La Generalitat abre la cárcel a los presos para la campaña

El Govern desafía otra vez al Supremo y de nuevo les concede la semilibertad

La Consejería de Justicia de la Generalitat tenía hasta el 14 de marzo para pronunciarse sobre el aval –que se daba por descontado– al tercer grado que el pasado 14 de enero las cárceles catalanas propusieron para los líderes independentistas. La secretaría de Medidas Penales de este departamento, sin embargo, no ha apurado los plazos y ya ayer anunció que ocho de los nueve líderes presos saldrán hoy mismo en «semilibertad». Fueron también dos semanas las que la Generalitat había tardado en julio en resolver la primera «semilibertad» que concedió a los líderes del referéndum ilegal, que el Tribunal Supremo acabaría revocando. Ahora, esa premura les permitirá participar en la campaña recién iniciada para las elecciones autonómicas del 14 de febrero. La Fiscalía ha anunciado que recurrirá, como ya hizo la primera vez, para tratar de que los terceros grados queden en suspenso hasta que el Supremo se pronuncie.

Apenas dos meses después de que el Supremo tumbase el primer intento, la Generalitat vuelve a conceder la «semilibertad» a los líderes del «procés». El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Joaquim Forn, además de los «Jordis», saldrán hoy de prisión para solo tener que volver a la cárcel por la noche a dormir de lunes a jueves, pernoctando en casa los fines de semana. La expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, sin embargo, aunque también tiene el visto bueno de la cárcel, tendrá que esperar unos días. La Generalitat todavía no ha resuelto su situación y, además, permanece confinada en su celda por un brote de Covid en la prisión.

Fueron dos los argumentos con los que el Supremo revocó aquellos terceros grados. Los líderes que habían maniobrado para consumar la independencia no se sometieron en prisión a programas específicos de rehabilitación enfocados al delito de sedición, algo con lo que las cárceles no cuentan por su excepcionalidad. Y, en segundo lugar –razonaba el tribunal–, los terceros grados habían sido «prematuros», pues ninguno había cumplido ni siquiera una cuarta parta de sus condenas, que, en el caso de Junqueras, alcanza los 13 años de cárcel.

La cuestión de los tiempos es, precisamente, la que ahora esgrime la Generalitat para justificar unos terceros grados, que, insisten, han concedido atendiendo solo a «criterios técnicos». El Govern asegura que las juntas de tratamiento de las tres cárceles en las que cumplen condena los presos –Lledoners, Puig de les Basses y Wad-Ras– han valorado el medio año transcurrido desde la anterior revisión de su clasificación, en julio. Han puesto sobre la mesa, además, que en las próximas dos semanas todos habrán cumplido ya la cuarta parte de sus condenas.

Sin unanimidad

El pronunciamiento de las juntas de tratamiento de las tres cárceles catalanas, a diferencia de lo que ocurrió en julio, no ha sido ahora por unanimidad. Los técnicos, que en aquella resolución del Supremo de diciembre recibieron duros reproches por su actuación, han vuelto a pronunciarse a favor del tercer grado de los políticos, pero sin la misma contundencia. Han sido unánimes en los dictámenes sobre Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Dolors Bassa, pero no en el resto de los casos, aprobados por mayoría pero sin pleno acuerdo.

La decisión de las juntas de tratamiento, ayer avalada por la Generalitat, abre la puerta a la participación de los presos en la campaña electoral. Y más por que, al cumplir una cuarta parte de sus condenas, tendrán a partir de ahora hasta 48 días de permisos ordinarios –con un máximo de siete días consecutivos–, al margen del tercer grado que les permite regresar a la cárcel solo a dormir. La Fiscalía hará todo lo posible por anular esta «semi

A la espera de la Fiscalía Como hizo la primera vez, la Fiscalía tratará de forzar que los jueces de vigilancia suspendan el tercer grado

libertad». Como en el anterior tercer grado, así como ante otros intentos de la Generalitat de flexibilizar la estancia carcelaria de los líderes políticos –mediante el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario–, el Ministerio Público recurrirá con el fin de que los jueces de vigilancia penitenciaria suspendan de nuevo los terceros grados. Tiene la esperanza de que –otra vez– sea el Supremo, como tribunal sentenciador, quien acabe revocándolos.

La otra vez la Fiscalía consiguió con sus recursos forzar que los jueces de vigilancia penitenciaria, pese a mostrarse a favor de los terceros grados, los suspendiesen a los pocos días de salir en «semilibertad», a la espera de que el Supremo emitiese su pronunciamiento definitivo. Fue así en todos los casos, con excepción de Forcadell