Las familias piden amparo a Europa por el recorte a las madres

El complemento en las pensiones se ha diseñado de forma «torticera», reza la denuncia ante Europa

Las familias numerosas han redoblado su ofensiva contra el polémico complemento de maternidad ante la llegada al Congreso del real decreto, que el jueves deberá ser debatido y votado. La Asociación de Familias Numerosas de Madrid y la Plataforma Stop Suicidio Demográfico considera que la reforma del complemento de maternidad de las pensiones va contra la legislación europea y ayer presentó una denuncia ante la Comisión Europea contra el Real Decreto-ley 3/2021 basada en el argumento principal de que el recorte planteado por José Luis Escrivá discrimina de forma indirecta a las mujeres y hombres con más hijos frente a los que tienen solo uno.

En el texto de la denuncia, al que ha tenido acceso ABC, se critica que la norma elaborada por el Ministerio de Seguridad Social discrimina «a las trabajadoras más modestas con tres hijos o más, y a las minorías étnicas europeas o radicadas en Europa, ya que la realidad socioeconómica española es que estos colectivos son más fecundos que la media».

Según el texto, el complemento va en contra del artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, de no discriminación, el 3, sobre la exclusión social, la solidaridad entre generaciones y los derechos del niño, y el 10, que aborda la definición de las políticas sociales en la UE. Las familias dicen en su denuncia que el rediseño del complemento vulnera la directiva 79/7/CEE del Consejo, en lo que se refiere a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social.

En concreto, la asociación denuncia que «el Gobierno español ha aprovechado la velocísima ejecución» de la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de diciembre de 2019 –que declaraba inconstitucional al anterior complemento por limitar su percepción a las mujeres y excluir a los hombres– para transmutar un complemento de pensiones mediante un real decreto.

«Ha tardado menos de dos meses en ejecutarla, cuando es público que el mismo Gobierno tarda años con otras sentencias del mismo Tribunal de Justicia. Así, lo ha hecho de forma torticera y mediante un mecanismo abusivo (el real decreto ley) que no permite la idónea participación pública en la elaboración de las normas, como sucede en cualquier Estado de Derecho de la

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