La inmensa mayoría del CGPJ aprueba siete nombramientos más

Con 18 votos a favor, incluidos seis vocales progresistas; y tres en blanco, plantan cara al plan de PSOE y UP

Tras el nuevo desplante de la Mesa del Congreso al Consejo General del Poder Judicial –al ignorar el escrito en el que se le pedía reconsiderar la decisión de no escucharle–, el órgano de gobierno de los jueces aprobó ayer otros siete nombramientos por una abrumadora mayoría de 18 votos de los 21 posibles. Vocales de perfil conservador y progresista mandaron con este gesto un mensaje claro al Ejecutivo y al Legislativo: el Consejo está legitimado para continuar con una de sus funciones constitucionales con la que la proposición de ley de PSOE y Podemos quiere acabar, la de cubrir las vacantes judiciales al margen de la contienda política.

Los nombramientos se hicieron apenas cuatro horas antes de que el Pleno del Congreso respaldara seguir adelante con la tramitación de esta iniciativa y de que rechazara tres enmiendas a la totalidad que compartían la necesidad de que los doce vocales de procedencia judicial sean elegidos por los propios jueces, sin intervención parlamentaria.

Los siete nombramientos (las presidencias de seis audiencias provinciales y la de la Sala de lo Social del TSJ de Baleares) contaron con el aval de dos vocales de procedencia judicial. Paradójicamente los mismos –Rafael Mozo y Clara Martínez de Careaga– que, junto con otros tres juristas, no apoyaron el acuerdo que salió del Pleno el pasado jueves. Esos juristas eran el exdiputado socialista Álvaro Cuesta, la abogada propuesta por el PSOE Pilar Sepúlveda y la secretaria judicial próxima a IU Concepción Sáez.

En aquel texto, avalado por 16 miembros del Consejo, se pedía al Congreso que reconsiderara su decisión de continuar con la tramitación de la proposición de ley sin escuchar a los jueces y se alertaba de que se estaba atentando contra la separación de poderes. De este riesgo también ha advertido en varias ocasiones la Unión Europea que, tras la denuncia presentada por la Plataforma Cívica por la Independencia, de la que ayer informó ABC, deberá decidir si abre un procedimiento para entablar ya un proceso de diálogo formal con el Gobierno de España.

Precisamente ayer, la asociación judicial Francisco de Vitoria emitió un comunicado en el que calificó la propuesta debatida ayer en el Congreso como «un verdadero fraude de ley» al tratarse de una «maniobra» –la de no tramitarla como proyecto de ley– para «eludir» el informe contrario del Consejo General del Poder Judicial. A la vez, esta asociación, la segunda en número de afiliados, recuerda que presentó hace tres meses un recurso en el TC para que actúe ante la «descarada y continua politización» del Consejo.

Seguirán nombrando

En el órgano de gobierno de los jueces están convencidos de que están cumpliendo con sus funciones y que las vacantes en los tribunales de justicia no pueden quedar al albur de negociaciones políticas por el perjuicio que supone para las legítimas expectativas de candidatos, pero también para el ciudadano. De hecho, piensan continuar con nombramientos en los plenos que se celebren hasta que sea aprobada la ley que ahora se tramita.