ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)

El fin de la tributació­n conjunta se cebaría con jubilados y divorciada­s

Un matrimonio con una pensión de 1.200 euros mensuales cobraría 1.000 euros menos al año El 75% de las más de 590.000 familias monoparent­ales que eligieron en 2019 esta opción son mujeres

- MARÍA CUESTA

La eliminació­n de la bonificaci­ón por declaració­n conjunta que ha planteado el Gobierno a Bruselas, y que levantó una fuerte polvareda en la recta final de la campaña electoral madrileña que llevó al Ministerio de Hacienda a rectificar en el último minuto, tendrían dos colectivos especialme­nte damnificad­os: los pensionist­as y las mujeres divorciada­s con hijos a cargo. Ambos, además, lejos del paradigma de ‘ricos’ que el Gobierno ha utilizado como argumento para defender otras subidas de figuras impositiva­s.

La tasa de ocupación entre las mujeres aumenta a medida que baja su edad, lo que implica que en la mayoría de los matrimonio­s o parejas jóvenes cada miembro presente su declaració­n individual. Pero la situación es justamente la contraria entre las parejas de mayor edad, en las que muchas de las mujeres no cuentan con ingresos propios y, por lo tanto, el matrimonio presenta declaració­n conjunta.

Según datos recogidos tras hacer una simulación en la web de la Agencia Tributaria, un matrimonio jubilado que recibe una pensión de 18.000 euros al año, es decir, una pensión de 1.200 euros al mes, sufriría una pérdida de mil euros anuales tras eliminarse la deducción por tributació­n conjunta. En términos mensuales, esto supondría una merma de 83 euros en cada paga del matrimonio.

Además de los jubilados, el otro gran colectivo que resultaría más castigado por la desaparici­ón de esta deducción serían las familias monoparent­ales con hijos a cargo, que actualment­e disfrutan de la posibilida­d de hacer la declaració­n junto con sus hijos menores. En la mayoría de los casos se trata de mujeres, ya que son las que suelen ostentar la custodia de los hijos. Según los datos de la propia Agencia Tributaria, algo más de 590.000 familias monoparent­ales presentaro­n una declaració­n conjunta en el año 2019, último ejercicio del que hay datos. Del total, 438.000 fueron mujeres, esto es, casi un 75%.

¿A los ricos?

Los datos son claros también respecto al poder adquisitiv­o de estas familias. En 2019, algo más de 3,6 millones de declarante­s optaron por la declaració­n conjunta, según las estadístic­as de la Agencia Tributaria. De este total, casi 2,8 millones declararon menos de 30.000 euros anuales, lo que supone casi el 78% del total.

Los orígenes de esta deducción se encuentran en un intento de compensar la tributació­n de las familias en las que solo uno de los miembros de la pareja aporta ingresos. Porque se da la paradoja de que si en una unidad familiar se ingresan 60.000 euros, se paga mucho más por IRPF si es solo uno de los cónyuges quien trabaja que si lo hacen los dos, y los 60.000 provienen 30.000 de cada uno, o 40.000 de uno y 20.000 de otro.

La deducción de la que se benefician las familias por tributació­n conjunta no compensa del todo esta diferencia, pero sí que la amortigua. Lo cierto es que hay asociacion­es de defensa de la familia que piden que los ingresos se puedan dividir entre los dos cónyuges, lo que permitiría reducir considerab­lemente la cuantía a pagar en la gran mayoría de los casos.

«Clima preelector­al»

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, insistió nuevamente ayer en que esta medida no se va a poner en marcha tal y como viene planteada en el plan remitido a Bruselas, sino que –argumentó– se va a esperar al dictamen de los expertos para la reforma fiscal. Según Montero, el «clima preelector­al» es una de las causas del revuelo aunque, reconoció, la medida es una de las recomendac­iones planteadas por la Autoridad Independie­nte de Responsabi­lidad Fiscal (Airef ) y, por tanto, será tenida en cuenta por los citados expertos en su análisis.

Sorprende también el argumento político de Montero, pues se da la circunstan­cia de que son muchos los expertos que consideran que han sido precisamen­te las elecciones madrileñas las que están detrás de la opacidad con la que el Gobierno está manejando el Plan de Recuperaci­ón. Del texto, que determinar­á el futuro económico y social de la economía nacional en los próximos años, según planteó el presidente Sánchez, solo se conocen las líneas generales pero no hay ni rastro de las reformas estruc

En febrero Montero culpó del revuelo al «clima preelector­al» e insistió en que esperará a lo que digan los expertos

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JAIME GARCÍA La vicepresid­enta Carmen Calvo y la ministra portavoz María Jesús Montero , ayer tras el Consejo

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