Huyendo de la extorsión de la mara y a merced del narco

de alegría. Era la primera vez que iba a volar. El trayecto, que hizo con otros inmigrantes aterrados y enmudecidos, fue muy rápido. En seguida las colocaron en un autobús. Tras 20 minutos en la carretera, María Alejandra notó algo que le llamó la atención, una gigantesca bandera, de color rojo, blanco y verde. Dos, de hecho, a ambos lados de un puente, que cruzaron sin que nadie les dijera nada. Enfrente, pudo leer, a la distancia: «Bienvenidos a México, Ciudad Juárez, Chihuaha». Acababan de ser deportadas a una de las ciudades más peligrosas de México, donde miles de mujeres han desaparecido o han sido encontradas muertas desde los 90. Abrazó a su niña, y lloró.

Hoy María Alejandra vive, con otras familias de deportados en caliente por EE.UU., en el gimnasio municipal Kiki Romero, cerca de la frontera, y a mil kilómetros de donde cruzó ilegalmente a EE.UU. Por aquí han pasado 1.400 personas en apenas un mes. Duermen en literas y reciben desayuno, comida y cena. Según cuenta Lorena Montoya, de 45 años, asistente de derechos humanos en el gobierno municipal, estas semanas han sido dramáticas. «Han sido días muy malos porque nos estuvieron deportando a las familias que ni siquiera cruzan por Juárez, nos los de

Una noche, cuando dormía en el suelo de una casa abandonada junto a sus hijos de ocho y cinco años, en medio de su largo periplo a la frontera de EE.UU., Nancy Tatiana González, de 23 años, vio como uno de los polleros a los que había pagado 20.000 quetzales (2.000 euros) para hacer el cruce se llevaba a tres personas del grupo a la fuerza. «Vosotros, conmigo», les dijo. Desaparecieron y nada supieron de esos compañeros de viaje desde entonces.

Nancy Tatiana vivió el resto del viaje aterrada, sin saber si ella, su marido o sus hijos correrían la misma suerte, vendidos al narco o a quien fuera en México. Ella durmió poco hasta que se entregó en la frontera el 15 de abril y fue deportada inmediatamente, sin miramientos.

Esta familia había huido de Guatemala porque la mara les había comenzado a extorsionar. Tenían un

Nancy Tatiana González, de 23 años, y su hija Chetly, de ocho

Lázaro Montenegro, de 47 años, junto a su familia en Ciudad Juárez. portan por aquí porque otros estados no quieren deportaciones de mamás con niños por la violencia, como si aquí estuviéramos de la gloria. Hay estados que se han arreglado con EE.UU. para no recibir familias con menores de 10 puesto de tomate y cebolla en la calle, y les pedían 1.000 quetzales (unos 100 euros) al mes. «Si no pagábamos, que no podíamos hacerlo porque apenas podíamos vivir, nos mataban a los niños», dice mientras abraza a la mayor, Chetly. El pequeño, Edgar, tieaños, por el riesgo de seguridad, secuestros y demás».

Este amplio gimnasio, custodiado por la Policía por si se acercan los polleros para tratar de ofrecer sus servicios de cruce ilegal, está repleto de literas, que se han ido vaciando en días recientes porque muchos guatemaltecos y hondureños han vuelto resignados a sus países. Otros, los menos, han logrado cita en EE.UU. para tramitar el asilo. Hay también familias mexicanas que han tratado de entregarse, huyendo de la extorsión y las amenazas del narco.

A Juan Diego y Lázaro José Montenegro, de 17 y 13 años, el narco quiso reclutarlos en Queréndaro, su pueblo de Michoacán. Su padre, Lázaro, de 47 años, se negó, y comenzaron las amenazas. Les dejaron notas con promesas de muerte. Cortaron la luz de la casa. Unos desconocidos les mostraron armas en plena calle. Al tío de los niños, lo secuestraron. El mensaje quedó claro: los chavales eran del narco, según dice el padre, «para que aprendan a robar, asesinar, secuestrar».

Lázaro, que tiene familia en Chicago, tomó una decisión. En septiembre, él, su mujer, su hermano y sus cuatro hijos pusieron rumbo al norte, 1.700 kilómetros a pie y en autobús. No quisieron jugársela con los polleros. Creían tener razones suficientes para pedir ne asma, y no recibe el tratamiento adecuado. Ella espera poder darles a los dos pequeños una vida mejor en EE.UU.

«Lo peor ha sido las veces que se nos han acercado los polleros para pedirnos dinero para llevar a los niños solos, que dicen que ellos sí se quedan, y que después pueden hacer que nos pasen a nosotros», dice en el albergue de Ciudad Juárez en el que duerme la familia a la espera de noticias sobre su petición de asilo desde el otro lado de la frontera. asilo. El 7 de abril cruzaron todos juntos el puente que une Ciudad Juárez con El Paso (Texas). Allí pidieron asilo. Tomaron sus datos y los expulsaron, sin darles acuse de recibo. Así lo ha estado haciendo el Gobierno de EE.UU. desde la pandemia: al programa iniciado por Donald Trump para que los peticionarios de asilo esperen una decisión en México se ha unido el decreto que cierra a cal y canto la frontera por la pandemia de coronavirus. Todos mantenidos por Joe Biden.

Desde entonces, la familia Montenegro espera en el limbo de este albergue. Al padre le llegan tentaciones de todos los lados. «Nos rondan los polleros. Nos dicen que nos pasan por 800 dólares. O que mandemos a los niños solos, que no los devuelven. Pero queremos entrar juntos. Tenemos pruebas de que nuestra vida corre peligro en México», dice, sentado en un banco junto a su mujer, Marilú, de 43 años.

Lázaro y su familia esperarán en este albergue mientras esté abierto y hasta que EE.UU. les dé cita. Allá tienen su teléfono y los detalles de su caso. Y no contempla volver a Michoacán. Es más, no puede. «Hasta nuestra casa se ha quedado el cártel. Nos llaman los vecinos y nos cuentan que allí se han instalado, que van de noche y encienden las luces», dice. «Yo sé que el futuro de mis hijos está allá», y señala hacia el norte. Los niños, a su lado, asienten, aunque no tengan certezas de lo que les depara el futuro.

Capital del feminicidio Muchas madres con niños son deportadas a Juárez, una de las ciudades más peligrosas para mujeres

D. A.

D. ALANDETE