El empleo temporal toca máximos y se dispara al 30% en la Administración

Los contratos de sanitarios y en servicios sociales crecen con la pandemia y ponen la tasa pública cinco puntos por encima del sector privado

El mercado de trabajo sigue atrapado en la temporalidad. La recuperación económica permitió absorber parte del empleo destruido durante los años de la crisis, pero no logró aumentar la calidad de la ocupación en España y la precariedad se ha convertido en un desequilibrio que se ha agudizado en los últimos años y especialmente en la pandemia. El Covid ha aumentado la contratación de sanitarios y de personal de servicios sociales y estos nuevos empleos se han realizado, en su gran mayoría, por tiempo limitado, lo que ha provocado que la brecha existente entre trabajos temporales e indefinidos se haya marcado más en el sector público, donde la tasa acaricia el 30%, casi cuatro veces por encima del objetivo marcado en 2018 y un récord sin precedentes.

El Gobierno de Pedro Sánchez y su ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, abanderaron una cruzada contra la precariedad en el empleo y se comprometieron a «corregir las disfunciones del mercado laboral que nos hacen profundamente desiguales». La contrarreforma laboral que plantea Díaz incluirá una simplificación de los contratos laborales como fórmula para atajar este desequilibrio y el titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá, anunció que el Gobierno penalizará la rescisión de contratos en fines de semana. Pero a la espera de medidas, la precariedad se ha desbocado con la pandemia.

Tras años de recesión y dos reformas laborales (2010 y 2012) los contratos que se firman son, en su gran mayoría, por tiempo limitado, lo que mantiene a nuestro país en el pódium de la temporalidad en la OCDE y en Europa. España registra el doble de precariedad que la media, con una tasa cercana al 20%, según los últimos datos publicados por Eurostat, porcentaje que la EPA del cuarto trimestre de 2020 eleva hasta casi el 25%. Es decir, que de cada cien contratos que se firman en España, 25 son temporales.

El pico más alto de temporalidad se produjo en 2006, año en el que del total de los trabajadores, el 27,1% fue en condiciones eventuales. Tras el derrumbe de la economía, el porcentaje descendió hasta el 20,6%, lo que refleja que estos empleados fueron los primeros en ser despedidos por las empresas. Su prácticamente nula indemnización por despido hizo que fueran la primera opción. También con la economía en recuperación han sido los primeros en ser contratados. Desde que en 2014 la economía comenzara a crecer y a crear empleo, la temporalidad no ha parado de crecer.

La tasa de temporalidad ha pasado de representar el 19,6% hace poco más de cinco años a situarse hoy en el 25%, lejos de países vecinos como Alemania (9,2% en 2019), Francia (12,3%) e Italia (11,5%).

La alta rotación en el empleo es un claro rasgo de precariedad; se produce en un número limitado de puestos de trabajo que concentran un gran volumen de contratos temporales, muchos de apenas unas horas o días. Datos de CC.OO. apuntan a que las personas asalariadas con contrato temporal necesitaron firmar una media de 3,8 contratos en 2007 para poder trabajar durante todo el año. En 2018 fue necesario que se firmaran 20

Papel mojado

El objetivo en el sector público era bajar la tasa al 8% en 2020: finalmente casi la ha cuadriplicado

millones de contratos temporales para que a final de año estuvieran trabajando 3,6 millones de personas asalariadas temporales con un contrato firmado en el último año. Es decir, tuvieron que firmar de media 5,5 contratos temporales para trabajar todo 2018.

Organismos nacionales e internacionales llevan años instando a los sucesivos gobiernos en España a tomar medidas por una disfunción del mercado achacable, en parte, a la estacionalidad del mercado y al fuerte tirón del sector servicios y del turismo, intensivo en mano de obra.

El 80% de los jóvenes

En fin, lo que empezó siendo una crisis temporal ha acabado como todas las últimas recesiones que ha vivido España: una crisis que afecta más a los temporales. Lejos de dar ejemplo, la Administración exhibe niveles de temporalidad muy superiores al sector privado: su tasa de temporalidad acabó 2020 con récord histórico del 29,9%. Curiosamente, la meta para el año pasado era bajar al 8% el porcentaje de temporales en la Administración, un objetivo que contemplaba el acuerdo firmado entre el Gobierno de Mariano Rajoy y los sindicatos en 2017. Entonces la tasa de temporalidad era del 22%, pero lo único que ha hecho ha sido aumentar.

España cuenta ya así por primera vez en la serie histórica con más de un millón de empleados públicos temporales, 1.011.500 personas que suponen 106.200 más que un año antes. El 19% tiene contratos de menos de seis meses y el 26% no llegan al año.

Uno de cada cuatro temporales proceden así del sector público. Las mayores exigencias provocadas por la pandemia ha llevado a que las plantillas públicas se nutran, sobre todo, de temporales: mientras el empleo fijo aumentó un 0,8% en el año, el de duración determinada repuntó un 11,7%. CSIF señala que el mayor aumento se da en sanidad y educación, las áreas más demandadas ante la pandemia. Las personas más jóvenes encabezan los peores datos de precariedad en la Administración con una tasa de temporalidad que roza el 80% (79,7%).

En ocasiones, el destino es cruel. Sobre todo con los ineptos. La precariedad laboral se ha hecho fuerte en la Administración pública y alcanza un escandaloso 29,9%. En números eso supone un millón de personas. ¡Vaya por Dios!, justo ahora que tenemos un Gobierno que había convertido la estabilidad en un objetivo prioritario e inexcusable y que para ello estaba dispuesto de demoler toda la reforma laboral que se encontró al llegar. Es evidente que la terrible y rápida expansión de la pandemia ha obligado a cubrir numerosas plazas y trabajos, bien para sustituir a funcionarios enfermos y/o asustados o más para atender a las nuevas necesidades que surgieron con ella. Necesidades que no podía ser atendidas con funcionarios procedentes de los lentos procedimientos públicos.

Eso es cierto, pero también lo es que, si la precariedad en el espacio laboral público se ha agravado con la pandemia, no ha surgido con ella. Ni mucho menos. La Administración arrastra desde años una exagerada presencia de temporales que prolongan su situación durante muchos años. Sucede principalmente en la sanidad y en la educación, pero no solo en ellas, sin que los distintos gobiernos hayan sido capaces de arreglarlo. Es irónico que Sánchez e Iglesias vayan a pasar a la historia como los que llevaron el nivel de la precariedad pública a sus cotas más elevadas. ¡Qué cosas pasan!

En el sector privado la situación es algo mejor, sin llegar a ser buena. Aquí la cuestión tiene otras aristas. El trabajo se desmaterializa y deslocaliza a marchas forzadas. Aquello tan bonito de trabajos fijos con salarios que se elevan con el paso del tiempo está pasando a la historia. Hoy en las empresas no hay nada permanente. No lo son los clientes, ni los procesos, ni los costes, ni los precios, ¿Por qué iba a serlo los empleos? Además, se crea o no, en este país hay miedo a los contratos fijos una legislación de despidos muy encorsetada y que se acomoda con dificultad a los vaivenes de la coyuntura. No hemos entendido que cualquier traba que se pone al despido se convierte en una traba a la contratación.