La expansión global del coronavirus

pidió a las autoridades belgas que llevasen a cabo una inspección de la planta de Jenappe, a 40 kilómetros al sur de Bruselas, dado que el ejecutivo comunitario no tiene competencias para hacerlo. Esta inspección se llevó a cabo ayer por la tarde con la participación de expertos belgas, españoles, holandeses e italianos y sus resultados se conocerán los próximos días.

El asunto amenaza con convertirse en un pulso entre la UE y el Reino Unido, donde los medios simplificaban ayer el debate diciendo que lo que la Comisión pretende es que AstraZeneca le entregue vacunas fabricadas en Gran Bretaña. «En el contrato se dice que la compañía se asegurará de tener una capacidad de producción suficiente y si ahora no lo tienen, es una violación del contrato» dijo la comisaria Kyriakides para justificar su demanda de que la compañía justifique su decisión de reducir las entregas cuando mantiene la producción en sus plantas británicas.

«Mala suerte»

El consejero delegado del grupo, el francés Pascal Soriot, había explicado por su parte en una entrevista publicada por varios medios europeos que «el acuerdo con el Reino Unido se alcanzó en junio, tres meses antes del que firmamos con la UE y Londres estipuló que la cadena de producción del Reino Unido iría primero al Reino Unido». Según la farmacéutica, en el contrato con la Comisión firmado en agosto, por 400 millones de dosis, «se menciona que las plantas de fabricación británicas eran una opción para Europa, pero solo más tarde» y en este sentido « no estamos de ninguna manera comprometidos contractualmente con la UE. Dijimos: haremos nuestro mejor esfuerzo, pero sin ninguna garantía de éxito». Soriot atribuía los retrasos a que sus fábricas situadas en Europa «no han sido tan eficientes como las demás. Es realmente mala suerte. No hay nada misterioso». Para la Comisión «esto no es correcto».

Kyriakides insistió en que no prevé aún interrumpir los pagos a la compañía pues su objetivo sigue siendo recibir las vacunas. «No queremos discutir, queremos tener las vacunas, lo que nos interesa es llegar a una solución». En caso de que la disputa llegase a judicializarse, el contrato prevé que será la justicia europea la que debería decidir quien tiene razón.