Ribera excluirá del bono social a las rentas más altas

El Gobierno va a llevar a cabo una reforma del denominado bono social de electricidad y gas para excluir del mismo a aquellos consumidores con rentas más altas, lo que podría apuntar a las familias numerosas, según anunció ayer la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en su comparecencia en la comisión correspondiente del Congreso que, «casualmente», coincidió con la subasta de renovables diseñada por el Ejecutivo.

El bono social es un descuento de al menos el 25% del precio de la luz y del gas sobre las tarifas reguladas al que pueden acogerse diversos colectivos, como consumidores vulnerables, pensionistas y familias numerosas, que cumplan unos determinados requisitos de renta y consumo energético.

La ministra afirmó que la intención de su departamento es «consolidar y ampliar» el bono eléctrico.

Ribera compareció en la comisión parlamentaria para explicar la espectacular subida de los precios de la luz en nuestro país durante la borrasca Filomena y la posterior ola de frío.

Pertenecer hoy día al prestigioso y privilegiado Ibex 35 es poco menos que una desgracia. Más que un mercado selectivo con el objetivo de maximizar valor para el accionista es una máquina de destruir ese valor. A excepción de Iberdrola el resto está para el arrastre. Parece que las grandes empresas buscan más llevarse bien con el gobierno de turno que otra cosa. Aunque me temo que con la que está cayendo, mucho por obra y gracia del impacto pandémico sí, no es una cuestión de empresas. Esto va mucho más allá. Va de modelo de Estado. Y el que tenemos es de derribo. Un desastre.

Pues... nos está quedando un país de saldos estupendo... sí, pero para los fondos buitre o inversores, y para mayor gloria... extranjeros, de esos deseosos de hacer caja y ofrecer rentabilidad para sus propios accionistas. Y no pasa nada. ¿O sí? El caso es que damos la bienvenida a Mister Marshall o a Mister X con una alegría nunca vista. Les vale cualquier sector que se les ponga a tiro, aunque curiosamente siempre estratégicos para la economía española. Estos días, la energía, por ejemplo. El Gobierno italiano controla Endesa; los fondos soberanos de Qatar y Noruega beben los vientos por Iberdrola. Cepsa directamente no es española (con norteamericanos y árabes al frente). Y ahora el fondo de los pensionistas australianos quiere controlar Naturgy. Pues apaga y vámonos.

El caso es que el anuncio de opa parcial por parte del fondo australiano IFM sobre el 22,689% del capital de Naturgy, a 23 euros por acción, era poco menos que esperado. Era cuestión de días, dicen los expertos financieros, porque hablado lo estaba ya hacía tiempo. De hecho, en los mercados no ha causado ni extrañeza ni sorpresa. Para la mayoría, el actual presidente de la energética, Francisco Reynés –desde febrero de 2018–, habría llegado precisamente con el firme objetivo, y prioritario, de intentar maximizar el valor para los accionistas existentes, algo que por cierto siempre depende de los bonus pactados de todo directivo recién desembarcado. Si es así o no, en este caso, yo no lo sé.

Pero hay más, si sale adelante la oferta de IFM a través de los minoritarios, los cuatro fondos que quedarían en la tarta accionarial (CriteriaCaixa, CVC, GIP e IFM) coparían el 88,36% del capital social de la compañía y la eléctrica dejaría de tener propiedad española pues CVC, GIP e IFM sumarían el 63% del capital. ¿Y la españolidad? Para otro momento si eso. Por ahí fuera nos tienen tomada la medida. Ahora bien, el Gobierno Sánchez tendrá que decidir, pronto a ser posible, si hace uso del poder de veto que implantó por los efectos del Covid. En cualquier caso, IFM lo ha recalcado y se ha apresurado a decir que la oferta está sujeta a la autorización previa por parte del Consejo de Ministros. Por lo que la CNMV no podrá autorizar la oferta hasta que IFM cuente con la autorización del Gobierno. El motivo, lo dicho sobre estas líneas, que el Ejecutivo blindó en marzo de hace casi un año a aquellas empresas consideradas como estratégicas frente a los inversores de fuera de la Unión Europea, ante la caída de la cotización de muchas compañías, una suerte de «acción de oro», según la cual deberá de dar su autorización en todas aquellas adquisiciones iguales o superiores al 10% del capital.

Para algunos la clave de su, digamos, salvación a la española, estará en la participación de La Caixa –que lleva tiempo deslizando que es un activo con el cartel de «se vende» (es el primer accionista de Naturgy con el 24,4% del capital)–, en si Fainé se empeñará en doblegar a los fondos, cosa que me temo difícil porque ahora lo crítico es sacar adelante la compra de Bankia, o en si el rumbo de la operación pudiera corregirse si el Gobierno encontrará un caballero blanco que blindara la compañía, que me temo tampoco llegará.

Lo dicho: ausencia total de estrategia para proteger no ya a los sectores estratégicos de nuestra economía, sino a un tejido industrial que en su conjunto yace en el cajón de saldos del mercado persa en que han convertido España tanto zascandil y cabezaburro (reitero, por los que pudieran sentirse ofendidos de nuevo, acudir al magnífico Diccionario de Samuel Johnson).