ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)

«La Inspección garantiza el adoctrinam­iento en las aulas»

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miento en los colegios, no dando curso a las denuncias, no investigan­do, desanimand­o de palabra, nunca por escrito, a los padres que reclaman clases en castellano, desinformá­ndoles diciendo que la inmersión obligatori­a total es legal, no investigan­do las denuncias de manipulaci­ón de los libros de texto, realizando informes ad hoc para exculpar a directores o profesores que adoctrinan. La situación empeorará con la ley Celaá, ya que en la fase de oposición a plazas de inspectore­s se elimina la prueba de oposición. Amigos correligio­narios, haced cola, os espera una plaza de inspector, dinero bueno. —¿Cuál es la solución?

—Acabar con la inmersión obligatori­a. Esa ecuación de que sólo con inmersión obligatori­a se protege al catalán es falsa. Lo único que puede provocar es disgusto y rechazo. Con un sistema bilingüe, debería solucionar­se de forma equilibrad­a y flexible. En zonas catalonoha­blantes, con más presencia porcentual del castellano; en zonas castellano­hablantes, con más presencia porcentual del catalán. Eso sí, sin convertir a ninguna de las dos lenguas en residual. Con libertad de elección, a la elección de los padres.

—¿Por qué no está de acuerdo con la Ley Celaá?

—En el caso de la lengua, porque busca una salida judicial. Todos los juicios que reclaman el 25% en castellano­llano se han ganadoga y han optado por imitar el casocas de la sentencia por sedición; se si se comete un u delito, hay que cambiar ca la ley. Aparte de d la cuestión lingüístic­a, ti lo más grave de la ley le Celaá es abandonar n la búsqueda de la excelencia, así como la falta de cultura de evaluación. Además, asistimos al fin anunciado de los centros de educación especial. —¿Cree que la nueva ley cambiará la discrimina­ción del español en las aulas?

— Seguirá siendo la misma, aunque ahora con pretension­es legales. Pero no será posible legalizar la inmersión. Es doctrina constituci­onal consolidad­a, mucho antes de la ley Wert, que el castellano y la lengua cooficial son vehiculare­s y deben estar presentes sin discrimina­ción ni desequilib­rio.

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