Prisiones pide a sus funcionarios precaución por riesgo yihadista

Les advierte de que tengan «cautela en sus actuaciones» con este tipo de internos

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha incluido por primera vez en un documento dirigido a los directores de los centros penitenciarios una alusión al riesgo yihadista. Lo hace en el ‘Informe Balance en Materia de Seguridad y Tratamiento’ del primer trimestre del año, firmado por el director general de Ejecución Penal y Reinserción Social, Miguel Ángel Vicente Cuenca, fechado el pasado 28 de abril y al que ha tenido acceso ABC.

En el segundo punto del documento se alude a que «en las últimas semanas se han producido actuaciones judiciales en el interior de los centros penitenciarios en relación a población que pudiera ser colaboradora con grupos radicales yihadistas». Añade que «a nadie escapa que supone una exposición pública del personal penitenciario», toda vez que esas operaciones han tenido una importante repercusión mediática.

Pues bien, el informe recuerda que «en España nos encontramos en el nivel 4 –de riesgo alto– en la valoración de la amenaza terrorista y si bien no se tienen datos en la actualidad de que exista una objetivación específica o explícita en nuestro país dirigida al colectivo penitenciario, todo el personal debe ser consciente de la necesidad de mantener la cautela necesaria al respecto en sus actuaciones profesionales y personales relacionadas con este perfil de población reclusa». En otras palabras, y por primera vez de una forma explícita, Prisiones pide a los funcionarios de los centros que to

Registro de una celda durante una reciente operación

men precauciones para minimizar el riesgo de sufrir un ataque yihadista como venganza por el papel clave que han tenido en esos éxitos policiales. Hay que insistir, en cualquier caso, que «no hay amenaza explícita contra este colectivo», según insisten fuentes penitenciarias consultadas por ABC, aunque es necesario hacer este tipo de advertencias para evitar la relajación.

Fuentes de la lucha antiterrorista, tanto de la Policía como de la

Guardia Civil, destacan la cooperación en materia antiterrorista con Instituciones Penitenciarias. Añaden que Daesh ha pedido a todos sus presos que sean agentes radicalizadores para que cuando los captados salgan de los centros penitenciarios se sumen a su lucha.

Así se vio, por ejemplo, en una reciente operación de la Jefatura de In

formación del Instituto Armado. Los tres detenidos, un marroquí y dos argelinos, captaban primero, y adoctrinaban después en el ideario yihadista a presos comunes próximos a salir en libertad. Tras convencerlos, o al menos eso creían porque algunos de los reclutados decidieron colaborar en la investigación, la consigna que les daban es que una vez fuera de la cárcel alguien se pondría en contacto con ellos para transmitirles órdenes. El perfil de reclusos que buscaban estos individuos era gente de su nacionalidad, jóvenes y con condenas cortas o próximas a ser cumplidas.

Instituciones Penitenciarias, como ya informó ABC en su día, puso en marcha un plan de prevención de la radicalización de reclusos, que incluye la creación de una unidad de Inteligencia dependiente de Prisiones, en la que

Inflexión

Es la primera vez que se realiza una advertencia así y se produce tras las operaciones dentro

de las cárceles

se analizan, filtran y elaboran las informaciones que proceden de todos los centros penitenciarios de España. Se trata de una estrategia que pone bajo la lupa las actividades, comunicaciones y comportamientos de aquellos internos que presentan indicadores de riesgo.

Cada centro penitenciario tiene un grupo de personas formadas en la materia que recoge la información que

distintos medios coercitivos (contenciones mecánicas, esposas o defensas de goma)» y que ofrezcan pautas de actuación ante las resistencias activas y ante las reducciones físicas de los reclusos que protagonicen incidentes, con el objetivo de conseguir «una mayor eficacia y menores riesgos tanto para el personal como para la población reclusa».

Medios de protección

También en el informe se pide que se reitere a los funcionarios la necesidad de manejar de forma adecuada las vestimentas y medios de protección y de seguridad, de tener presente siempre los mecanismos y procedimientos de extinción de incendios y de abordar las situaciones de riesgo y los altercados protagonizados por «personas con hándicaps mentales».

Cuando se considere necesario y cuando hayan acontecido incidentes de relevancia, se recomienda hacer un análisis pormenorizado de lo sucedido, «posibilitando la participación de propio personal que haya intervenido en ellos, al objeto de valorar la posibilidad de adopción de medidas que eviten incidentes futuros de carácter similar». El documento aboga además por la « necesaria colaboración que debe ofrecerse desde las subdirecciones de tratamiento a los profesionales del área de vigilancia, que son los que más contacto directo tienen con los presos.

«Nos hablan de prácticas, cuando la formación está prácticamente sus

Vacío

«La administración no reconoce las amenazas verbales y no se recogen en el protocolo de agresiones»

pendida; desde luego, no es continua, y además los cursos se deberían hacer fuera del horario laboral para no quitar funcionarios de los módulos, ya muy escasos, y esas horas se tienen que remunerar», asegura Jorge Vilas.

Además, es ya un clamor entre los trabajadores penitenciarios que aún no se les considere agentes de la autoridad cuando están de servicio, a pesar de que ya hay un acuerdo político para hacerlo. Sin embargo, nunca parece encontrarse el momento para hacerlo, a pesar de ser una medida que no cuesta un solo euro al erario público pero da tranquilidad al funcionario, porque si es agredido el delito que se comete es el de atentado, más penado que la simple agresión.

El informe, además, se refiere a los suicidios y las «situaciones de aislamiento derivadas de los protocolos de Covid-19. Esta circunstancia en ningún caso puede significar un menoscabo en la atención tratamental».

Al respecto, Vilas explica que «cuando hay un brote hay que aislar, y en esas circunstancias, por ejemplo, es imposible controlar a todos, o poner un preso de acompañamiento a alguien, aunque se detecten indicios de que lo necesitan».

ABC