Una finca rústica que sirve para dar empleo a personas en exclusión

Una parroquia rural de La Coruña cede sus terrenos a un proyecto de Cáritas

La finca rústica de la parroquia San Julián de Paulos en la diócesis de Santiago de Compostela figura como uno de los 30.335 bienes inmatriculados por la Iglesia católica entre 1998 y 2015 por certificación eclesiástica. Es decir, que pudo inscribirse el bien mediante certificación del obispo al tenerlo incluido en el inventario del patrimonio de la diócesis y acompañado de un certificado catastral que dice quién es el titular catastral del bien.

Como muchos de los bienes que figuran en el listado que el Gobierno pasó ayer al Congreso de los Diputados, la Iglesia los dedica a fines sociales, caritativos, o educativos. Es el caso de la finca de esta iglesia ubicada a 25 km de Santiago en el Ayuntamiento rural de Ordes. Su párroco Domingo Portella decidió cederla sin recibir ningún beneficio económico a una empresa de inserción sociolaboral de Cáritas. Se trata de un programa hortofrutícola en el que aprenden a trabajar l a tierra exdrogadictos o personas en riesgo de exclusión social.

«La finalidad principal es que las personas en riesgo de exclusión social alcancen la experiencia laboral y técnica en la gestión integral de una finca agrícola profesional», explica a este periódico su responsable, Marcos Besada Álvarez. Este ingeniero agrónomo añade que estos itinerarios de inserción tienen por objetivo que estas personas logren «el acceso al mercado ordinario, o la puesta en marcha de proyectos en régimen de autónomo».

« Aprenden a cultivar la tierra. Tienen un sistema de regadío y varios invernaderos. El objetivo es que además de aprender el oficio puedan vender todo lo que cultivan a pequeñas tiendas, especializadas en productos ecológicos, de barrio y grupos de consumo de la ciudad de La Coruña», explica el párroco. «Es un proyecto en pañales que progresa adecuadamente y ayuda a muchas personas que lo necesitan», añade.

Según explica, Cáritas decidió poner en marcha esta iniciativa después de la buena acogida de su programa de reciclaje de ropa. «Tuvieron un éxito tremendo y han querido hacer lo mismo con el cultivo de la tierra», comenta el padre Portella.

Legados y herencias

En el listado que el Gobierno presentó ayer al Consejo de Ministros, las diócesis del norte de España destacan «por motivos históricos por un número relevante de fincas rústicas, normalmente de reducido tamaño y escaso valor económico, donadas por el pueblo y, cuyo destino está unido a la voluntad del testador», explicaron ayer fuentes eclesiásticas. Es el caso concreto de la diócesis de Burgos o las diócesis gallegas.

En Burgos, por ejemplo, el 70 por ciento de los bienes inscritos son lugares de culto, mientras que el 30 por ciento son fincas rústicas producto de cientos de años de legados y herencias.

MADRID

En martes de Carnaval, ayer volaron las acusaciones cruzadas entre Unidas Podemos y el PSOE sin necesidad de disfraz. Con críticas tan feroces como las vertidas en las horas previas desde el Ministerio de Igualdad, que apuntó directamente a la vicepresidenta primera Carmen Calvo, como la responsable del «bloqueo» en Moncloa a la ‘ ley Trans’, la dirigente socialista se sentó a enmascarar como pudo los roces evidentes que fracturan el pacto de coalición. Tras el Consejo de Ministros y ante el aluvión de preguntas, Calvo apuntó a que al borrador difundido por el gabinete de Irene Montero le falta «calidad normativa y seguridad jurídica», y que se trata de una norma tan importante que «dos o tres leyes así justifican una legislatura».

Calvo pidió más tiempo para la revisión de la norma, aclaró a Igualdad que su posición de freno no obedece a una decisión arbitraria y que hay materias más difíciles que requieren más trabajo. Y no la premeditación que está imprimiendo el departamento de Montero a la norma para presentarla el próximo martes, 23 de febrero, como su gran proyecto estrella antes del 8-M.

Con grandilocuencia, Calvo garantizó que la norma colocará a España en la atalaya de la defensa de los derechos humanos, para lo que tanto UP como PSOE preparan una «constelación» de proyectos: la ley LGTBI, la ley Trans y la ‘ley Zerolo’, contra la discriminación de trato. Pero Igualdad considera que la última «invade sus competencias»; mientras la vicepresidenta urgió a que las leyes deben estar en sintonía y ser pulidas a través de un trabajo conjunto entre los ministerios de Justicia, Educación y Sanidad.

Calvo insistió que el procedimiento con cualquier reforma normativa estriba en que llegue a la mesa de la comisión general de secretarios y subsecretarios de Estado de los jueves «muy madura». Y la ‘ ley Trans’ no lo está. «Cada ley que entra en el tráfico jurídico del país puede afectar a otras», dijo la doctora en Derecho Constitucional, así que hay que esperar y depurar el que es un «compromiso electoral» en toda regla.

«Socialistas desleales»

Por mucho que Calvo se afanase en aplacar la escalada de tensión que ha envuelto a los dos partidos desde que Igualdad filtrase un borrador de la norma sin que hubiese obtenido el visto

Carmen Calvo sorteó ayer una batería de preguntas sobre la ‘ ley Trans’

bueno de la Vicepresidencia del Gobierno, la guerra está abierta en canal. Una muestra más se produjo minutos después de que la ministra de Presidencia diese carpetazo al cisma evidente en el bipartito, cuando del Palacio de la Moncloa el debate bronco se trasladó a la Carrera de San Jerónimo.

El diputado de Unidas Podemos Ismael Cortés tachó de «desleal» al partido con el que los morados forman alianza en el Gobierno por revestir de consenso progresista la ‘ ley Zerolo’ que ha elaborado (y registrado en el Congreso) por sí solo el Grupo Parla

mentario Socialista. Fue una maniobra unilateral tras seis meses de conversaciones para armonizar un texto, reconoció Cortés. Desde el PSOE, tanto la diputada Beatriz M. Carrillo como la vicepresidenta Calvo adujeron que la ‘ley Zerolo’ no es flor de un día, sino que pretende trasladar a nuestro país «directivas europeas que estaban sin trasponer desde el año 2000».

La coalición de gobierno cruje y Cortés hurgó en la herida socialista cuando les acusó de «aprovecharse de un referente en materia de derechos civiles como Pedro Zerolo, al que Podemos también reconoce» , aunque argumentó la abstención de su partido en la toma de consideración de esta ley para no detener el avance en derechos que supone su articulado.

Según la diputada popular Margalida Prohens, la batalla por izar la bandera del feminismo entre los dos partidos se resume en una «lucha de egos» que ha llevado a España a caer diez posiciones en la clasificación mundial de Igualdad (según el último informe de 2019-20 ‘ Women, Peace and Security Index o WPS’) desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.

RAFAEL CARMONA

EP