«El Supremo se va a convertir en un juzgado de guardia»

Malestar en el Alto Tribunal por la nueva función que le atribuye el decreto de Calvo

nal frente al internacional se repite un año más, también lo hace el rural, uno de los preferidos de los españoles. Tras el ‘overbooking’ de 2020, cuando la demanda sobrepasó a la oferta de alojamientos, en esta campaña se prevé una ocupación similar. «Este año, teniendo en cuenta la situación actual, las posibles restricciones y el calendario de vacunación también se esperan muy buenas cifras», afirma Salazar desde la plataforma de alojamientos rurales.

Por el momento, la mayoría de peticiones de reserva siguen siendo para alojamientos de alquiler íntegro, con piscina y políticas de cancelación flexibles. Todo parece indicar que el turismo rural continuará siendo «una opción perfecta para seguir viajando y disfrutar de las vacaciones y una buena alternativa al turismo de masas», añade Salazar.

Muchos alojamientos ya han colgado el cartel de completo, y el sector espera que los que continúan cerrados puedan reabrir. Entre las comunidades con más reservas, al igual que en 2020 aparecen Cataluña ( 24,11%) y Andalucía ( 17,95%), aunque Madrid desbanca a Castilla y León como tercer puesto (10,25%).

Por las formas y por el fondo. El malestar de los magistrados de la Sala Tercera (la de lo Contencioso-Administrativo) del Tribunal Supremo era patente ayer, una vez digerida la nueva función que el decreto ley del Gobierno les impone: la de revisar en última instancia las decisiones que sobre restricción de derechos en el marco de la pandemia tomen las comunidades autonómas, algo reservado hasta este momento a las salas de lo ContenciosoAdministrativo de los respectivos tribunales superiores de justicia (TSJ).

Fuentes de la Sala Tercera expresaron a ABC su desacuerdo con que el Gobierno deje la pelota en su tejado y pretenda que sea el Alto Tribunal el que haga el trabajo que correspondería al legislador. No entienden, además, cómo apenas unos meses después de la ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid, el Ejecutivo apruebe este Real Decreto sin haber contemplado esta nueva atribución en la citada ley y sin consultar a quienes tienen que ponerlo en práctica. «Tiempo ha habido de legislar», dicen.

Las fuentes citadas lamentan que la norma del Ejecutivo «convierta al Supremo en un juzgado de guardia», porque lo que va a llegar al Tribunal

Andalucía (en la imagen, Málaga) es el destino preferido para el turismo este 2021 van a ser supuestos de hecho, no de derecho, cuando la finalidad del Supremo es «fijar jurisprudencia, no revisar las decisiones que otros toman y que además están ligadas a evidencias científicas o a estudios epidemiológicos». Se refieren así a que cada caso que aterrice en esta Sala será único, sobre una medida concreta adoptada por una comunidad autónoma cuya situación sanitaria variará respecto a otra. De ahí que auguren una casuística enorme, precisamente en la que se ampara el Ejecutivo para sostener que en esta tesitura el Supremo tiene que unificar doctrina.

Otras fuentes jurídicas consultadas por ABC fuera del Alto Tribunal se muestran más optimistas y aunque reconocen que efectivamente cada medida cuestionada será distinta, sí habrá elementos comunes en los planteamientos de varias comunidades que podrá resolver el Alto Tribunal. Uno de ellos, quizá el más polémico junto con el cierre perimetral, es el toque de queda, una restricción de derechos de tal magnitud que no está claro que pueda acordar una comunidad autónoma sin una norma nacional que la avale.

La reunión del 3 de mayo

Conscientes de estas posibles discrepancias, los presidentes de las salas contencioso-administrativas de los TSJ se reunieron el pasado 3 de mayo para abordar, entre otras cuestiones, las medidas sanitarias limitativas de derechos fundamentales. Según ha podido saber ABC, en aquel encuentro llegaron a la conclusión de que «urge el estudio de una reforma de la legislación sanitaria que despeje las dudas jurídicas que ofrecen las distintas interpretaciones de la normativa». Y entretanto alertaron de la necesidad de unificar eventuales disparidades de criterios en esta materia «posibilitando el acceso a la casación en el Tribunal Supremo», precisamente lo que ha hecho el Ejecutivo.

Ante la inminente entrada en vigor del nuevo decreto (el 9 de mayo), el presidente de la Sala Tercera del TS, César Tolosa, se reunió ayer con los presidentes de Sección de esta misma Sala para prepararse ante la nueva norma. Como primer acuerdo se decidió que la competente para estudiar estos recursos de casación sea la Sección Cuarta de esta Sala la que se ocupa de derechos fundamentales. Además, se acordó pedir un informe al gabinete técnico sobre la aplicación de la norma y establecer un canal de contacto entre el Supremo y los TSJ coordinar los plazos, reducidos a cinco días.

ABC