LA HERENCIA ENVENENADA DE ILLA

El caos del proceso de vacunación es absoluto, y un Gobierno socialista como el extremeño es el primero en romper aquel «plan nacional» que anunció Sánchez, y que sencillamente no existe

LA nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha tenido un estreno de su cargo con inmersión absoluta en los problemas de gestión de la pandemia. El legado de su antecesor, Salvador Illa, no iba ser fácil, ni podía darle un plazo de gracia. La gravedad de la situación es cada día mayor y la ministra Darias ya es la responsable política de lo que suceda. Y lo primero que le ha sucedido es que un gobierno autonómico socialista ha reventado el plan nacional de vacunación –si es que alguna vez existió– anunciado por Pedro Sánchez. El Ejecutivo extremeño, presidido por un «barón» de tanto peso como Guillermo Fernández Vara, ha eliminado de su protocolo de vacunación la exigencia de que los vacunados estén «en riesgo de exposición». Aunque el Gobierno de Extremadura ha anunciado que ningún alto cargo se acogerá a esta modificación de su protocolo, lo relevante no es eso, sino que demuestra que no existe un plan vertebrador para ejecutar la iniciativa más importante y decisiva contra el Covid-19. No ha sido Díaz Ayuso ni otro dirigente del Partido Popular el que ha cambiado las reglas a mitad de partido, sino uno del PSOE. Fernández Vara es responsable político de amortizar, con la supresión de media frase, el discurso triunfalista de Pedro Sánchez sobre la vacunación. No, no hay plan nacional de vacunación, ni 13.000 centros para vacunar, como prometió Sánchez.

No hay, siquiera, coherencia entre los propios socialistas, porque conviene no olvidar que la modificación del protocolo extremeño se produce en medio de un escándalo nacional por las vacunaciones privilegiadas de concejales, alcaldes, militares, algún obispo y hasta un fiscal jefe territorial. Será por enchufismo, desvergüenza, insolidaridad o, simplemente, indiferencia, pero todo esto sucede a pesar de que Pedro Sánchez garantizó a los españoles que había una planificación para que todo el país tuviera un proceso equitativo de vacunación. ¿Para qué sirve el Gobierno de una nación si no es para hacerse presente en estas circunstancias y tomar las riendas del país? Desde el 14 de marzo de 2020, el Gobierno de Sánchez ha mandado mucho, pero mal; ha ordenado mucho, pero sin gestión. La gestión, hoy, está en manos de las comunidades autónomas, cuyos gobiernos no responden ante todos los españoles, sino solo ante aquellos que viven en el ámbito autonómico. Y un político con responsabilidades limitadas a su terruño ni tiene, ni se le puede exigir, una respuesta nacional. Tal respuesta solo le compete al órgano que constitucionalmente tiene los recursos y las facultades necesarias para implantar aquello que se llamó «mando único». Pero Sánchez solo juega a confundir.

No acaba aquí el legado envenenado de Illa a la nueva ministra de Sanidad. Lo más grave que le podía pasar al proceso de vacunación ocurrió ayer: se interrumpió la administración de vacunas en Madrid y Cataluña porque solo hay dosis para administrar la segunda a quienes ya recibieron la primera. Se ha cumplido el temor que expresó el Gobierno madrileño de que la cadena de distribución sufriera problemas o interrupciones. Las causas estarán en la disputa entre Bruselas y las farmacéuticas, pero las promesas a los españoles se las hizo Sánchez. Le llovieron las críticas a Ayuso por anticiparse a esta crisis de abastecimiento y reservarse viales para garantizar el proceso de inmunización a quienes ya tuvieran administrada la primera dosis. Ahora se ve que el optimismo falsario de Sánchez, Illa y Simón tenía las patas cortas y que España se asoma a lo peor de la tercera ola con diecisiete planes contra el virus, sin reservas de vacunas y el sistema sanitario al borde del colapso.