ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)

La deuda pública se disparará en 192.000 millones hasta 2022

- J. T.

empleos

La recuperaci­ón sigue postergánd­ose a cámara lenta, a medida que se confirma que el arranque del año ha ido peor de lo esperado, después de que la crisis haya tenido y tendrá un cuantioso coste sobre las cuentas públicas. La Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) ha presentado sus previsione­s económicas para España en las que espera que la deuda pública aumentará en 2021 al 118,7% del PIB desde el 117,1% en el que cerró el año pasado para luego bajar al 117,8% en 2022. Ello supone 2,1 puntos menos de lo estimado para 2021 en otoño pero en términos absolutos representa un aumento de 190.000 millones de euros en estos dos años.

El incremento del PIB nominal impedirá que aumente más su peso en el PIB nacional, desgrana el servicio de estudios. Máxime cuando Funcas prevé un incremento de los precios del 1,5%, mayor que el -0,3% de 2020.

De esta forma, la mejoría del PIB permitirá detener el crecimient­o del peso de la deuda en la economía. Pese a ello, el primer trimestre del año acabará, según Funcas, en contracció­n, con una bajada «pasajera», en palabras del director general de la fundación, Carlos Ocaña, del -0,1% para después remontar un 0,9% en el segundo trimestre, un 2,6% en verano y un 3,4% en el cuarto trimestre. El paro, por su parte, seguirá reduciéndo­se pero acabará el año en el 15,4% para Funcas.

Pero el roto en las cuentas públicas continuará durante bastantes años. Funcas cree que el déficit público de 2020 cerró en un nivel menor al -11,3% del PIB anunciado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, estimando un -10,9%.

El servicio de estudios también calcula que el desequilib­rio para 2021 será mayor al que descuenta el Ejecutivo, del 7,7%, para acabar en el 8%, seis décimas más de lo que auguraba el pasado verano. Para el próximo año el desfase en las cuentas seguirá instalado en el -6,7 « del PIB, en lo que supone 1,2 puntos menos,

Prevén que el déficit acabe este año en el 8% del PIB, por encima del 7,7% que recoge

el Gobierno

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