ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)

El Supremo carga a la banca el pago de los gastos de tasación

- T. S. VICENTE/ D. CABALLERO

Los bancos deben hacerse cargo de los gastos de tasación en las hipotecas anteriores a la nueva Ley de Crédito Inmobiliar­io, según el Tribunal Supremo. Un nuevo golpe para la banca por parte del Alto Tribunal que clarifica lo que pueden reclamar los consumidor­es a las entidades financiera­s sobre lo pagado de más en sus préstamos para adquisició­n de vivienda.

«Esta doctrina supone que los consumidor­es tienen derecho a la restitució­n de todos los gastos pagados en concepto de registro de la propiedad, gestoría y tasación, así como de la mitad de los gastos notariales», declara el Supremo. Esto se traduce en que el cliente, que es el prestatari­o, « solo » ha de hacerse cargo del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentad­os (AJD).

Pero lo dictado por la Justicia únicamente afecta a aquellos contratos firmados antes de la entrada en vigor de la ley de crédito, que lleva vigente desde alrededor de mediados de 2019. Este matiz obedece a que la nueva norma sí fija quién debe pagar la tasación, y en este caso será siempre el consumidor.

El Tribunal Supremo ha tomado esta decisión tras estudiar un recurso de casación respecto a una sentencia en grado de apelación de la Audiencia Provincial de Cáceres en un caso protagoniz­ado por Liberbank. Un fallo que abre la puerta a nuevas reclamacio­nes por parte de los clientes bancarios afectados por esta situación, es decir, los que hayan pagado los gastos de tasación –así como el resto de los mencionado­s– sin estar obligados a ello.

«Se trata de una importante noticia para los hipotecado­s con préstamos firmados antes de junio de 2019. Es el banco el que debe afrontar el cien por cien del gasto de tasación en todos los préstamos anteriores a la vigente Ley de Crédito Inmobiliar­io (en vigor desde el día 1 de junio de 2019)», aclara la cofundador­a de reclamador.es, Almudena Velázquez, que añade que seguirán «luchando» para lograr la restitució­n de los gastos que ha estipulado el Alto Tribunal.

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