ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)
Activismo intelectual
MADRID
Segunda carta abierta en cuatro meses. Misma respuesta. El silencio. De momento, las ocho feministas históricas que han suscrito una misiva dirigida al presidente del Gobierno para que ponga freno a los despropósitos que el Ministerio de Igualdad ha incluido en la ‘ley Trans’, aguardan una contestación que no llega. Hormonarse a los 16 años a espaldas de sus padres si quiere el menor es uno de esos derechos que dice recoger el borrador de la norma que estas mujeres juzgan de «reaccionario y regresivo». La difuminación del concepto de mujer es otro. «Se ve que la norma pretende definir la defensa del feminismo como delito de odio», denuncia la ensayista Alicia Miyares, y «certifica la idea de una libertad subjetiva o ‘teoría queer’, que condenamos, ya que pone el deseo individual por encima de todo lo demás».
El departamento de Irene Montero lanzó precisamente el borrador de esta ley tras una reunión con el colectivo trans para provocar reacciones, y estas se han producido en tromba. Algunas voces especulan con la tesis de que exhibe una propuesta de máximos, para ir depurando aspectos y quedarse en la despatologización de la transexualidad para ‘salvar’ la convocatoria del 8-M de 2021. Una segunda tesis es que se quiere espolear a Moncloa, con relaciones entumecidas entre los dos socios del Gobierno por este asunto.
Pero, precisamente el feminismo clá
De izq. a dcha., la filósofa valenciana Rosa María Rodríguez Magda, la escritora catalana Laura Freixas y la escritora asturiana Alicia Miyares son tres intelectuales proactivas en la defensa del feminismo en España. Junto a ellas, Marina Gilabert, Juana Serna, Amelia Valcárcel, Ángeles Álvarez y Victoria Sendón suscriben la carta al presidente del Gobierno
sico en España se quiere desligar de esa batalla. Mantienen que no se circunscriben a las filas de ningún partido y ven la norma acuñada por Montero no como «progresista», sino como «constitutiva de posible abuso infantil», incluso.
La mención a los «menores trans» o «infancia trans» que explicita la ley es la que escama a las firmantes de la carta, a la que ponen voz, para ABC, Rosa María Rodríguez Magda, Laura Freixas y Alicia Miyares. Las tres defienden que, pese a que sus posiciones se han inscrito en la línea de lo que defienden altos cargos socialistas –la cabeza visible ha sido la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo–, no son militantes y representan con su voz a miles de personas, puesto que con la anterior misiva en contra de este proceso, enviada el pasado noviembre, se sucedieron de inmediato 7.000 adhesiones.
Psicólogos, médicos y abogados ya
apuntaron recientemente en este diario los problemas que iba a conllevar la aplicación de esta norma, toda vez que da alas a los menores de edad (sin que se especifique bien a qué edad) a cambiar su identidad de género. Pero, para las intelectuales, a lo que se da margen es a un cambio de sexo que podría tener consecuencias nefastas. «No se ha considerado con suficiente cuidado lo que significa encauzar a los niños a una transición. Esos efectos perversos llegan a la mutilación de los genitales, dejar el cuerpo estéril; no se puede tomar esta decisión de manera apresurada y, además, la ley no estudia otras alternativas», mantiene la valenciana.
Las activistas no albergan dudas de que la ley de Montero crea un nuevo sujeto ficticio que es ‘ la persona trans’. Mientras tanto, ministros como el vicepresidente Pablo Iglesias sacuden el mantra de la defensa de los derechos humanos conquistada con esta norma cuando tras el pulso internacional por