Ponérselo muy difícil al acosador

A un lado de la pantalla hay un niño. Al otro, un adulto que se hace pasar por un niño y que quiere engañar al menor para conseguir material pornográfico o incluso llegar a tener un encuentro con él. El primero no ve al segundo, pero el segundo sabe perfectamente cómo embaucar al primero. Estas frases dan miedo, pero esto es el «grooming», una forma de ciberacoso a menores cada vez más habitual en una sociedad en la que todo el mundo tiene un móvil en la mano y que se combate actualmente en distintos frentes: la arena política, la policial y en las aulas.

Los datos que maneja la Europol sobre el ciberacoso sexual a menores son reveladores y destapan que la situación se agudizó en los principales países europeos, también en España, durante los meses más críticos de la pandemia. Su crecimiento se alimentó desde marzo del año pasado en paralelo a la imposición de confinamientos domiciliarios. El informe «Exploiting isolation: offenders and victims of online child sexual abuse during the Covid-19 pandemic», elaborado por la Oficina Europea de Policía, pone de manifiesto el problema.

Según el documento, a partir de marzo se detectó un notabilísimo repunte en el número de alertas por este motivo: de unos cien mil avisos a cerca de un millón. La tendencia comunitaria se replicó en España, donde las alertas se multiplicaron por seis. La Europol también monitorizó un aumento del intercambio de contenido de abuso sexual a menores en este periodo.

Estos números llamaron la atención de la Eurocámara, especialmente ahora que las circunstancias podían dejar un cabo suelto regulatorio que allanara el camino a los pedófilos. Hasta final del año pasado, las empresas de mensajería instantánea o por internet tenían permitido utilizar la tecnología para rastrear posibles casos de «grooming» y, de no haber actuado, ese permiso podría haber quedado revocado. «Europa tiene un récord desolador en este terreno, es muy preocupante», lamenta Javier Zarzalejos, eurodiputado del PP, en conversación con ABC. El político ha vivido desde primera línea la discusión parlamentaria en Europa y asistió a la luz verde que dio la Eurocámara a la derogación temporal de algunas partes de la Directiva 2002/58 sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas. Como expone Zarzalejos, se trata de una regulación transitoria que permite a las compañías de internet o mensajería seguir aplicando las herramientas a su alcance para detectar a los pedófilos. Este permiso se veía comprometido con la entrada en vigor del Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas.

«No se trata de un filtrado sistemático de comunicaciones», defiende Zarzalejos, quien advierte de que no se deja en manos de las máquinas y los algoritmos todo el trabajo, sino que también influye de forma determinante el factor humano: los policías especialistas en combatir estos problemas son quienes deciden en última instancia. Por todo ello, y a falta de herramientas legales más efectivas, sostiene que se trata de un peaje que hay que pagar en estos momentos: «Es una intrusión, pero legítima, necesaria y proporcionada». En la Eurocámara hubo un acuerdo casi total al respecto.