ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)

Los jueces ven el gesto «insuficien­te» y seguirán «luchando»

Creen que el ataque ya se ha consumado al maniatar al CGPJ: confían en Europa

- NATI VILLANUEVA

El pasado 12 de abril más de 2.500 jueces de tres asociacion­es judiciales –todas menos Jueces para la Democracia– enviaron una carta a la Comisión Europea en la que denunciaba­n el riesgo de violación del Estado de derecho en España. La referencia a la proposició­n de ley que rebaja las mayorías parlamenta­rias en la elección de los vocales de procedenci­a judicial –cuya retirada anunció ayer Campo– es soloo la punta del iceberg de las denunciasa­s que se con-contenían en aquella misi- va. De ahí que, pese al l triunfo que supone la a presión de Bruselas al l Ejecutivo, la Asociación n Profesiona­l de la Magis- tratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria ( AJFV) y Foro Judicial Independie­nte (FJI) no estén todavía satisfecha­s y hayan acogido el anuncio del ministro sin demasiado entusiasmo.

Coinciden en señalar que esta iniciativa congelada era una amenaza latente a la independen­cia judicial, pero consideran suficiente­mente «grave» y «dañina» la situación que ha generado la reforma (ya en vigor) que maniata a su órgano de gobierno: el Consejo General del Poder Judicial. Coinciden en que queda mucho camino por delante y que no se van a rendir hasta lograr la verdadera independen­cia del Poder Judicial.

Desde la mayoritari­a APM, su presidente, Manuel Almenar, ve «positivo que, aunque tarde, hayan reconocido la absoluta improceden­cia de esa reforma, lo que implica que tenemos razón al cuestionar iniciativa­s contrarias al Estado de Derecho » . Pero la retractaci­ón es «insuficien­te», dice, porque ya se ha aprobado la privación de facultades constituci­onales al Consejo en funciones. Y aunque esta reforma en vigor parezca de menor calado «solo es aparenteme­nte» porque «se ha hecho a espaldas y sin intervenci­ón de los actores principale­s (CGPJ y asociacion­es), obviando las reiteradas recomendac­iones de la Comisión Europea, y además condiciona la actuación del órgano de gobierno de los jueces y lo supedita al devenir político, que es lo que la Constituci­ón trata de evitar. Seguiremos luchando hasta conseguir la derogación de esta reforma», señala a ABC.

A juicio de Almenar, lo que demuestran los autores de la ley que limita las funciones del Consejo, entre ellas los nombramien­tos, es que «les resulta ajena, por no decir que desprecian, la situación en la que se encuentran miles de ciudadanos cuyos derechos dependen de la decisión de órganos que se van a quedar en cuadro como consecuenc­ia de la privación de esta competenci­a constituci­onal por un tiempo indefinido». Solo en el Tribunal Supremo hay ahorara mismo diez vacantes en sus distintast­intas salas y nno se pueden cubrir ya hhasta que entre el nuevovo Consejo. Lo mismo susucede en las presidenci­cias de tribunales supperiore­s de justicia y auaudienci­as afectadas ppor esta limitación.

Para Jorge Fernández Vaquero, portavoz nacional de AJFV, «una cosa es que sea una buena noticia que se retire esta amenaza latente –que había posibilida­d de reactivar– y otra es darnos por satisfecho­s porque en realidad estamos donde estábamos » . Recuerda que para los firmantes de la carta a Europa esta reforma era el último paso de «un proceso muy dañino que habrá que revertir», y en el que se enmarca la reforma que afecta al CGPJ. A su juicio, salvo que se cambie el sistema de elección de los vocales jueces para que sean elegidos por sus compañeros, cualquier pacto para renovar el CGPJ «nacerá muerto y supondrá prolongar la agonía otros cuatro años». «Cuando se produzca la renovación nadie va a hacer nada porque cada uno habrá colocado a sus peones y ya no habrá ningún estímulo para nadie», lamenta.

Lo mismo opina Concha Rodríguez, de Foro Judicial Independie­nte, para quien sólo la elección de los vocales togados por sus pares es la solución para que el sistema no esté corrompido. A su juicio, si los vocales fuesen verdaderam­ente independie­ntes, «sus nombramien­tos estarían legitimado­s con uno u otro Gobierno» y no habría ese interés en frenarles.

«LLa retractaci­ón t t ió llega tarde: ya se ha aprobado la privación de facultades

al CGPJ»

«Esta reforma era el último paso de un proceso muy dañino que habrá

que revertir»

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