ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)
PP y Vox cercan al Gobierno ante el Constitucional
El grupo de Abascal lleva la ocultación del informe de la Abogacía sobre el estado de alarma Los populares recurrirán la reforma del CGPJ por no dar audiencia a los jueces
Al Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos se le acumulan los recursos en su contra ante el Tribunal Constitucional. Su forma de gobernar ha llevado a la oposición a fortalecer su ofensiva jurídica, convencida de que la coalición está poniendo en peligro las normas democráticas y creando peligrosos precedentes para el futuro. Tan solo dos días después de que el presidente del PP, Pablo Casado, anunciara que llevaría el decreto de los fondos europeos ante el Constitucional por esconder que fue dictaminado por el Consejo de Estado, el Gobierno se encontró ayer con dos movimientos más, otro de los populares y uno de Vox, en la misma línea.
Según ha podido saber ABC, el grupo que preside Santiago Abascal recurrió el lunes ante el TC la ocultación del informe de la Abogacía sobre un plan alternativo al estado de alarma. Vox solicitó el dictamen al principio del pasado verano y el Ejecutivo se limitó a remitirle a la comparecencia en la que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, leyó unos párrafos del citado documento en el Congreso. Una contestación que vulnera claramente el Reglamento de la Cámara Baja por cuanto obliga al Gobierno a entregar los ficheros que le sean solicitados por los diputados y a que, de no hacerlo, lo fundamente en argumentos jurídicos.
Vulneración de los derechos
A este recurso, que se suma a los ya interpuestos por la oposición desde el inicio de la legislatura, se unió el anuncio de otro más por parte de la portavoz del PP en el Congreso. Cuca Gamarra anunció que su grupo recurrirá la reforma del Consejo General del Poder Judicial ante el Tribunal Constitucional por tramitarse por vía urgente y vetar la participación del propio CGPJ, la Comisión de Venecia así como de las asociaciones de jueces y fiscales.
Los populares adoptaron la decisión después de que la Mesa del Congreso rechazara definitivamente tramitar la reforma por vía ordinaria y dar audiencia a todos los agentes implicados, como mandata la legislación europea. Según denunció Gamarra, este rechazo «vulnera la calidad legislativa de nuestras normas y el derecho de nuestros diputados».
La Mesa de la Cámara que preside Meritxell Batet también rechazó ayer la petición de Gamarra para que el Congreso reclame al Gobierno el informe del Consejo de Estado sobre el decreto de los fondos europeos. Por otra parte, la Junta de Portavoces acogió la petición de Sánchez de comparecer el próximo 24 de febrero para rendir cuentas por el estado de alarma. El decreto vigente le obliga a dar explicaciones ante el Congreso cada dos meses, aunque sin someterse a votación alguna.