Quince asociaciones de creadores y entidades de Colombia, Argentina y México muestran al ministro su preocupación ante «la expropiación»

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, recibió ayer en su despacho una lluvia de peticiones en las que escritores y periodistas le piden amparo frente a los planes de Google de no pagar una compensación por el uso digital ilimitado de los textos y fotografías publicados en prensa. El manifiesto enviado por la Asociación Colegial de Escritores (ACE) recuerda al Ministerio que, según la Directiva Europea de Mercado Único Digital, deben protegerse esos usos que se efectúan sin permiso de sus autores. Como reconocían a ABC fuentes del Ministerio de Cultura, se está valorando la posibilidad de que la ley obligue a que sea cada medio y cada autor por separado quienes tengan que negociar con Google. Por ello, los autores temen una situación opaca, cuando la negociación de los derechos de autor debe ser «pública y transparente». Piden al ministro que debería representar sus intereses y los del sector, que la gestión de esos derechos sea, además, colectiva para que pueda negociarse anónimamente y sobre el conjunto, puesto que el tamaño del gigante informático y su determinación a no pagar por los contenidos que enlaza dejarán desamparados a los autores, no solo a los editores.

Sin autores no hay nada

Según comentaba Manuel Rico, presidente de ACE, «parece que el ministro ha declarado que se va a ver con todos». No le parece suficiente: «Le reprochamos que nos ha tratado como al último mono cuando están negociando con nuestros derechos. Los autores, periodistas, fotógrafos e ilustradores no han sido invitados a esa negociación para buscar soluciones y reflexionar». ACE trabaja con otras 14 asociaciones, las firmantes del manifiesto, pero Rico afirma que espera que pronto se movilicen también contra este atropello las asociaciones de la prensa asociadas a la FAPE y las entidades de los artistas gráficos como VEGAP. Y concluye: «Sin autores no hay cultura, ni prensa, ni nada, somos el eslabón mas débil y el ministro debería proteger nuestros derechos».

Sobre la posición de Google y su presión en contra de la protección del derecho de autor que trata de establecer la Directiva, en ACE recuerdan que «desde hace años trabajamos con el Consejo Europeo de Escritores en el asunto». ¿Por qué? «Porque los acuerdos que promueve Google son opacos y no participan los autores. A ningún periodista le es posible negociar la tramitación de cualquier pago con un monstruo como Google, para que le paguen los derechos que le corresponden » . Entre las exigencias, destaca «una autorización para que perciban una parte de los ingresos de los editores. Y transparencia en las tarifas. Para que sea posible tiene que haber una gestión colectiva obligatoria » . Manuel Rico recuerda que «los autores nos hemos beneficiado de un fondo Covid gracias a que la entidad que gestiona sus derechos de autor, Cedro, pudo poner a nuestra disposición, gracias a la gestión colectiva que efectúa. Si no, sería imposible», añade.

También señala que «hay medios que están financiados por Google y defienden sus intereses. Financian esas publicaciones y al mismo tiempo pre

En América «Preocupa la

indudable influencia de las normas españolas

en los países latinoamericanos»

Los escritores y periodistas de las asociaciones que han hecho llegar el manifiesto al ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, piden amparo frente a los planes de Google. Pocas veces un ministro socialista del ramo ha tenido la oportunidad que tiene el actual para demostrar su protección a los creadores a los que representa frente a un poder casi omnímodo. Vistas las amenazas que Google ha lanzado en Australia (bien respondidas por su Gobierno), vista la presión inaudita que sufrieron los parlamentarios europeos cuando se aprobaba la Directiva, sería ingenuo pensar que el trabajo de lobby del gigante tecnológico se limitará al ministro de Cultura español. Si Uribes tiene más interlocución con los emisarios de Google que con los editores que representan a la práctica to

sionan con mucha fuerza, amenazando con retirar servicios, como en Australia, que en el fondo es de donde sacan su facturación». Pero, subraya, «en Australia ha puesto pie en pared el Gobierno. Esperamos que en Europa se fije también esa posición».

Mensajes de América

Pero Uribes recibió ayer también varios mensajes de entidades iberoamericanas, de Colombia y Argentina, países que siguen atentamente la transposición de la Directiva. México también enviará su propia misiva, según ha confirmado ABC. Desde Colombia, el Centro Colombiano de Derechos Reprográficos afirma que «contempla con enorme atención e interés el proceso de transposición de la Directiva 2019/790 al ordenamiento español por la indudable influencia que las normas españolas sobre esta materia tienen en los países l a t i n o a me r i c a - nos».

Sobre todo, porque la norma « reconoce a los autores de las obras incorporadas a esas publicaciones de prensa una parte adecuada de los ingresos que los editores perciban por este concepto » . Google ha creado una empresa para llegar a acuerdos con editores y remunerar a las empresas por conceptos distintos del derecho de autor, por lo cual los creadores y periodistas nunca recibirán una parte que merecen y la ley debe proteger, según se afirma en la Directiva.

Para los colombianos, como sus colegas españoles, «la gestión colectiva obligatoria» y la «irrenunciabilidad» de ese derecho «son los instrumentos legales que permiten alcanzar dicha transparencia» en las recaudaciones y repartos. Advierten al ministro que, si no se tienen en cuenta estos conceptos, «se estará expropiando al más débil, al autor».

Desde Argentina, igualmente, el presidente de la entidad Cadra alerta al ministro Uribes: «Que ese nuevo derecho sea una realidad para autores y editores exige la transparencia en su gestión, esto es, que las tarifas, las recaudaciones y los repartos sean públicos y transparentes y queden fuera del alcance de las presiones de las grandes empresas tecnológicas que usan los contenidos para sus negocios en la red».

Desde los sindicatos también se han movilizado y se toman muy en serio que la transposición de la citada Directiva sea una oportunidad para que «la legislación española garantice los derechos morales de los periodistas como autores individuales», afirma desde CC.OO. la secretaria de Institucional y vicepresidenta de la Federación Europea de Periodistas, Marta Barcenilla,