MÁS VACUNAS, MENOS SECTARISMO

La política de vacunación debería ser una política de Estado y del Estado, pero, ante la opinión pública, se asemeja a una competición entre comunidades autónomas

LA vacunación masiva es la condición imprescindible para superar la crisis sanitaria del Covid-19 y comenzar una verdadera recuperación, sin más maquillajes ni anuncios fallidos, de la actividad económica y social. Cualquier debate partidista o decisión política sobre la pandemia que no tenga como objetivo vacunar al mayor número de ciudadanos en el menor tiempo posible no solo es una pérdida de tiempo, sino un riesgo para la salud de millones de personas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido de que la lentitud en las administraciones de las vacunas en Europa es «inaceptable». No es que la voz de la OMS tenga una autoridad incuestionable en estos tiempos, pero es cierto que su juicio sobre Europa –en concreto, Europa continental– constata una realidad a ojos vista. La política de centralizar compras a través de Bruselas era razonable por motivos económicos y logísticos, pero los retrasos de las farmacéuticas en la producción de sus vacunas ha provocado deserciones en esa política común, con países de la Unión Europea que ya están valorando la compra de dosis de la vacuna rusa, Sputnik V. Si realmente abril no es el mes de la distribución masiva de las vacunas ‘occidentales’, los prejuicios sanitarios y geopolíticos frente a la vacuna rusa acabarán frente a las necesidades reales de erradicar un virus que crece en la mayor parte del suelo europeo. El Gobierno español no es responsable de que las farmacéuticas hayan incumplido sus plazos de entrega, pero sí lo es de mantener un discurso incoherente con esta situación de dilaciones en la administración de vacunas. No tiene sentido que Sánchez siga insistiendo en que el 70 por ciento de la población española estará vacunada en verano. Tal compromiso solo puede hacerlo un gobernante que tiene concentrado en sus manos el poder de decisión –y no diecisiete gobiernos autonómicos– y que tiene capacidad para decidir o influir en la producción de las vacunas. Lo primero no lo tiene porque el Gobierno ha renunciado al mando único en esta fase de la pandemia y carece de lo segundo porque, entre otras razones, se ha borrado del concierto internacional, incluido el europeo. Lo que sí podía haber hecho el Gobierno es haber apoyado los proyectos de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dirigidos por científicos jubilados y sin vacunar, apoyados por personal en parte precario y, sobre todo, mal financiados.

La política de vacunación debería ser una política de Estado y del Estado, pero, ante la opinión pública, se asemeja a una competición entre comunidades autónomas y se ha degradado a un arma arrojadiza de la izquierda contra el gobierno de Madrid, en la que no falta ni la ridícula crítica de la subsecretaria de Defensa por el tiempo que tuvo que esperar para ser vacunada en el Wanda Metropolitano. De lo que sí conviene tomar nota es del propósito de Iglesias de cerrar el Hospital Isabel Zendal, santo y seña de la política sanitaria del Gobierno de Madrid y ejemplo de determinación personal de su presidenta en la lucha contra el Covid-19. No parece que Iglesias vaya a tener ocasión de demostrar si su bravuconada va en serio, pero para los votantes de Madrid es toda una declaración de intenciones que el paladín de las causas sociales quiera cerrar el hospital donde se vacunan miles de personas al día y decenas de enfermos de Covid-19 se curan sin pasar por la UCI. Todas las administraciones públicas deben comprometerse en un pacto de lealtad, sin más prejuicios ni sectarismos, para que el mes de abril sea realmente el mes de despegue de la vacunación, contando con todos los recursos a su alcance, como las sanidades militar y privada. Si esto es una guerra contra el virus, no sobra nadie para ganarla.