ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)
Puerto Rico urge a EE.UU. a que lo acepte como un estado más
El gobernador espera que el Congreso trate la incorporación de
El pasado 3 de noviembre, los puertorriqueños no tuvieron la posibilidad de votar por Joe Biden o Donald Trump en las elecciones presidenciales. Tampoco de elegir a diputados o senadores que les representen en el Congreso de EE.UU. El estatus de territorio libre asociado de Puerto Rico confiere al país caribeño autogobierno dentro de la soberanía de EE.UU.: sus ciudadanos son nacionales de EE.UU., pero no tienen los derechos ni las obligaciones de los 50 estados del país.
Pero ese mismo día de noviembre los puertorriqueños votaron para cambiar ese estatus. En un referéndum sobre la incorporación de la isla como estado de EE.UU., el 52% votó a favor y el 47% en contra.
No es la primera vez que Puerto Rico acude a las urnas para decidir sobre su estatus. Lo ha hecho en seis ocasiones desde 1967. El de noviembre podría suponer un cambio para la considerada como colonia más antigua del mundo, en posesión de EE.UU. desde que se la arrebató a España en 1989. Con las mayorías demócratas en las dos cámaras del Congreso –que es quien debe impulsar la incorporación– y después de que Biden dijera en campaña que vería con buenos ojos la llegada del 51º estado, las posibilidades son más altas que nunca.
Así lo ha defendido el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, que ha asegurado que espera que el Congreso introduzca legislación para la incorporación de la isla como estado a mediados de marzo. «El Congreso está obligado moralmente a responder», ha dicho en una entrevista en Axios, en referencia al resultado del referéndum.
El apoyo a la incorporación ha crecido en la isla en los últimos años, después de que Trump fuera combativo en la concesión de ayuda a desastres naturales como el huracán María –que arrasó la isla en septiembre de 2017– y tras años de mala gestión y de deuda pública astronómica por las autoridades locales.
Consecuencias políticas
La admisión de Puerto Rico tiene altas repercusiones políticas. Los dos grandes partidos, demócratas y republicanos, han defendido el derecho del país caribeño a convertirse en estado, pero hay voces internas que lo desaconsejan, en especial entre los conservadores.
Puerto Rico tendría dos senadores, como el resto de estados, y un número de diputados –cuatro– proporcional a su peso demográfico. Con las fuerzas políticas muy parejas en Washington, algunos republicanos creen que la incorporación solo beneficiaría a los demócratas. La exsenadora Martha McSally aseguró el año pasado que con Puerto Rico los republicanos «nunca recuperarán el Senado». Y su líder en la cámara alta, Mitch McConnell, calificó el apoyo a su incorporación como parte de la agenda radical de los demócratas.
El Gobierno del presidente interino de Perú, Francisco Sagasti, se enfrenta a una grave crisis política después de que se revelara que la exministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, y altos funcionarios de varios ministerios, recibieron en secreto la vacuna contra el Covid-19 de la compañía china Sinopharm.
«Nadie que ha recibido estas vacunas debe tener lugar en mi Gobierno. Estoy indignado y furioso por esta situación que pone en peligro todo el esfuerzo de los peruanos que trabajan en primera línea», dijo Sagasti, sobre la salida de Astete, provocada por el escándalo.
Perú es uno de los países de América Latina más afectados por el Covid-19: cerca de 100.000 personas murieron en 2020, una cifra que supera las cerca de 60.000 víctimas durante el conflicto interno que causó la banda terrorista Sendero Luminoso o el número de muertos peruanos que provocó la guerra con Chile entre 1879 y 1883, y que ronda las 20.000 víctimas, según el portal IDL-Reporteros.
Dimisiones
A través de Twitter, la excanciller Astete admitió que recibió la primera dosis de l a vacuna el pasado 22 de enero. Para justificarse, afirmó: «Al ser persona de riesgo, al tener 68 años, no podía darme el lujo de caer enferma . La negociación de la vacuna no debe verse afectada ni empañada por una decisión equivocada, que no medí en su momento». En ese mismo mensaje, Astete renunció al cargo. El lunes fue reemplazada por el diplomático de carrera Allan Wagner.
Astete formó parte de los funcionarios del Gobierno de Sagasti que firmó la compra de 24 millones de dosis de vacunas para Perú en 2020 con l as empresas Astrazeneca, Sinopharm y Pfizer.
Días antes de que estallara el caso, bautizado por l a prensa peruana como #Vacunagate, renunció la ministra de Salud, Pilar Mazzetti. Mazzetti fue reemplazada por Oscar Ugarte, que ayer destituyó a los viceministros de Salud, Luis Suarez Ognio y Victor Bocangel, por haber sido vacunados en secreto.
El caso de las vacunas suministradas en secreto se destapó a raíz de que el destituido presidente Martin