Las pymes reclaman transferencias como en Francia, mientras Economía se instala en ambigüedades como «aliviar la carga financiera»

El Gobierno lleva meses sopesando cómo dar ayudas directas a las empresas. Al menos, desde la segunda ola. Y, mientras, la economía desangrándose sin médico que la atienda. Los ERTE, los ceses de actividad y los créditos avalados por el ICO suponen una tirita en la herida abierta del tejido productivo. El tiempo pasa y hay compañías que ya están en la UCI ante la falta de apoyo público, como denuncian las distintas patronales (ATA, Cepyme, la hostelería...). Ha sido necesaria una tercera ola, la amenaza de recaída en la recesión y la presión de la banca para acelerar los planes de rescate... aunque sin demasiada prisa, con soluciones dispares entre sí y sin el visto bueno de los empresarios afectados.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, los bancos y el Banco de España están sentados en una mesa de diálogo para que las ayudas salgan de los créditos concedidos con garantía pública durante estos últimos diez meses. Pero antes ha de delimitarse quién necesita y quién debe recibir ese apoyo. Las entidades financieras han contratado a la consultora Oliver Wyman para que analice qué empresas son viables y cuáles no, así como sus deudas. Un informe que aún no está listo y que es fundamental, según fuentes financieras, para empezar a poner cifras.

La intención de Economía es que las ayudas las reciban solo quienes pidieron un préstamo ICO porque las soluciones que se han puesto sobre la mesa parten de ese crédito: conversiones en préstamos participativos, refinanciaciones y quitas de deuda. Un extremo, este último, rechazado frontalmente por la banca, como adelantó ABC, para el caso de que el Ejecutivo les imponga asumir pérdidas. El sector financiero está a plena disposición del Gobierno y cada vez presiona con más fuerza para que habilite ayudas públicas. Porque los bancos, por su parte, temen una oleada de quiebras e impagos ya este año, con el consecuente impacto que ello tiene en sus cuentas. La morosidad, de momento, está contenida, pero se da por descontado que podría escalar hasta más allá del 8% a corto y medio plazo.

Así, Calviño, señaló este pasado lunes que confían en tener listas para marzo el diseño de las ayudas públicas y sacarlas adelante ese mismo mes. Una tarea que será contra el reloj ya que a mediados de febrero no está listo ni el citado informe de Oliver Wyman en que se basarán, ni tampoco saben en el Gobierno qué solución o soluciones concretas aplicarán para las pymes en apuros.

Meses exigiendo respaldo

El tejido productivo lleva meses pidiendo apoyo; y especial fuerza ha realizado, por ejemplo, la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, que, en público, ha reclamado en varias ocasiones ese esfuerzo al Gobierno. Porque los parches actuales de los ICO, los ERTE y los ceses de actividad son solo eso, parches, que no reparan el pinchazo del motor económico español, las pymes. Solamente la hostelería, muy vinculada al turismo y de los sectores más dañados por el Covid-19, reclama alrededor de 8.500 millones de euros. Pero las necesidades generales, según las fuentes consultadas, serían mucho mayores.

En este sentido, llama la atención de los empresarios que Calviño se valga de una consultora para cuantificar las ayudas y saber a quién salvar. La banca, por su importancia en esta crisis, está presente en la mesa de diálogo. Y brilla por su ausencia la representación empresarial, tradicionalmente encarnada en este tipo de conversaciones por las patronales CEOE, Cepyme o ATA, según el objetivo de los contactos. No se ha contado, de momento, con las compañías y autónomos para el diseño de las ayudas públicas. Un respaldo que exige el tejido productivo que nada tienen que ver con lo que tiene el Ejecutivo sobre la mesa.

Mientras Economía piensa en préstamos participativos, refinanciacio

Diálogo

El Gobierno trabaja con la banca para

esbozar las ayudas, pero sin los empresarios

chazo que supone para todas las madres trabajadoras.

El ministerio destacó ayer la importancia del respaldo que ha logrado la nueva ayuda por los agentes sociales y aseguró que «ha sido el primer acuerdo en el diálogo social tras la renovación de las recomendaciones del Pacto de Toledo el pasado otoño».

El respaldo del diálogo social es clave para el ministro, que ha vendido mejoras en la ayuda que esconden recortes sin precedentes. El hachazo llega hasta el 73% en pensiones máximas y perjudica a las madres de familias numerosas con más de mil euros de pensión. En general, el castigo es para todas las mujeres trabajadoras con dos o más hijos a partir de jubilaciones de 15.500 euros anuales, como ha venido denunciando ABC.

La cita con los agentes sociales coincidió en el día con las protestas de las familias numerosas ante el Congreso contra los recortes y para recoger firmas con las que revertir el hachazo al bolsillo de las trabajadoras. Antes de la concentración, la Federación Española de Familias Numerosas denunció ante la Comisión Europea el extra en las pensiones por el daño económico que supone para las madres, pero también por estimar que también podría discriminar a los padres, al exigirles requisitos para poder acceder al complemento que no se piden en el caso de las madres, lo que consideran que podría atentar contra la directiva europea de igualdad entre hombres y mujeres en Seguridad Social.

Las familias se han reunido con los grupos para pedirles su apoyo, pero hasta ahora solo PP y Vox han dejado claro que votarán en contra del decreto, que supone un vuelco respecto al que estaba en vigor desde 2016, cuando el Gobierno del PP puso en marcha ayudas para las madres con dos o más hijos. Este extra consistía en un 5% más de prestación el caso de dos hijos; del 10% cuando fueran tres hijos y en caso de cuatro o más, del 15%.

Dardo a la contributividad

Atendiendo a las recomendaciones europeas Escrivá ha generalizado una nueva ayuda fija de 378 euros anuales por cada hijo, que recibirán tanto el padre como la madre y que, como la norma anterior, limita a cuatro hijos las ayudas. Esta ayuda, que ahora podrán recibir las madres con un hijo, impacta de forma directa contra el principio de contributividad de la Seguridad Social, según el cual recibe más el que más aporta a las arcas públicas.

GUILLERMO NAVARRO