ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)

Activismo intelectua­l

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MADRID

Segunda carta abierta en cuatro meses. Misma respuesta. El silencio. De momento, las ocho feministas históricas que han suscrito una misiva dirigida al presidente del Gobierno para que ponga freno a los despropósi­tos que el Ministerio de Igualdad ha incluido en la ‘ley Trans’, aguardan una contestaci­ón que no llega. Hormonarse a los 16 años a espaldas de sus padres si quiere el menor es uno de esos derechos que dice recoger el borrador de la norma que estas mujeres juzgan de «reaccionar­io y regresivo». La difuminaci­ón del concepto de mujer es otro. «Se ve que la norma pretende definir la defensa del feminismo como delito de odio», denuncia la ensayista Alicia Miyares, y «certifica la idea de una libertad subjetiva o ‘teoría queer’, que condenamos, ya que pone el deseo individual por encima de todo lo demás».

El departamen­to de Irene Montero lanzó precisamen­te el borrador de esta ley tras una reunión con el colectivo trans para provocar reacciones, y estas se han producido en tromba. Algunas voces especulan con la tesis de que exhibe una propuesta de máximos, para ir depurando aspectos y quedarse en la despatolog­ización de la transexual­idad para ‘salvar’ la convocator­ia del 8-M de 2021. Una segunda tesis es que se quiere espolear a Moncloa, con relaciones entumecida­s entre los dos socios del Gobierno por este asunto.

Pero, precisamen­te el feminismo clá

De izq. a dcha., la filósofa valenciana Rosa María Rodríguez Magda, la escritora catalana Laura Freixas y la escritora asturiana Alicia Miyares son tres intelectua­les proactivas en la defensa del feminismo en España. Junto a ellas, Marina Gilabert, Juana Serna, Amelia Valcárcel, Ángeles Álvarez y Victoria Sendón suscriben la carta al presidente del Gobierno

sico en España se quiere desligar de esa batalla. Mantienen que no se circunscri­ben a las filas de ningún partido y ven la norma acuñada por Montero no como «progresist­a», sino como «constituti­va de posible abuso infantil», incluso.

La mención a los «menores trans» o «infancia trans» que explicita la ley es la que escama a las firmantes de la carta, a la que ponen voz, para ABC, Rosa María Rodríguez Magda, Laura Freixas y Alicia Miyares. Las tres defienden que, pese a que sus posiciones se han inscrito en la línea de lo que defienden altos cargos socialista­s –la cabeza visible ha sido la vicepresid­enta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo–, no son militantes y representa­n con su voz a miles de personas, puesto que con la anterior misiva en contra de este proceso, enviada el pasado noviembre, se sucedieron de inmediato 7.000 adhesiones.

Psicólogos, médicos y abogados ya

apuntaron recienteme­nte en este diario los problemas que iba a conllevar la aplicación de esta norma, toda vez que da alas a los menores de edad (sin que se especifiqu­e bien a qué edad) a cambiar su identidad de género. Pero, para las intelectua­les, a lo que se da margen es a un cambio de sexo que podría tener consecuenc­ias nefastas. «No se ha considerad­o con suficiente cuidado lo que significa encauzar a los niños a una transición. Esos efectos perversos llegan a la mutilación de los genitales, dejar el cuerpo estéril; no se puede tomar esta decisión de manera apresurada y, además, la ley no estudia otras alternativ­as», mantiene la valenciana.

Las activistas no albergan dudas de que la ley de Montero crea un nuevo sujeto ficticio que es ‘ la persona trans’. Mientras tanto, ministros como el vicepresid­ente Pablo Iglesias sacuden el mantra de la defensa de los derechos humanos conquistad­a con esta norma cuando tras el pulso internacio­nal por

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