El problema de las quitas de deuda

La banca se niega a asumir pérdidas por imposición del Gobierno. Y avisan: «Las ayudas directas no pueden poner en riesgo la estabilidad financiera». Su solución preferida pasa por potenciar y facilitar las refinanciaciones, y no ven con malos ojos para grandes empresas apostar por los préstamos participativos. tor. Las mismas fuentes añaden que, en caso de necesitarse quitas, la banca ya las ha hecho de motu proprio en el pasado cuando ha visto que una empresa viable lo necesitaba. El rechazo es frontal a esta tesis puesta sobre la mesa por el Gobierno, al que la banca le señala que el coste de las ayudas directas debe asumirlo el Estado. Es decir, que las quitas solo habrían de correr a cargo de la Administración. Asimismo, la principal solución por la que abogan las entidades financieras es por facilitar y potenciar las refinanciaciones de los créditos ICO, jugando con la carencia, los plazos, etc.

Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Granada, rechaza también imponer esas quitas a la banca, al tiempo que señala que las ayudas han de correr a cargo del Estado. «Una cosa es que cambies las normas del juego para ti, pero no jugando con las de los demás», afirma en relación a esta medida. Además, este economista destaca que si ahora fijas pérdidas en programas del ICO, «¿quién querrá participar en el futuro?». La razón, «el efecto aprendizaje», es decir, que si las entidades ven que ahora el Ejecutivo les obliga a dar créditos por perdidos, no buscarán acudir a futuros programas de índole similar.

Pese a todo, las conversaciones todavía están en una fase incipiente. Lo primero es que Oliver Wyman tenga listo el mapa de las empresas viables e inviables para saber sobre cuántas sociedades habría de actuarse. Con esto definido será más sencillo calcular qué medidas poner en marcha. Solamente la hostelería, por ejemplo, calcula que necesitarían ayudas directas de alrededor de 8.500 millones.

A todo ello se une la tradicional pugna política. Aunque es Economía quien lidera los contactos, hay varios ministerios y miembros del Ejecutivo tratando de meter mano en las medidas. Fuentes financieras apuntan a que el ala socialista es partidaria de la seguridad jurídica y asumir el Estado el coste de las ayudas, mientras que el ala de Unidas Podemos se inclina por cargar a los bancos parte del coste. Como en la condonación de la deuda pública, tan polémica estos días, la postura del partido de Pablo Iglesias es que las pérdidas las asuman otros.