ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)
La izquierda bolivariana maniobra para salvar a Maduro
Zapatero y sus aliados creen que pronto conseguirán que Biden levante sanciones
Con los demócratas instalados ya en el poder no sólo en la Casa Blanca, sino también en el Capitolio, el régimen de Venezuela ha movilizado a sus aliados en la escena internacional, prioritariamente a través del llamado Grupo de Puebla, para conseguir un aligeramiento del duro régimen de sanciones aprobado por Donald Trump en sus cuatro años como presidente. Los integrantes del Grupo de Puebla, entre los que hay dirigentes y políticos iberoamericanos en activo y ya retirados, están haciendo servir sus viejos contactos con el Partido Demócrata y los veteranos de la Administración Obama para que Joe Biden acepte negociar con el régimen de Maduro y posponga una solución de naturaleza política a la crisis, en detrimento de los opositores que en este momento encabeza Juan Guaidó.
De momento, la Casa Blanca y el Departamento de Estado guardan silencio sobre cuál será su política de sanciones hacia el chavismo. Pero la portavoz de Biden, Jen Psaki, preguntada por Venezuela esta semana, dijo que «si bien el objetivo primordial de EE.UU. es apoyar una transición democrática y pacífica en Venezuela por medio de elecciones libres y justas […] el enfoque de esta Administración hacia Venezuela se centrará en abordar la situación humanitaria, proporcionando apoyo al pueblo venezolano». En su primera comparecencia como jefe diplomático de EE.UU., el miércoles, el secretario de Estado Antony Blinken no se refirió a Venezuela ni al régimen de sanciones.
El argumento que defienden los aliados de Maduro en la escena internacional es que la magnitud de la crisis humanitaria de Venezuela, con más de cinco millones de exiliados en plena pandemia de coronavirus, justifica que se demore cualquier solución política al conflicto, lo que implicaría reconocer al régimen chavista de nuevo, al menos de facto, y entablar comunicación con él. Según dijo recientemente a ABC un representante registrado en Washington de uno de los dirigentes de ese grupo, el objetivo es que la Administración Biden dé prioridad a la solución de la crisis humanitaria y la defensa de los derechos humanos, pero dejando de lado la línea argumental del equipo de Trump de que sólo la marcha de Maduro y su cúpula permitiría abrir un proceso de transición previo a unas elecciones realmente libres.
Son integrantes del Grupo de Puebla, entre otros, el presidente de Argentina, Alberto Fernández; los exmandatarios brasileños Lula da Silva y Dilma Rousseff; el expresidente y exvicepresidente de Bolivia, Evo Morales y Álvaro García-Linera; la ministra de Igualdad de España, Irene Montero; el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, y la mexicana Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU, cuya sede está en Chile.
Este viernes tuvo lugar el V Encuentro del Grupo de Puebla, en el que además participaron el presidente de Argentina, Alberto Fernández; la ministra española de Exteriores, Arancha
González Laya, y el canciller mexicano, Marcelo Ebrard. Los integrantes de ese foro están preparando un manifiesto que difundirán brevemente. Las reuniones por ahora son virtuales por la pandemia.
Las gestiones de Zapatero
En especial, el expresidente español Zapatero ha defendido en numerosos encuentros privados la conveniencia de retirar las sanciones, que según él hacen a EE.UU. responsable principal de la crisis humanitaria venezolana. Es el mismo Zapatero el integrante del Grupo de Puebla con lazos más estrechos con el aparato chavista, amigo personal de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, vicepresidenta ella y presidente él de la nueva Asamblea Nacional favorable al régimen surgida de las elecciones legislativas irregulares del pasado 6 de diciembre. Según varias
personas que han hablado con Zapatero en meses pasados, este ha dicho que confía en poder influir al menos en parte sobre la Administración Biden dado que conoce a éste personalmente, de cuando él era presidente del Gobierno y el último, vicepresidente de EE.UU. De hecho, Biden visitó Madrid en 2010 y se vio con Zapatero entonces.
Preguntado por ABC, Zapatero dijo: «Ni tengo conocimiento ni he participado en una iniciativa concreta con otros lideres internacionales en relación con las sanciones a Venezuela ante funcionarios o políticos de EE.UU. Apoyé, como es público, el manifiesto del Grupo de Puebla del 29 de diciembre de 2020 sobre el acceso a la vacuna contra el Covid-19 en Venezuela».
