ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)
El PP de Albacete pide la dimisión de Santiago Cabañero
Se amparan en el código ético del PSOE
El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Albacete, Antonio Martínez, ha pedido la dimisión del presidente de la institución provincial, Santiago Cabañero, a su vez secretario general del PSOE en la provincia, tanto «por la dignidad y credibilidad del cargo que representa con respecto a su situación judicial tras el auto reciente del Juzgado de Instrucción número 3, como por el cumplimiento del código ético del propio Partido Socialista, que así lo exige a sus cargos públicos».
Así lo pidió Antonio Martínez en rueda de prensa, donde estuvo acompañado por la diputada provincial Cesárea Arnedo, quienes recordaron que el auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Albacete ha acordado continuar con la tramitación de las diligencias previas por si fueren constitutivos de presunto delito de prevaricación administrativa, abriendo las puertas a la solicitud de juicio oral por parte del Ministerio Fiscal y del sindicato de trabajadores representado, Contigo Sí, informó el PP.
Antonio Martínez y Cesárea Arnedo han señalado que el Decreto de 20 de noviembre de 2015 de actual presidente de la Diputación, para sustituir al entonces jefe de Servicio del SEPEI fue anulado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Albacete en abril de 2016 por considerar que esta resolución «era arbitraria y dictada a sabiendas de su injusticia y por tanto, constitutiva de un posible delito de prevaricación administrativa, por haber resuelto el nuevo nombramiento sin sujetarse al concursillo previo entre funcionarios exigido en el Acuerdo-Marco de 20212».
Además, apuntan que, tal y como recoge el auto del Juzgado de Instrucción, Santiago Cabañero antes del Decreto de 2015, fue advertido por Intervención de la propia Diputación de Albacete al no constar el preceptivo informe del Servicio de Recursos Humanos y por el propio sindicato de funcionarios mayoritario en ese momento, instándole a seguir los procedimientos legalmente establecidos.