingüe, con el 33% para inglés, castellano y valenciano, que se frenó por la oposición nacionalista.

Con Compromís desaparece la convivencia de las dos líneas a elegir por las familias, y se opta por un modelo único de inmersión disfrazado de pluriligüismo. El primer decreto, de 2017, fue tumbado por la justicia porque ofrecía más nivel de inglés (acreditación) cuanta más inmersión en valenciano se aceptara, de manera que quienes estudiaban español quedaban discriminados.

Sin embargo, Marzà aplicó ese decreto por vía de urgencia en la educación infantil, no reglada, de 3 a 5 años. De este modo, los niños han estado recibiendo un 90% de valenciano y un 10% de inglés. Cero horas en español, como denunció Ciudadanos. Si el contexto social del niño es «castellano», las horas lectivas en dicho idioma pueden posponerse hasta primaria. La argumentación es diabólica: para no discriminar al niño castellanoparlante, se le somete a inmersión. El efecto, como denuncian en la asociación «Hablamos Español», es la suplantación de la lengua materna. Tras el revés judicial, el gobierno valenciano aprobó en 2018 la nueva ley de pluriligüismo. Esta ley, cuya implantación ha demorado la pandemia, empieza a aplicarse en secundaria en 2021 y plantea un camuflado sistema de imposición lingüística.

Grave discriminación

Para salvar las posibles objeciones del Tribunal Constitucional establece un mínimo de español del 25%, también de inglés, aunque el inglés, por circunstancias, puede reducirse al 10%. En cuanto al valenciano, «la Conselleria (…) promoverá que los centros sostenidos con fondos públicos (no se escapan los concertados) vehiculen el 50% del tiempo curricular» en esa lengua. Nada impide que acabe siendo el 65%. Ese es uno de los recovecos de la ley. Otro está en su Disposición Adicional 5ª: los grupos que lleguen de primaria no pueden nunca estudiar menos valenciano, sino más. Hay una inercia a llevar las horas de valenciano al límite. Y esta propensión a la inmersión, que en el decreto inicial se estimulaba con el «regalo» de mayores niveles de inglés, está en proyecto que se refuerce otorgando al final de los estudios el C1, el certificado de conocimiento de valenciano que se exige en la función pública. ¿Qué centro escolar rechazaría la posibilidad de ofrecer a sus alumnos un título que habilite para el empleo público?

Esto sería una grave discriminación para los niños de las zonas castellanoparlantes, que ya afrontan las dificultades que plantea la nueva ley.

En esas zonas los padres podían legalmente declarar a sus hijos exentos de la asignatura de valenciano. Pero la ley del plurilingüismo, que por motivo de rango no puede acabar con la exención anterior, impone sin embargo porcentajes de valenciano, de modo que en Requena, por ejemplo, puede darse el caso de que no estudien la asignatura de valenciano, pero deban aprender matemáticas en ese idioma. La ley, además, contiene «programas experimentales», una puerta abierta para sortear con más inmersión los mínimos previstos. En Orihuela ya ha habido importantes manifestaciones de protesta.

Tan importante como la ley es su aplicación. Para empezar, los porcentajes los elige el centro, con el visto bueno fi

Ya ha habido quejas de niños a los que se les ha bajado la nota o amonestado por hablar en español

nal de Conselleria, y en la educación pública domina el sindicato de profesores Stepv, proclive a Compromís y de cariz nacionalista. También eligen las asignaturas. De modo que en muchos colegios ese 25% de español no se está dando con asignaturas troncales, sino con la propia asignatura de lengua española y música, gimnasia o valores. En algunos casos, los profesores hacen valer una forma de insumisión y se niegan a cambiar de lengua.

La ley estimula estas situaciones al exigir la normalización lingüística del colegio. Cada centro debe aprobar un Proyecto Lingüístico con un Plan de Normalización donde se regule el uso del valenciano en las instalaciones y en las comunicaciones con los padres. «Hablamos Español» ha recogido quejas de niños que son amonestados, o a los que se baja la nota por hablar español. Incluso niños valencianoparlantes que hablan el valenciano popular no normativizado. También padres que reciben la información solo en valenciano y hasta el caso de algún profesor que ha sido reconvenido por hablar español en el claustro. Las quejas del Sindic de Greuges (el defensor del pueblo) no son tenidas en cuenta. Este sistema se corona con la figura del Asesor Lingüístico, una figura comisarial que asesora y supervisa los planes de normalización de los centros. Es una figura por designación, distinta a la inspección y ampliamente dotada de fondos.

El modelo llamado de plurilingüismo es una inmersión camuflada que los padres difícilmente pueden evitar. Incluso ha habido casos de niños con problemas de aprendizaje a los que el psicólogo prescribió una educación en su lengua materna y que no han podido escapar del modelo. «Hablamos Español» denuncia la existencia de una discriminación al español y a los niños que lo hablan, y una imposición lingüística que provocará la pérdida del registro culto en los estudiantes. Padres castellanoparlantes que eligen no identificarse relatan que sus hijos no saben decir «raíz», «tallo» o «célula» en español.