El lobby en Washington
Maduro y sus aliados también hacen labores de lobby o presión política directamente en Washington. Ya en marzo de 2020 el propio régimen chavista invirtió en un posible cambio de Gobierno en EE.UU. en las elecciones que iban a tener lugar ocho meses después, y le pagó más de cuatro millones de euros a la firma Amsterdam & Partners por representar al procurador general venezolano, Reinaldo Muñoz Pedroza, con el fin de «brindar asesoramiento con respecto a las sanciones impuestas a la República Bolivariana de Venezuela por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (OFAC) y desarrollar e implementar una estrategia para persuadir a la OFAC de que mitigue o elimine las sanciones, incluidos contactos con funcionarios relevantes de la OFAC u otros funcionarios del Tesoro».
Curiosamente, y según ha sabido ABC, tras ese pago millonario, Amsterdam & Partners informó al Gobierno estadounidense de que antes de noviembre, mes de las elecciones, no mantuvo contacto alguno con funcionarios estadounidenses en relación con las sanciones en nombre del procurador venezolano, algo que era el objeto del mismo contrato. Este, según documentos revisados por este diario, sigue vigente. Esos cambios que defienden los integrantes del Grupo de Puebla, fundado en 2019 como un foro político y académico integrado por representantes de la izquierda política iberoamericana, pasan también por forzar un giro en la Organización de los Estados Americanos (OEA), que tiene en su secretario general a uno de los líderes mundiales que más firmemente ha defendido el cambio democrático en Venezuela. Las gestiones del uruguayo Luis Almagro han sido cruciales para el reconocimiento de la comunidad internacional a los opositores al chavismo que lidera Juan Guaidó. De hecho ya en 2019, en un foro en Costa Rica, Almagro defendió la utilidad de las sanciones como una forma de precipitar un cambio político que permita solucionar la crisis humanitaria en Venezuela. «Aplicar sanciones más fuertes contra la dictadura venezolana es absolutamente imprescindible, y tarde o
temprano este asunto deberá entrar en el Consejo de Seguridad de las Naciones que es el que puede aplicar medidas más fuertes», dijo entonces Almagro.
El Grupo de Puebla ha tomado nota, y maniobra para dar un giro en la OEA. Por eso Evo Morales, integrante de ese foro y expresidente de Bolivia, sugirió en diciembre que el que fue su vicepresidente, Álvaro García Linera, debería ser nombrado embajador de su país ante ese organismo internacional panamericano. Este movimiento tiene una doble relevancia: Morales dimitió tras que se descubrieran irregularidades en el recuento de las elecciones que dijo ganar en 2019, pero en octubre de 2020 ganó el candidato de su mismo partido, Luis Arce. En diciembre, el español Zapatero dijo en varias reuniones en Madrid que García Linera sería un «excelente secretario general de la OEA, para sacar a Almagro», según ha sabido ABC.
García Linera ha tenido una postura extremadamente crítica con las sanciones de EE.UU., y de apoyo a Maduro y su régimen. En una entrevista mantenida con la cadena DW en español en 2019, García Linera dijo que el sufrimiento del pueblo venezolano no es razón «para que otra potencia se entrometa, los tiempos del colonialismo se acabaron a mediados del siglo XX y no vamos a reactualizar en el siglo XXI viejos colonialismos que esconden intereses de apoderarse recursos naturales».
Legado de Trump
En realidad EE.UU. lleva imponiendo sanciones sobre el régimen chavista desde hace 15 años. Pero ha sido durante los cuatro años de Trump cuando esas sanciones se han multiplicado e intensificado. Hoy por hoy, hay, según dicen fuentes diplomáticas a ABC, penalizaciones activas contra 166 funcionarios venezolanos y se impide la entrada a EE.UU. a más de mil personas. Las sanciones dependen del Ejecutivo, y no han sido respaldadas unánimemente por el legislativo. Es más, ha habido una nutrida lista de diputados y senadores demócratas que las han criticado por diversos motivos, entre ellos el hecho de que han aislado a Maduro y lo han empujado a los brazos de Rusia e Irán.
Pedro Burelli, un veterano e influyente opositor al chavismo afincado en Washington, disiente de este enfoque. «Hay un problema que pareciera que el mundo por comodidad o cobardía cree que la solución a un secuestro de un país es que los ciudadanos negocien su libertad con los secuestradores, y eso niega la realidad de que el secuestro ocurre por una simetría de fuerzas y por lo tanto la negociación tiene que ser entre un grupo de países muy fuertes, muy unidos, con los secuestradores. Está claro que este no es solo político, pero no es sólo humanitario. Es los dos».