Profesor, miembro del PLIS

Entrevista Julián Ruiz Bravo El profesor que ha puesto en jaque al Gobierno balear y batalla contra la inmersión lamenta que el Ministerio se haya convertido en un aliado

Cuando en 2014 Baleares estaba inmersa en una homogénea marea verde al grito de una escuela pública y en catalán, Julián Ruiz-Bravo (Burgos, 1956) tiñó el movimiento con un color discordante a favor del trilingüismo y de la enseñanza también en castellano. Montó una asociación de profesores para destapar las vergüenzas de la educación pública del archipiélago. Licenciado en Filología Hispánica y profesor de secundaria del instituto Ramon Llull de Palma, el secretario de PLIS hace un repaso de la situación educativa de las islas y apunta a los políticos como responsables de la deriva catalanista en la escuela.

—PLIS y sus fundadores fueron los primeros profesores que plantaron cara al adoctrinamiento en las escuelas. ¿Qué le llevó a ponerse en primera línea?

—Nos dimos cuenta de que en Baleares sólo se oía a los profesores que querían una escuela ideologizada en los valores del nacionalismo y del dogmatismo, porque eso fue aquella marea verde. Por eso dimos un paso adelante para hacer comprender a la opinión pública que la escuela no debe ser un campo de batalla ideológico sino un templo del saber. —¿Cómo sobrevive el docente no nacionalista en los colegios de Baleares?

— El profesor no nacionalista vive como oveja detrás de la mata. Los profesores somos, en general, muy ovejunos: o vamos en rebaño detrás de un pastor, que suele ser lobo disfrazado y que corea unas cuantas consignas, como fue el caso de la marea verde, o somos ovejas atemorizadas escondidas detrás de una mata por si viene el lobo. En los dos casos, el profesor no se caracteriza por su independencia intelectual ni por su valentía. Los profesores que fundamos PLIS quisimos dejar de ser ovejas de detrás de la mata, y salimos al campo a enfrentarnos al lobo. —PLIS ha analizado los proyectos lingüísticos de 291 colegios y ha probado que hay inmersión lingüística en el 90% de ellos, ¿qué opina cuando escucha a Celaá decir que en Baleares se puede estudiar en español?

—Casi ningún centro escolar de Baleares cumple con el ordenamiento jurídico, que obliga a que al menos el 25% de las horas lectivas, y con al menos una materia troncal, se imparta en castellano. Por eso, cuando oímos a la ministra Celaá decir que en Baleares se puede estudiar en español, pensamos qué mentirosa es esta señora y qué cerca está, si no lo está, de la prevaricación.

—Ahora PLIS y Sociedad Civil Balear han puesto en jaque al Govern enviando 291 requerimientos a los centros educativos para que incluyan el 25% de castellano en sus proyectos lingüísticos. ¿Han obtenido respuesta?

—Parece ser que aún la consejería, ¡oh, sorpresa!, qué diligencia, no ha distribuido estos requerimientos a los directores, lo que leses puede causar a éstos un serio perjuicio. rjuicio. — Usted asegura que e hay adoctrinamiento o en las aulas de Balea- res, ¿cuáles son sus s pruebas? —La primera prueba son n los libros de texto de Bachillerato de la asignatura de Lengua Catalana y Literatura: son ideología nacionalista pura. Dicen que el castellano es idioma opresor, que no hay bilingüismo, que cuando hay dos lenguas una es agresora y otra la agredida... un disparate detrás de otro. Además, hay decenas de pruebas de actos reivindicativos políticos en centros escolares de Baleares. —¿La inspección educativa está haciendo su trabajo o desoye a propósito las denuncias de adoctrinamiento o por el castellano?

—La inspección ayuda y garantiza el adoctrina

Mentiras «Cuando Celaá dice que se estudia

en castellano pienso qué cerca está esta señora de prevaricar»

rez-Quiñones, quien incidió en que se debe actuar entre ministerio y autonomías como se hizo en 2005 para llegar a un acuerdo sobre la estrategia nacional de gestión y protección del lobo. Ofrecen «colaboración leal» para la «actualización esa estrategia nacional» que consideran imprescindible antes de dar más pasos que determinen «las medidas» a adoptar, «sea catalogación, no catalogación o cualquier otra». «Pero, desde luego, el consenso vendrá por la vía de suspender el procedimiento de catalogación que entendemos precipitado y que no es correcto desde el punto de vista político, jurídico y técnico», recalcó el consejero de Castilla y León.

A los tribunales

De no atenderse sus pretensiones, en las que cuentan con el apoyo de otras comunidades como País Vasco, Aragón o Madrid, «ejercitaremos todas aquellas acciones» que consideren necesarias «en protección de Castilla y León, de los intereses de nuestros ganaderos y de la población de nuestros pueblos». Suárez Quiñones añadió que están dispuestos a «llegar si es preciso a los tribunales a efectos de salvaguardar algo tan importante para Castilla y León como la ganadería extensiva y población en el territorio rural». Desde las organizaciones agrarias también han alzado la voz en contra de la prohibición de la caza del lobo también al norte del Duero y el ministro de Agricultura, Luis Planas, tampoco ha mostrado su conformidad. Ribera ofreció a los consejeros «trabajar coordinadamente para poner en marcha acciones que contribuyan a reducir los daños en la cabaña ganadera y también a reducir la mortalidad del lobo ibérico y asegurar de ese modo su conservación a largo plazo».