Universidad y administración

En la universidad, el control nacionalista era anterior. En sus estatutos está el objetivo de la normalización. El sindicato estudiantil más votado es BEA (Bloc d’Estudiants Agermanats), afín a Compromís, y en 2012 la universidad aprobó un Plan de Incremento de la docencia en valenciano. Los profesores contratados deberían tener el C1 (cuarto grado de cinco en dominio del valenciano). El siguiente objetivo fue pasar del 25 al 50% de las clases. Recientemente han aprobado que la mitad de ellas, como mínimo, se impartan en esa lengua. No se puede prosperar en la universidad sin el C1. El idioma es barrera de entrada.

El sistema educativo en su conjunto camina aceleradamente hacia la inmersión. Alrededor del idioma, de su enseñanza, certificación y exigencia se construye ya una estructura clientelar que se completa en la administración.

Los consejeros de Educación catalán y valenciano, Josep Bargalló y Vicent Marzà

Lo primero en ese ámbito fue aprobar un Decreto, 61/2017, que regulaba el uso del valenciano en las instituciones. Las comunicaciones internas y externas o la imagen corporativa se harán en esa lengua, «la propia de la administración de la Generalitat». «El personal de la administración (…) iniciará en valenciano la comunicación…». Parte del articulado fue anulado por el TSJ, que también recortó otro decreto que creaba la Oficina de Derechos Lingüísticos, lugar de denuncias y quejas solo para quien hable valenciano, «quedando desamparados los derechos de los castellanoparlantes». El Consell ha aprobado recientemente el Proyecto de Ley de la Función Pública, que pasa a considerar como requisito de acceso el valenciano. Hasta el momento, solo había que acreditarlo o hacer un curso una vez aprobada la oposición, ahora será un requisito para poder presentarse del que no estarán exentos los médicos. Otra barrera de entrada.

Esto se extiende a la administración local, que además recibe subvenciones para que los ayuntamientos abran oficinas lingüísticas. Se reparten hasta en municipios de Murcia, porque hasta allí se extienden los Países Catalanes, una idea subyacente en el decreto con la noción de «ámbito lingüístico propio», y en iniciativas como la declaración de Palma, el fomento del Institut Ramón Llull o el proyecto de conectar las televisiones públicas. La valencianización alcanza a la toponimia, que en manos de la AVL busca «descatellanizar»; a los rótulos de todo lo público, desde el autobús a la instrucciones del Covid, y a los símbolos. Alcaldes de Compromís han sugerido a las bandas de música que el himno de España deje de tocarse en fiestas y procesiones.

La Admimistración se orienta hacia la clientelización, la inmersión y la apertura progresiva a lo que Puig llama la «commonwealth mediterránea».

Entidades «cívicas»

Controladas educación y administración, el objetivo final es la indefensa sociedad. Por un lado, se interviene incentivando con dinero público a asociaciones, fallas, moros y cristianos, industrias y negocios para que usen y adopten el valenciano desde el merchandising a la rotulación. Solo por lo que respecta a la Dirección de Política Lingüística, en 2016 destinaron más de siete millones a ello. La estrategia presentada en 2020 supera los diez millones. Casi tres millones son para los medios de comunicación.

Pero el dinero llega principalmente a ciertas asociaciones catalanistas. Hay muchas, pero destacan Escola Valenciana y Acció Cultural del País Valencià (ACPV). De la primera fue directivo el conseller Marzà y funcionó como ariete contra la política lingüística del PP. Organizan los encuentros (trobades) a los que acuden cientos de miles de personas con el pretexto de la lengua, sin sospechar que son un foco de adoctrinamiento nacionalista. Escola, por ejemplo, se manifestó contra la sentencia del TS y en apoyo de los Jordis. Desde 2016 ha recibido más de un millón de euros de dinero público.

ACPV es una asociación financiada desde hace décadas por el pujolismo, del que habría recibido más de 30 millones de euros para despertar en Valencia «conciencia nacional». Colocaban repetidores para ver la TV3 y mantienen un tejido cultural pancatalanista con conciertos, premios y actividades. Desde 2016 ha recibido en Valencia más de 780.000 euros en subvenciones; además, la Generalitat le ayuda a pagar la cuota (más de 600.000 euros) del edificio que posee en el centro de Valencia, lugar donde se firmó el hermanamiento entre Òmnium Cultural, la Plataforma valenciana por el Derecho a Decidir y su homóloga balear.

Hay muchas más asociaciones subvencionadas, «entidades cívicas» destinadas a construir una imagen distorsionada y parcial de la sociedad valenciana, del modo en que ANC y Òmnium hicieron en Cataluña. Valencia no es así, el español es su lengua mayoritaria, y porque no es así la están «normalizando» con dinero público, la aquiescencia del PSOE y el silencio general.

El valenciano pasa a ser requisito indispensable para cualquier plaza, también de médico

Alcaldes de Compromís han sugerido a las bandas de música que el himno de España deje de tocarse en fiestas y procesiones

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