ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)
El Gobierno no renuncia a crear el delito de apología del franquismo
Moncloa se anticipó a Podemos para que Campo y Marlaska piloten la reforma
PSOE y Unidas Podemos mantienen su pulso para capitalizar las reformas en el seno del Gobierno. Sin disimular ya su competición. Los partidos cogobernantes improvisaron una carrera para anunciar sus propuestas para la modificación de los delitos del Código Penal relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión. Una propuesta que, como mínimo, eliminará las penas de cárcel asociadas a estos delitos. Podemos quiere ir más allá y derogar delitos de injurias a la Corona, contra los sentimientos religiosos y de enaltecimiento del terrorismo.
Eso sí, preguntada ayer específicamente la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, por si este planteamiento doctrinal serviría para enterrar la propuesta de establecer un delito de apología del franquismo, la portavoz del Gobierno contestó expresamente que no hay vinculación y que se seguirá adelante con ese supuesto: «En ningún caso este adelanto supone renuncia a otras cuestiones», dijo. El Gobierno quiere que estas reformas se acometan en una reforma global del Código Penal: «Hoy por hoy no hay elemento de urgencia para hacerlo fuera de la reforma global del Código Penal». Se incluirían también las reformas referidas al «consentimiento de la mujer y algunas materias relacionadas con el medio ambiente», explicó la portavoz. La propuesta se produce en el contexto de un debate público sobre las condenas a los delitos opinión y un manifiesto firmado por decenas de artistas después de que la Audiencia Nacional comunicara al rapero Pablo Hasél que tendrá que entrar en prisión al ser condenado a nueve meses de cárcel por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y tener ya antecedentes.
Ayer, durante la rueda de prensa en el Congreso para presentar su propuesta, Jaume Asens y Enrique Santiago explicaron que antes de registrar su proposición de ley habían avisado a la secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, que depende de Carmen Calvo, y que recibieron el «visto bueno». Es el proceso acordado por los grupos parlamentarios del PSOE y UP.
Esa advertencia en la tarde del lunes otorgó margen a los socialistas para maniobrar. La Moncloa informó a las 20.56 horas del lunes de que el Ministerio de Justicia prevé reformar el documento para eliminar las condenas de prisión en este tipo de delitos para que se castiguen «con penas disuasorias, pero no privativas de libertad». Aunque los socialistas aún no han compartido ningún texto legislativo, el movimiento representa un volantazo improvisado del PSOE para adelantarse a su socio de Gobierno. Aunque ambas formaciones han evitado hablar de conflicto, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, dejó claro el malestar del ala socialista: «Algunas formaciones quieren apadrinar ciertas iniciativas y colocarse en situación de ventaja» en el contexto de la campaña electoral catalana.
Pero el conflicto está servido porque hay diferencias en el fondo y en la forma. Ayer Podemos dijo que su propuesta va «más lejos» que la de los socialistas, denunciando que el planteamiento de los socialistas es «una declaración política y rápida», pero sin concretar. Pero además existe una disputa sobre el control de la iniciativa. La portavoz del Gobierno defendió que el proceso para encajar esta reforma debe emanar del Consejo de Ministros, por considerarse un procedimiento más garantista, y no a través de los grupos parlamentarios. Defendiendo el liderazgo en esta iniciativa del Ministerio de Justicia y del Ministerio del Interior, lo que en la práctica significa que sea el PSOE quien pilote esta reforma.