ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)
La ley Celaá «es una señal de falta de pluralismo y miedo a las libertades»
El informe mundial de Libertad Religiosa denuncia el interés del Gobierno por instaurar un estado laicista
La libertad religiosa comienza a mostrar algunas señales de alarma en España, según el último informe sobre Libertad Religiosa en el Mundo 2021 presentado ayer por la asociación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN, por sus siglas en inglés).
Este estudio –que analiza cada dos años el grado de cumplimiento o respeto de este derecho fundamental en 196 países y en todas las religiones– denuncia que la reforma educativa emprendida por el actual Gobierno de coalición (PSOE-Unidas Podemos) «sin consenso civil, limitando el derecho de elección de los padres, quitando peso a la educación concertada y excluyendo a la asignatura de Religión del currículum académico son señales de falta de pluralismo y miedo a las libertades, impropias en una democracia asentada como la española».
Según recuerda este informe, la ministra de Educación, Isabel Celaá, además «negó públicamente el derecho constitucional de los padres a elegir la enseñanza religiosa de sus hijos, a pesar de estar recogido en el artículo 27 de la Constitución».
Acoso y derribo a la Iglesia
No es el único aspecto que preocupa a esta institución de derecho pontificio. El informe manifiesta además «su preocupación por el interés del Gobierno de cambiar la aconfesionalidad del Estado –que contempla la Constitución– por un estado laicista».
El director de ACN España, Javier Menéndez Ros, aseguró ayer durante la presentación del estudio «que el Gobierno pretende apartar la religión del espacio público». «Eso es lo que se ha visto con la nueva ley educativa que se ha aprobado sin contar con la comunidad educativa y quitando peso a la educación concertada que en su mayoría es católica», afirmó.
El informe señala además que en los últimos dos años se ha producido «una campaña de acoso a la Iglesia católica» por el pago de IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) sobre sus propiedades y por el destino que da a los fondos que recibe a través de la asignación tributaria.
En el primer caso, el partido Unidas Podemos presentó en parlamentos autonómicos y numerosos ayuntamientos proposiciones para obligar a la Iglesia católica al pago del IBI, pese a estar exenta de este impuesto al igual que el resto de ONG, partidos políticos o asociaciones con fines sociales. «Su presión llegó a los ayuntamientos de Cádiz, Zaragoza o Valencia, entre otros, y hasta al Parlamento Europeo sin éxito alguno», comenta ACN en su análisis.
En cuanto a la asignación tributaria, el estudio recuerda que el Tribunal de Cuentas tuvo que rectificar su informe en el que acusaba a la Iglesia de «incumplir la ley» con el destino que daba a esos fondos.