ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)
Juristas piden a Europa acciones «urgentes» ante la reforma del CGPJ
A veinticuatro horas del Pleno del Congreso denuncian un «ataque» que «socava la independencia judicial»
A veinticuatro horas del Pleno del Congreso en el que, con toda probabilidad, se acordará continuar con la tramitación de la ley que limita las funciones del Poder Judicial, la Plataforma Cívica por la Independencia reclamó ayer a Europa que intervenga «con urgencia» ante los «ataques» a la justicia por parte del poder político. Se trata de la primera denuncia que un colectivo presenta ante las instituciones europeas después del acuerdo del CGPJ del pasado jueves, en el que se constató la falta de cumplimiento de las exigencias de la UE por parte de los grupos parlamentarios que enarbolan esta proposición de ley: PSOE y Podemos, quienes sustentan al Gobierno.
Los juristas que suscriben este texto consideran que en España se han alcanzado «niveles de degradación» similares a los de Polonia, país que ha sido objeto de serias advertencias por parte de las instituciones europeas. En este sentido, piden a la Comisión Europea que ponga en marcha sus «mecanismos de control» ante la existencia de una «manifiesta infracción», ya sea para emprender acciones judiciales (a través del procedimiento de infracción previsto contra los Estados miembros que no respetan el Derecho de la Unión), ya sea a través de la apertura de un procedimiento de diálogo con el Gobierno español, similar al seguido con Polonia desde 2016. Como informó ABC, la horquilla de actuaciones de las instituciones de la UE puede ir desde la inactividad hasta la suspensión de derechos del Estado miembro en cuestión.
La denuncia se produce en paralelo a la nueva advertencia que –todavía sin ningún procedimiento iniciado formalmente– la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, ha lanzado al Gobierno de España en forma de respuesta a una pregunta de la eurodiputada Maite Pagazaurtundua.
Tres de las cuatro asociaciones judiciales reclamaron ayer al Gobierno una reforma de la ley del Poder Judicial para que los jueces elijan a sus representantes en el CGPJ.
En un comunicado conjunto, la Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente recuerdan las advertencias de las instituciones europeas sobre la necesidad de
Además de recordar que la UE sigue de cerca las reformas que afectan a la carrera judicial, insiste en que la mitad de los vocales del CGPJ deberían ser elegidos directamente por los propios jueces. Las proposiciones que PP, Vox y Ciudadanos han presentado en el Congreso como enmiendas a la totalidad a la reforma que se debatirá hoy, van precisamente en ese sentido. despolitizar el Consejo y se comprometen a «agotar todas las vías que estén a nuestro alcance para lograr que esos cambios se materialicen, máxime en un momento en el que las reformas proyectadas por el Gobierno, en lugar de avanzar en el sentido marcado por la Unión Europea, van en dirección contraria, socavando los cimientos del Estado de derecho».
La Plataforma, integrada por jueces, abogados y juristas –y artífice del «Manifiesto por la despolitización e independencia judicial» que fue respaldado en 2010 por más de 1.400 jueces españoles–, avisa de que la justicia española está en peligro. «Durante este año 2021 la clase política ha emprendido un asalto mediante una serie de reformas legislativas de carácter estructural encaminadas a socavar la independencia judicial. Aprovechando la crisis sanitaria derivada de la epidemia de coronavirus, se han debatido en el Parlamento iniciativas tendentes a limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano máximo de gobierno de la judicatura, así como a reducir la mayoría necesaria para la elección de sus miembros», señala la denuncia.
Situación de parálisis
«La reforma impedirá el nombramiento de altas instancias judiciales por el CGPJ, entre ellas las vacantes de los magistrados del Tribunal Supremo, cuando se encuentre en funciones por mandato prorrogado (mientras no se obtenga mayoría cualificada de tres quintos en el Parlamento para la renovación de los 20 vocales). Supone la parálisis de un órgano constitucional y que las vacantes judiciales de las altas instancias queden sin cubrir», avisa.
La plataforma también explica que la justificación que se da para esta merma de atribuciones es que el Parlamento y el Ejecutivo en funciones también ven limitada su capacidad de decisión hasta que son renovados, pero para los juristas hay una diferencia: «Mientras que el Poder Ejecutivo y Legislativo solo se legitiman si representan a las nuevas mayorías salidas de las urnas, el Poder Judicial se legitima por el sometimiento al imperio de la ley al resolver el caso. La equiparación es desacertada y una mera excusa para asegurarse cada nuevo Gobierno resultante de las urnas que elegirá a los jueces del Tribunal Supremo y de otros altos tribunales», dicen.
