La cúpula de las FARC, acusada de crímenes de lesa humanidad

La Justicia de Paz acusa a exjefes de las FARC por crímenes de guerra

La JEP les considera coautores de privaciones de libertad, toma de rehenes y torturas

Hay dos imágenes que acompañarán a los colombianos durante años: la de Ingrid Betancur, entonces candidata presidencial, encadenada, muy delgada y agotada, y la de soldados enjaulados en medio de la selva, aferrados a la malla de su cautiverio como quien se aferra a la vida. Retratan la degradación a la que llegó Colombia en su guerra y que la Justicia Especial para la Paz ( JEP) ha hecho visible al imputar cargos de lesa humanidad a ocho miembros de la cúpula de la entonces guerrilla de las FARC, en el proceso de revisión de 9.000 hechos que adelanta la Sala de Reconocimiento de la JEP desde 2018. Se trata del Caso 001, referido a la «Toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por las FARC-EP». Este caso cubre el periodo 1993-2012 y tiene 2456 víctimas acreditadas.

Es un expediente enfocado en las responsabilidades del Secretariado, la cúpula al mando de la guerrilla que se desmovilizó en 2016 tras la firma del Acuerdo de Paz. Así, la Sala de Reconocimiento acusa a Rodrigo Londoño «Timochenko» y hoy líder del partido Comunes –tras el cambio reciente de nombre–; Pastor Alape Lascarro; Pablo Catatumbo Torres Victoria; Julián Gallo Cubillos (Carlos A. Lozada); Rodrigo Granda Escobar; Milton de Jesús Toncel ( Joaquín Gómez); Jaime A. Parra (Mauricio Jaramillo); y Juan Hermilo Cabrera, conocido como Bertulfo Álvarez y que murió hace pocos días.

Mandos medios y rasos

Esta primera imputación, histórica en Colombia, además de las implicaciones judiciales, conlleva un mensaje poderoso para los mandos medios y rasos que tuvieron a cargo a los secuestrados o realizaron el secuestro de las 21.326 víctimas identificadas por la JEP: la responsabilidad no recaerá solo sobre ellos, sino también en la dirigencia de la exguerrilla, lo cual permitirá que mandos y tropa digan toda la verdad y la JEP pase a definir las responsabilidades ya no solo de la dirigencia nacional, sino regional. Todos los casos, eso sí, como parte de las prácticas y políticas «que dan lugar a patrones de criminalidad, son crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad», como lo señaló el presidente de la JEP, el magistrado Eduardo Cifuentes.

Si bien los acusados dicen someterse a la JEP, consideran que no se trata de aceptar crímenes a nombre propio sino en conjunto. «La idea de esta justicia (…) es atribuir las responsabilidades colectivas», dijo a RCN Radio el congresista del Partido Comunes Carlos Lozada, imputado por la JEP. Lo que sigue es la presentación, en los próximos 30 días, de la excomandancia de las FARC ante el Tribunal Superior, aceptar o no la imputación y, según el caso, recibir la sentencia del tribunal, que puede significar entre cinco y ocho años de restricción de la libertad, sin cárcel, y las demás sanciones previstas por Justicia transicional, incluido que los acusados salgan del Congreso, o una sentencia de 20 años de prisión en caso de no reconocer la responsabilidad y pasar a la Justicia ordinaria.

EFE