ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)
Ambas regiones ocupan el 25% del territorio del país y tienen más de 150.000 perceptores de las ayudas
Castilla-La Mancha y Aragón ocupan el 25 por ciento del territorio país, siendo regiones muy potentes en cuanto a la PAC, con más de 150.000 perceptores en común y un sector agrario muy relevante en la economía, destacando la ganadería extensiva, con 10.700 ganaderos.
Una situación que ha llevado a que el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Aragón, Joaquín Olona, y el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, suscribieran ayer en Toledo un acuerdo marco entre ambos gobiernos sobre las cuestiones esenciales en la reforma de la PAC 2023-2027.
Un decálogo que contempla, entre otros puntos, la desaparición de los derechos históricos de pago; el alcance de una convergencia total desde el año 2023 y la reducción del número de regiones agronómicas; un techo de ayuda por explotación y una ayuda redistributiva, así como el apoyo contundente a la ganadería extensiva, a la agricultura y ganadería familiar y a los profesionales; y que se garantice un eco-esquema de apoyo a la agricultura ecológica de mantenimiento.
En el encuentro de ayer en Toledo se concretó el compromiso de ambas comunidades de apostar por un modelo de agricultura y ganadería familiar, apoyando a las pequeñas y medianas empresas que se encuentran en el territorio y que son las que generan actividad económica y empleo en los pueblos.
Además, piden dar prioridad a las mujeres con un incremento real del cinco por ciento en pagos directos y que la PAC incluya la condicionalidad social, de forma que solo los agricultores y ganaderos que cumplan la normativa en materia laboral puedan cobrar las ayudas.
En común, también, la convergencia de las ayudas, para que los agricultores cobren lo mismo independientemente de donde se encuentren sus explotaciones, algo que actualmente no sucede, con mermas en Castilla-La Mancha de 40 euros de ayudas con respecto a la media nacional.
Para Martínez Arroyo, hay que «fomentar el trato igualitario, de manera que un agricultor, independientemente de dónde esté su explotación, cobre lo mismo por hectárea». Algo que defienden ambas comunidades, «los dos gobiernos queremos un cambio real en el sector agrario», cambiando «radicalmente» el planteamiento y apoyando el modelo de agricultura familiar y profesionalizada.
Además, en palabras del titular de Agricultura castellanomanchego, hay que orientar los trabajos en las próximas semanas y meses en apoyar al agricultor y ganadero profesional, «implementándose un pago redistributivo, con un pago extra para primeras hectáreas, que se financiaría aplican
Francisco Martínez Arroyo «Los dos gobiernos queremos un cambio en el sector agrario, apoyando la agricultura familiar y profesional»