ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)
Archivan la causa por prevaricación contra el exalcalde de Puertollano
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Puertollano (Ciudad Real) ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo del procedimiento penal por presunta prevaricación administrativa en la amortización de
12 plazas de ayudante de matarife aprobada por el pleno del consistorio en 2010, vinculada al proceso de consolidaciones de la época, y denunciada por la Plataforma de Funcionarios Interinos Despedidos del Ayuntamiento de Puertollano (Fidap).
Este sobreseimiento se suma al decretado en 2019 por el juzgado número 3 en la causa contra la consolidación de 200 trabajadores realizada en el Ayuntamiento de Puertollano entre los años 2006 y 2010, si bien aquella resolución fue recurrida ante la Audiencia Provincial de Ciudad Real por Fidap.
Ahora, un nuevo auto, de 20 de enero de 2021, resuelve que no resulta debidamente justificada la comisión de delito de prevaricación administrativa en el caso de las consolidaciones de las 12 plazas de matarife, en virtud de la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, según han informado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Según el auto, del resultado de las diligencias de investigación practicadas no se ha acreditado que existan indicios de que en los investigados — el alcalde Joaquín Hermoso Murillo, secretario e interventora accidentales, concejal de personal y resto de concejales asistentes al pleno de 25 de marzo de 2010— concurran los elementos que configuran el delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal, es decir, resolución arbitraria en un asunto administrativo.
Todo ello, prosigue, «sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que puedan depurarse por los actos administrativos objeto del procedimiento ante la correspondiente jurisdicción, la contencioso-administrativa». De hecho, el auto no es firme y se puede recurrir en reforma y subsidiariamente en apelación.
En diciembre de 2018, a petición de la Fiscalía, el juzgado citó en condición de investigadas a 23 personas, incluidos concejales de PSOE, PP e IU, secretario e interventora accidental, que intervinieron en el acuerdo plenario de amortización de las 12 plazas de ayudante de matarife.