La Guardia Civil registra la sede de Abengoa en Sevilla

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ejecutaba ayer un registro en la sede de Abengoa, en Sevilla, que ha supuesto un nuevo capítulo judicial en la historia de una compañía que atraviesa por un momento muy delicado en el que se juega su supervivencia. Una actuación policial que se enmarca dentro de una investigación que dirige la Audiencia

Nacional, que trata de dilucidar si durante el periodo comprendido entre los años 2014-2016 varias de sus filiales maquillaron las cuentas para dar apariencia de solvencia. El registro fue ordenado por el titular del juzgado central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que investiga dos delitos: uno relativo al mercado y a los consumidores y otro de falsedad de cuentas.

Fuentes consultadas por ABC detallaron que el origen de estas diligencias está en la querella que presentó en 2015 la Plataforma de Perjudicados por Abengoa —representada por el bufete Ius+Aequitas— contra el expresidente de la compañía Felipe Benjumea por falsedad documental y contra Manuel Sánchez Ortega, otrora CEO de la multinacional. La querella fue ampliada en 2020 al socio auditor de Deloitte, Manuel Arranz, por falsedad contable y estafa a los inversores. La ampliación de la demanda se produjo a raíz de que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) impusiera una sanción a Deloitte de 1,48 millones de euros y de 8.700 euros al socio encargado, Manuel Arranz, por haber cometido dos infracciones graves en el «incumplimiento de las normas de auditoría, que pudo tener un impacto en la elaboración del informe de la compañía». A Abengoa se le responsabiliza de un delito por estafa a los inversores de esta empresa cotizada.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno apreció entonces indicios de grave alteración y presunta falsedad de la realidad económica financiera y patrimonial, que se ocultó a las miles de personas que se convirtieron en accionistas al invertir en ella. En cuestión están las cuentas de Abengoa y de su filiales Abengoa Solar y Abengoa Bioenergía ya que, según la Fiscalía, presuntamente ocultaban sustanciales pérdidas de sus activos e incluían en sus contabilidades certificaciones de obras