ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)
Escrivá pretende que los autónomos coticen entre 90 y 1.220 euros al mes
La nueva fórmula acaba con la elección voluntaria de base de cotización y enfurece al colectivo El ministro pone en peligro el pacto en pensiones con un ‘ borrador de acuerdo’ que no ha sido negociado
El acuerdo «inminente» que anunció el martes el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en torno a la primera parte de la reforma de las pensiones comenzó a complicarse tan solo unos pocos minutos después de sus palabras. Los agentes sociales recibieron un ‘ borrador de acuerdo’ con medidas ‘sorpresa’ que han supuesto un retroceso en las negociaciones para reformar las pensiones, además de enfurecer a las organizaciones de autónomos, que no recibieron el texto y no han sido consultadas, pese al compromiso del Gobierno de hacerlo.
En su ‘ borrador de acuerdo’ el ministro de Seguridad Social plantea que la cuota de los trabajadores autónomos oscile entre 90 y 1.220 euros mensuales una vez finalizado un periodo transitorio de nueve años. En 2023 se establecería una cotización intermedia por tramos que irá creciendo en función de los ingresos. Según las tablas propuestas, los autónomos con rendimientos de 3.000 euros o menos tendrán una cuota de 200 euros al mes en 2023, que irá ascendiendo hasta 245 euros para los que tengan unos ingresos de entre 9.000 y 12.600 euros. Para tramos superiores, la cuota asciende a 260 euros mensuales (hasta 17.000 euros de ingresos anuales), hasta 380 euros (para ingresos de 47.000 a 48.841 euros) y 400 euros para ingresos superiores. La nueva cotización, que acabaría con la libre elección de la base de cotización, da opción a que el trabajador pueda modificar su tramo «seis veces a lo largo del año».
«En ATA no hemos recibido ninguna propuesta en la que se incluya el diseño del nuevo sistema de cotización», denunció ayer el presidente de la organización, Lorenzo Amor, idéntica crítica a la que hizo el presidente de UPTA, Eduardo Abad. Amor calificó el plan del ministro de «desleal» y «mal diseñado» y auguró que «acabará en una trituradora». Explicó que no es
De 12.600 a 17.000
De 17.000 a 22.000
De 22.000 a 27.000
De 27.000 a 32.000
De 32.000 a 37.000
De 37.000 a 42.000
De 42.000 a 47.000
De 47.000 a 48.841
ni comulgan con la jubilación forzosa en los convenios, ni con castigar las prejubilaciones. El ministerio había convocado una reunión para el lunes próximo en la que se esperaba hubiera ‘fumata blanca’ y, sin embargo, finalmente fue cancelada ante las quejas empresariales, según las fuentes consultadas por ABC.
Jubilación forzosa a los 68
El ministro ya ha puesto sobre la mesa de negociación varios documentos para reformar las pensiones y lo cierto es que el nuevo texto lima su propuesta para la jubilación forzosa a los 68 años, pero tampoco ha logrado contentar a CEOE, en contra de está penalización. El ‘borrador de acuerdo’ mantiene que la negociación colectiva no podrá obligar al trabajador a jubilarse con menos de 68 años, pero da marcha atrás y elimina el requisito de fijar un régimen transitorio para las cláusulas que han sido pactadas antes de que entre en vigor la reforma de pensiones. Ahora, el ministro deja claro que estas cláusulas podrán ser aplicadas mientras esté vigente el convenio. La idea inicial era prohibir, sin acotación alguna, la jubilación forzosa para los trabajadores que cumplan la edad legal si tienen derecho al cien por cien de la pensión, pero el rechazo de la CEOE abrió la puerta a modificaciones.
Las reforma del Gobierno hace del castigo a las prejubilaciones uno de los ejes de su reforma, medida con la que no está tampoco de acuerdo la patronal, teniendo en cuenta que muchos sectores empresariales como la banca o el sector del automóvil se ven obligados a recurrir a esta fórmula de extinción para hacer frente a periodos de ajuste. Estas penalizaciones tampoco son del agrado de los sindicatos, que están siendo beligerantes con el castigo al retiro anticipado. Todo este cúmulo de críticas hace pensar que el pacto está más lejos de lo que prevé el Gobierno en una reforma exigida por Bruselas que es clave para recibir los fondos europeos.