PSOE y Podemos no renuncian a introducir impuestos verdes tras la ley climática

La norma estrella del Gobierno pasa sin apenas debate por el Congreso

Lejos de la publicidad con la que la Ley de Cambio Climático entró en el Congreso hace diez meses, mañana saldrá de él tras apenas cuatro ponencias a puerta cerrada y una votación en la Comisión de Transición Ecológica. A falta de las modificaciones que aún se pueden introducir el jueves en esta última votación, la norma mantiene su esencia: lograr que las emisiones de dióxido de carbono de España en 2050 sean prácticamente nulas. Pero también ha incorporado algunas novedades antes de ser remitida al Senado, entre ellas una disposición para estudiar nuevos impuestos verdes, otra para reformar el sistema eléctrico y el veto a la minería de uranio.

Tras pasar una coyuntura que obligó al Gobierno a posponer sus planes fiscales, dejando en un cajón el impuesto al diésel o a los plásticos reciclados, el borrador de la futura ley climática al que ha tenido acceso ABC recoge que tras su aprobación «se constituirá un grupo de expertos para evaluar una reforma fiscal que valorará también la fiscalidad verde». PSOE y Podemos no renuncian al alza fiscal aunque, matiza el texto, las modificaciones «irán acompasadas con la situación económica».

No es la única novedad del texto que acabará con la venta de coches contaminantes en 2040 y que prevé recortar en 2030 las emisiones un 23% respecto al año 1990 y ser un país climáticamente neutro en 2050. La norma toca todos los frentes, desde el transporte y la energía a la alimentación y la educación y prevé ser completada con otras leyes aún pendientes sobre residuos, movilidad sostenible y un plan de rehabilitación de viviendas.

Por ejemplo, ahora fija una reforma del sector eléctrico que deberá presentarse en un año. Además, el despliegue de las energías renovables deberá ser «compatible con la conservación del patrimonio natural y la adecuada ordenación territorial», introduce la norma, en parte para atender las reclamaciones de grupos ecologistas, que han alertado de que algunos proyectos afectan a zonas de alto valor ecológico y paisajístico. Las eléctricas deberán «revertir parte de la riqueza que genera en el territorio».

Se mantiene también el veto a la minería de uranio a partir de la entrada en vigor de la ley, cuando no se admitirán más solicitudes de permisos. Y se impulsan nuevas medidas relacionadas con el impacto en la salud (podrá haber criterios específicos para mejorar la calidad del aire alrededor de centros escolares y sanitarios) y las licitaciones para comedores podrán tener en cuenta la cercanía de la producción de los alimentos.

Cuatro sesiones

La norma impulsada por PSOE y Podemos debía lograr el mayor consenso social posible, según la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, pero ha avanzado gracias a Bildu, ERC, PNV y Teruel Existe. Mañana se votará « contra todo pronóstico» y tras apenas «cuatro sesiones de trabajo a puerta cerrada», lamentó ayer la diputada de Más PaísEquo, Inés Sabanés. La votación prevista, la única que será pública, deberá debatir en un día casi 800 enmiendas. Una falta de debate de la que también se quejó ayer el portavoz de Medio Ambiente del Grupo Popular, César Sánchez.

«El PSOE y Podemos se despacharán la Ley de Cambio Climático, la más importante de la legislatura, dando 21 minutos a cada grupo político. Así entienden el diálogo y el acuerdo los delegados de la ministra», lamentaba.

Sin embargo, para las organizacio

Críticas «Despacharán

la ley dando 21 minutos a cada grupo político. Así entienden

el diálogo»

nes ecologistas y algunas formaciones políticas, el principal problema de la ley es su falta de ambición en los objetivos para recortar emisiones. Incluso el presidente de la Comisión para la

Transición Ecológica y diputado de Podemos, Juan López de Uralde, ha asegurado que intentarán, de cara a mañana, lograr introducir una enmienda para revisar los objetivos en 2023.