Debate sobre la nueva Ley de Residuos

Representantes de los diferentes grupos políticos protagonizaron un interesante debate sobre los puntos más conflictivos de la futura ley

materiales que contienen. Si trasladamos esto a valores económicos, al año se pierden 57.000 millones de dólares por no recuperar estos materiales. El desafío y el reto están muy claros».

Cuatro años de récord

Un reto en el que la Fundación Ecolec lleva trabajando más de diecisiete años y que, a día de hoy, la han convertido en el primer y único Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) en superar por cuarto

año la barrera de los 100 millones de aparatos eléctricos y electrónicos gestionados «de forma real, legal y responsable», señaló Aguirre, quien insistió en los datos positivos obtenidos en un año marcado por la pandemia.

Luis Moreno, director general de la Fundación Ecolec, refrendó con datos la situación de los RAAEs en nuestro país. En total, han conseguido gestionar 115.820 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos entre los que destacan las más de 67.000 toneladas de grandes aparatos, las casi 33.000 toneladas de aparatos de intercambio de temperatura como aires acondicionados y frigoríficos, las más de 12.000 de pequeños aparatos o las 2.637 toneladas de monitores y pantallas.

Luis Moreno hizo hincapié en la importancia de que se estén cumpliendo los objetivos de recuperación en el caso de aparatos como frigoríficos o televisores, que resultan muy contaminantes. No en vano, un frigorífico mal reciclado emite a la atmósfera gases de efecto invernadero equivalentes a las emisiones que un coche genera en 15.000 kilómetros y el fósforo que contiene un televisor es capaz de contaminar hasta 80.000 litros de agua.

En cuanto a la situación de las diferentes comunidades autónomas, Luis Moreno puntualizó que la situación es dispar. La media de recogida se sitúa en 8,81 kilos por habitante, aunque a la cabeza se sitúan Castilla-La Mancha, con 12,58 kg/hab, seguidos de Baleares con 12,34 y Aragón con 11,75. Las asignaturas pendientes se sitúan en Melilla (1,64), Ceuta (4,34), seguidas de Navarra, La Rioja y Andalucía. Moreno señaló que muchos de los cambios observados en los datos con respecto a años anteriores han venido provocados por la pandemia que ha cambiado los hábitos de consumo y acelerado el crecimiento de la venta online, «que ha provocado que muchos ciudadanos no supieran qué hacer con los residuos y que han llevado a puntos limpios o dejado en la vía pública para recogida de los servicios municipales y que ha hecho que el producto nos llegue vandalizado o canibalizado». Y en este sentido recordó la obligación que tiene todo vendedor de recoger el producto usado.

A debate

El final del foro lo protagonizó la mesa de debate en torno a la iniminente Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que estuvo bajo la batuta de Santiago Garrido, presidente de la Sección de Medio Ambiente y Energía del Colegio de Abogados de Madrid, y en la que participaron representantes de los diferentes grupos políticos en el Congreso de los Diputados.

Daniel Vicente, diputado del PSOE, insistió en que «no hay marcha atrás, vamos por detrás de lo que marca Europa y necesitamos situarnos en la vanguardia. Para ello, la Ley de Residuos contiene grandes medidas y grandes conceptos y en donde pueden surgir discrepancias, pero todos somos conscientes de que es necesaria y que además de un acuerdo de partidos ha de ser un acuerdo de país». Desde el PP, César Sánchez tildó de «insuficientes» los 500 millones anunciados por el Gobierno para afrontar la polítca en materia de economía circular y precisó que las comunidades autónomas no tendrán infraestructura para ello, que generará incertidumbre, al tiempo que la considera poco ambiciosa.

Luis Gestoso, de Vox, se mostró poco optimista frente a una «ley compleja pensada para no ser cumplida, sin mecanismos para cumplir y sancionar», al tiempo que rechazaba cualquier tipo de nuevo impuesto sobre las empresas. Desde Unidas Podemos, Juan López de Uralde insistió en la necesidad de esta ley «que ha de tener objetivos ambiciosos pero cumplibles para las empresas, la industria y la sociedad». Carmen Martínez, de Ciudadanos, recordó que la ley tiene por delante el trámite parlamentario donde confía en que «todos los grupos puedan sumar y que se escuche a todos los sectores y ciudadanos, porque es una ley importante para todos».