Justicia eliminará la cárcel para delitos de expresión

Moncloa revienta a Podemos el anuncio de su ley para derogar injurias a la Corona

que era cuando delinquió. En el caso de los condenados del ‘procés’ ve difícil justificar el perdón de quienes «no sólo no muestran arrepentimiento alguno, sino que reafirman su voluntad de volver a delinquir». «Si estamos hablando de un perdón político, no es el indulto lo que procede» porque aunque aparentemente lo proyecte sobre una persona en particular, en realidad se trata de una «justificación colectiva». «Si va a haber indultos en serie, entonces estamos hablando de una amnistía encubierta», advierte.

Coste político

A su juicio, si esto es lo que se pretende, la única solución legal posible es modificar el delito de sedición en vía parlamentaria o una ley específica de amnistía, pero reconoce que para el Gobierno, el coste de subir a la tribuna del Congreso a explicarlo, enfrentarse a la oposición y sacar esa ley adelante sería mayor que el impacto que pueda tener una

Pese a la oposición del tribunal el Gobierno puede indultar, pero solo de forma parcial eventual decisión del Consejo de Ministros, más rápida, además. «¿Estaría el Ejecutivo dispuesto a poner al mismo nivel a los presos del ‘procés’ que a los represaliados de la república (amnistía

El Ministerio de Justicia prevé una reforma del Código Penal para eliminar las condenas de cárcel en los delitos «relacionados con excesos en el ejercicio de la libertad de expresión» de manera que « sólo se castiguen conductas que supongan claramente la creación de un riesgo para el orden público o la provocación de algún tipo de conducta violenta» y se haga «con penas disuasorias, pero no privativas de libertad».

La reforma, de la que avanzó un brochazo anoche Moncloa matizado después por Justicia, afectará al enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, las injurias a la Corona y a otras instituciones y los delitos contra los sentimientos religiosos, que dejarán de estar castigados con pena de prisión.

Además, quedarán «al margen del castigo penal» los «excesos verbales» cometidos «en el contexto de manifestaciones artísticas, culturales o intelectuales». No es casual. El rapero conocido como Pablo Hasel deberá ingresar en las próximas horas en prisión por orden de la Audiencia Nacional para cumplir una sentencia firme de nueve meses de cárcel por enaltecimiento del terrorismo teniendo ya del 39) o a los del franquismo (amnistía del 77)?», se pregunta.

El catedrático de Derecho Penal Luis Rodríguez Ramos recuerda que el Gobierno concede muy pocos indultos, que han de basarse en razones de justicia y equidad. Insiste en que se trata de una medida individualizada, atendiendo a las circunstancias personales de cada condenado, que obviamente no pueden ser las mismas en todos los casos. «Si estás amnistiando a todos los que han ejecutado el delito, usurpas una atribución del Legislativo de modo encubierto y en fraude de ley», señala el penalista. «Lo que no se puede hacer por la vía del indulto es olvidar, por razones políticas, que se ha cometido un delito» porque entonces el camino es otro: la amnistía.

Si esto es lo quieren hacer, argumenta, el Ejecutivo puede impulsar ese perdón colectivo en el Congreso y «borrar el delito y las penas de un plumazo». También cuenta con la opción –de heantecedentes penales. Es una de las causas de las que ha hecho bandera Podemos, que iba a anunciar precisamente hoy un proyecto de ley para «derogar» estos delitos y a quien la Secretaría de Estado de Comunicación robó anoche el protagonismo. En juego, capitalizar el manifiesto y la protesta de ayer en favor de Hasel y de contexto, la competición entre los socios y la campaña electoral en Cataluña. El socio minoritario del Gobierno asegura que en España existe «una deriva autoritaria que ha llevado a restringir de manera alarmante el derecho fundamental a la libertad de expresión» y defienden que estos artículos no tienen cabida.

Mientras, en Justicia ven necesaria la reforma porque «estos tipos penales adolecen de una cierta indefinición del bien jurídico protegido», generan «inseguridad» y tienen «difícil delimitación» con la libertad de expresión.

Anuncio contradictorio

Se apoya en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por la que los delitos de injurias acaban ya archivándose en la Audiencia Nacional. No obstante, siguen vivas las causas por enaltecimiento del terrorismo y esta es la línea más delicada. El Ejecutivo habla ahora de libertad de expresión en este maerco, cuando hace un par de días el titular de Interior, Fernando GrandeMarlaska, anunciaba un «nuevo régimen sancionador » contra los homenajes a etarras. cho ya está encima de la mesa del Ministerio de Justicia– de rebajar la pena del delito de sedición, lo que beneficiaría a los presos del ‘procés’ por ser más favorable.

Para el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos José Manuel Vera, «si hay algo que un país no puede perdonar, es un delito contra el propio Estado».

Señala el profesor que aunque el perdón se envuelva en la figura de indultos individuales, «perdonar a todos de la misma manera y a la vez sería en la práctica un perdón colectivo», algo, además de fraudulento, «éticamente deplorable». Tampoco convence a Vera la viabilidad de una amnistía para condenados por sedición, pues aunque la Constitución no la prohíbe, supone, en su opinión, que «el propio sistema atenta contra sí mismo» al cuestionar sus propias resoluciones judiciales y los pilares que sostienen el Estado de Derecho.