Además, recuerdan que España «es el único país de la Unión Europea donde todos y cada uno de los componentes del máximo órgano de gobierno del Poder Judicial son elegidos por el Parlamento» y que los nombramientos de altos cargos judiciales, aunque en teoría obedezcan al mérito y capacidad, en la práctica carecen de garantías suficientes para asegurar que no incurren en discriminación por motivos ideológicos o simple favoritismo».
Medidas concretas Reclaman a la Comisión Europea que actúe vía judicial o a través de un proceso de diálogo formal
Separación de poderes
Esta «ofensiva» se acomete, dicen, inspirada por «una ideología poco compatible con la separación de poderes, al entender que los jueces deben ser sensibles a la influencia política al emanar la Justicia del Pueblo». A su juicio se trata de una concepción que «nos retrotrae a formas arcaicas de organización social, más propias de la Edad Media que de una democracia avanzada». Los juristas aluden también a las «puertas giratorias» como un agujero en el sistema.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no abrirá causa contra el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por el llamado caso Dina, en el que se investiga la filtración de la tarjeta del móvil de su antigua asesora Dina Bousselham, un dispositivo cuyo robo ella había denunciado.
En un auto notificado ayer, los magistrados acordaron la devolución de las actuaciones al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel GarcíaCastellón, para que agote la investigación y con todas las cartas sobre la mesa, decida si vuelve a elevar una exposición razonada contra el aforado.
En la que ha estudiado la Sala, registrada el pasado octubre, el instructor apuntaba a Iglesias por delitos de descubrimiento y revelación de secretos –accedió a la tarjeta del móvil y la retuvo en su poder–, daños informáticos –se la pudo devolver averiada– y denuncia falsa o simulación de delito por relacionar el caso con las cloacas a sabiendas de que no era cierto.
Sin embargo, el Supremo considera que faltan diligencias por practicar para llegar a esas conclusiones. La primera es la declaración de la propia
Dina Bousselham, quien tiene en sus manos el destino de Iglesias, pues de ella dependerá que el delito de descubrimiento y revelación de secretos prospere: el Código Penal exige la denuncia de la persona agraviada para poder proceder contra el denunciado.
En ese sentido, el auto de la Sala Segunda, del que ha sido ponente Andrés Palomo, señala que «el cumplimiento de tal requisito en modo alguno ha sido determinado con la precisión o claridad exigida».
Con o sin consentimiento
Para el tribunal es «inexcusable» oír a la exasesora de Iglesias acerca de si «efectivamente denuncia» que Iglesias accedió a esa tarjeta en enero de 2016 y luego se la guardó durante meses sin decirle nada y a sabiendas de que se la habían robado. Debe aclarar si le dio su permiso para hacerlo o si, por el contrario, «manifiesta ahora que consiente, tolera y acepta» que lo hiciera.
En cuanto al delito de daños informáticos, en relación a los sufridos en la tarjeta del móvil, la Sala también cree necesario que Bousselham sea oída por el juez García-Castellón, habida cuenta de que se ha contradicho varias veces durante la instrucción. Debe aclarar en qué estado recuperó el dispositivo, lo cual le da también la posibilidad de eximir de responsabilidad al que fuera su jefe. No obstante, el Supremo ve necesario ampliar la pericial informática sobre la tarjeta en sí para precisar las causas que impiden acceder a la información y si es posible recuperar todos estos datos.
Por último, respecto a la supuesta denuncia falsa, la Sala afea a GarcíaCastellón que parta del hecho de que Bousselham mintió al ser consciente de que las capturas de pantalla publicadas por un medio digital eran las que ella había enviado a otras personas « y que el aforado lo sabía » . «Se abandonan diversas líneas de investigación para abogar como realidad acaecida una concreta alternativa sin mayor plausibilidad», dice. Es el único de los tres delitos para los que la Sala cierra la puerta sin remitirlo a otro juzgado porque no se cumple el requisito de que exista un pronunciamiento judicial sobre el supuesto hecho denunciado en falso. Esta parte de la exosición razonada afectaba a la diputada Gloria Elizo, del equipo legal de Iglesias, y a dos de sus letrados. El Supremo archiva el caso para ella y obvia al resto, también a Bousselham y su marido, porque no son aforados.
Archivo directo
La Sala recuerda que para proceder por denuncia falsa se exige una resolución previa que así lo acredite